En una decisión calificada de «inédita e histórica», el Superior Tribunal de Justicia del Chubut confirmó una multa de 1.500 pesos para juez penal José Oscar Colabelli, acusado de «falta grave» y «ejercicio abusivo del poder» al «intentar evitar la realización de un aborto no punible».
Los ministros consideraron que la conducta del magistrado constituyó «falta grave en el ejercicio de su función». La decisión es de mayo, aunque recién se conoció públicamente ayer a través de la prensa de Chubut, y habría sido apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El caso es de 2012, cuando el magistrado se opuso al aborto legal de una nena de 12 años, residente en la región cordillerana, quien había sido violada. Su madre denunció el abuso sexual al verificar que el bebé ya tenía 16 semanas de gestación.
Por entonces, la fiscal general María Bottini se hizo cargo al considerar que se trataba de un «aborto no punible» y pidió autorización a Colabelli para extraer y preservar material biológico del cuerpo de la joven para su investigación e identificar al violador a través de su patrón genético.
En concreto, dicha intervención quirúrgica «se haría en el Hospital Zonal de Esquel», según recordó el periodista Rolando Tobarez, quien siguió el hecho en forma pormenorizada.
Fue allí que Colabelli «no sólo no autorizó la extracción de ADN, sino que advirtió que la solicitud ‘significa que implícitamente se pretende que se conceda autorización para la interrupción del embarazo, es decir un aborto». La fiscal insistió, pero sin éxito.
El caso terminó en manos de otros dos jueces, quienes resolvieron no expedirse respecto de la autorización del aborto no punible, simplemente porque «esa operación no necesitaba de su opinión para hacerse», más allá de que habilitaron extraer material biológico de la mujer afectada. Finalmente, el aborto se hizo.
La denuncia original ante el Consejo de la Magistratura fue firmada por Adriana Guerrero, en representación del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer; Karina Andrade, por la Fundación Madre Luna, y Raymunda Medina, en representación de la Casa de la Mujer de Puerto Madryn, quienes pidieron «la destitución de Colabelli por mal desempeño».
Fue ahora que trascendió que el STJ multó al juez del noroeste chubutense con 1.500 pesos, al tiempo que confirmó su «responsabilidad administrativa» y la «deficiente actuación del magistrado» en el proceso.
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