El titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura e integrante del Comité Provincial de Prevención de la Tortura Néstor Sotelo, presentó en la mañana del miércoles en conferencia de prensa, una iniciativa que propone la puesta en marcha de un Programa de Prevención  y Control ciudadano de la Policía de la provincia, a fin de que la ciudadanía y organizaciones civiles evalúen a quienes estén en condiciones de ser promovidos a un cago superior dentro del escalafón policial.

“Hace tiempo vemos una disociación ente la sociedad y los organismos de seguridad y queremos que se de un acercamiento en esta realidad social que vivimos”, expresó el legislador, que estuvo acompañado del titular y otro integrante del Comité Mario Bosch y Juan Carlos Goya.

El legislador, en el inicio de la rueda de prensa realizada en el Salón “Alberto Torresagasti” del bloque justicialista, explicó que esta norma se aplicará para la escala jerárquica del personal superior que comprende a oficiales superiores como comisario general, comisario mayor, comisario inspector, oficiales jefes, comisario principal, comisario, subcomisario, oficiales subalternos, oficial principal, oficial auxiliar, oficial ayudante y oficial subayudante y la prevención apunta a evitar el ascenso de quienes se consideren inhabilitados según el Régimen del Personal Policial.

“Esto surge – subrayó – en la convicción de que el Estado debe darle fuerza y amplia participación al contralor del accionar policial a la ciudadanía, a través de las comisiones de Legislación General, Justicia y Seguridad y de Derechos Humanos de la Legislatura, el Comité de Prevención de la Tortura, las organizaciones sociales del lugar donde dichos oficiales presten sus servicios,  quienes tendrán la facultad de pronunciarse sobre las condiciones profesionales de los mismos”.

Sotelo espera que las fuerzas policiales que tengan la responsabilidad de brindar seguridad y orden público, cuenten con el acompañamiento de las distintas organizaciones civiles del pueblo y puedan evaluar a cada uno de estos oficiales que estén en condiciones de ser ascendidos y merituar el trabajo que realicen en cada uno de sus lugares de trabajo “para comprometernos con el accionar de cada una de las personas y brindar nuestro apoyo a quien haga bien su trabajo”.

Seguidamente mencionó que la autoridad de aplicación que será el Ministerio de Gobierno quien convocará a Audiencia Publica en el lugar donde los oficiales prestan sus servicios, o en el que se determine en forma posterior en base a la convocatoria realizada, en la cual los representantes de la Cámara de Diputados, del Comité de Prevención de la Tortura y representantes legales de las organizaciones civiles, podrán hacer conocer su opinión respecto de la actuación del oficial y sus condiciones profesionales y de servicio fundamentando todas las opiniones vertidas.

“Queremos – indicó – de acuerdo con las leyes vigentes, aportar transparencia al proceso de promoción de los oficiales y que la sociedad los acepte a través de los aportes y el trabajo que realicen y tener participación para enfrentar las duras situaciones que nos impone hoy la realidad a diario, para que los ciudadanos estemos más seguros”.

Juan Carlos Goya, integrante del Comité de Prevención de la Tortura expresó su apoyo a esta iniciativa “nos enorgullece que esta Legislatura es la que más ha trabajado a nivel país en  legislación sobre derechos humanos. En este proceso de ascenso del personal policial el papel que cumple la sociedad es primordial, ya  que se le da un arma a determinadas personas y debe ejercer contralor a fin de que esa arma sea usada en los términos que marca la legislación vigente”.

Finalmente, el titular del Comité provincial Mario Bosch consideró que es de sumo interés que se lleven adelante este tipo de iniciativas “para transparentar y dar participación ciudadana a los procesos de promoción de las fuerzas de seguridad, tal como existe hace algunos años en el Ejército, que requiere el acompañamiento y el dictamen del Senado de la Nación, el que debe ir precedido de los antecedentes de la persona propuesta para el ascenso”.

“El control del proceso del ascenso y promociones de las fuerzas de seguridad ha sido una preocupación constante de las Naciones Unidas y objeto de sanciones a muchos países por su inexistencia, sobre todo cuando se dan caso de oficiales que tiene causas por crímenes de lesa humanidad o tortura que ascienden a espacios jerárquicos con responsabilidad y luego intervienen en hechos que cuestan la vida a personas o en delitos graves”.

“Esta ley – apuntó – sigue las recomendaciones de las Naciones Unidas para que previo a la promoción se estudien los antecedentes y la capacitación de las personas promovidas a altos grados y señalar principalmente que el Comité de Prevención de la Tortura es el órgano encargado de realizar este seguimiento y se vincula con los avances en materia legislativa que hubo con la sanción de la ley de Seguridad Democrática, donde hacemos un fuerte llamado al Poder Ejecutivo a fin de que se implemente de manera integral ya que la mayoría los institutos de control de la policía del Chaco que sustituye al anterior, no ha sido puesto en marcha aún y se vincula íntimamente con el diseño de seguridad democrática de la provincia, al que este proyecto viene a contribuir”, remarcó.

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