La defensa del juez rosarino José Luis Suárez le requirió a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que rechace y archive el pedido de juicio político presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación contra el magistrado, quien el mes pasado ordenó levantar las clausuras de 23 desarmaderos de autos de la zona, de donde se habían secuestrado 20 mil piezas sin rotular, de presumible procedencia ilícita.
Los defensores del juez consideran «temeraria e irresponsable» la denuncia presentada ante la Corte Suprema de la provincia por Mariano Iglesias, titular de la Dirección de Fiscalización de Desarmaderos de Autopartes, quien promovió el pedido de enjuiciamiento contra Suárez. Consideran en principio que Iglesias sustentó su denuncia en información tergiversada y falsa respecto de lo que Suárez decidió en la audiencia al levantar las clausuras. Y fundamentalmente que el planteo del jury conlleva un propósito de amedrentamiento.
Es un mensaje.«Es una enormidad jurídica y política que el gobierno federal denuncie a un magistrado por el solo hecho de que está disconforme con el criterio que este magistrado aplica. Esto es un mensaje para los otros jueces sobre lo que les pasará en caso de que fallen en contra de lo que el poder administrador espera», dijo Gustavo Feldman que junto con Miguel García son los abogados de Suárez.
El motivo de la discusión son los 23 allanamientos que el 20 de agosto pasado concretó la Gendarmería Nacional en negocios de Rosario, Pérez, Piñero, San Lorenzo y Granadero Baigorria. El megaoperativo había sido encabezado en Rosario por el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, que anunció que los procedimientos eran un golpe contra la venta ilegal de autopartes, delito que consideró en estrecha relación con varios homicidios ocurridos en la zona. Lo dijo en una rueda de prensa conjunta en la que estuvieron además el ministro de Seguridad provincial, Raúl Lamberto, y el fiscal jefe de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, Sebastián Narvaja, encargado de la investigación.
El 11 de septiembre pasado, en una audiencia en Tribunales, el juez Suárez les dio la razón a los dueños de los comercios allanados, quienes objetaron a la fiscalía haberse excedido en sus facultades al mantener las clausuras, cuestionando al mismo tiempo que en 20 días no se hubieran formulado imputaciones concretas contra ellos. Suárez revocó cualquier medida cautelar sobre los desarmaderos peticionantes —Grillo, Galizia y Carobeta— medida que hizo extensiva al resto de los comercios allanados.
Eso provocó la apelación de la fiscalía, por un lado, y el pedido de enjuiciamiento, por otro. A este último Iglesias lo sustenta en «ineptitud e ilegalidad» que adjudica al magistrado: le atribuye «ignorancia manifiesta del derecho y carencia de aptitud esencial para el desempeño de la función judicial».
Frente al pedido de jury los abogados del juez cuestionan abiertamente a Iglesias. Dicen que no verificó ni siquiera el contenido de lo resuelto en la audiencia y que por eso se basa en un escenario ficcional. Estos confirman que el juez actuó con estricto criterio jurídico: levantó las clausuras porque habían sido dispuestas en una investigación penal que no tiene imputados y sin que tuvieran relación con la pesquisa. «En Santa Fe los fiscales no tienen facultad para disponer clausuras. La Dirección Nacional de Desarmaderos para la defensa tampoco la tiene. Y además mantener las clausuras en el tiempo una vez que la prueba (las autopartes) estaba cautelada era una arbitrariedad», subrayan los abogados.
Cuestión de esferas.Feldman y García sostienen que si la Dirección Nacional no estaba de acuerdo con lo resuelto debió moverse en su esfera de competencia, que es administrativa, y no pedir el juicio político de Suárez. Y le señalan a Iglesias que su denuncia contiene falsedades dado que el magistrado nunca dispuso la entrega de autopartes o piezas secuestradas a los dueños de desarmaderos allanados, como el funcionario sostiene.
Si el procurador de la Corte Jorge Barraguirre no requiere la apertura del juicio político la Corte Suprema debería, según los defensores, archivar el trámite sin dilaciones. Si Barraguirre pide la apertura del jury la Corte debe expedirse. El órgano que en caso que se admita el juicio revisa la conducta del magistrado es la Corte integrada por los seis miembros titulares, un abogado por la zona norte y otro por la zona sur de la provincia, más dos legisladores provinciales (este año son el diputado Santiago Mascheroni y el senador Armando Traferri). Al pedido de jury los defensores del juez lo consideran «una maniobra de parte de la Dirección de Desarmaderos para ocultar sus propias falencias y su ineptitud jurídica».
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