El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se convirtió en la primera voz del Gobierno en responder las críticas del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que ayer pronunció un discurso muy crítico en el inicio de la VI Conferencia de Jueces.
«¿Por qué teniendo el mayor presupuesto de la historia del Poder Judicial, no existe un correlato en términos de eficiencia y calidad de gestión?«, preguntó el jefe de ministros en su encuentro diario con periodistas en Casa de Gobierno.
El presidente de la máxima autoridad judicial del país había criticado los proyectos del Poder Ejecutivo para «no criminalizar» a los consumidores de drogas. Además había hecho foco en la inseguridad y había cuestionado la política oficial de subsidios. Sin embargo, la réplica del Gobierno no se centró en los planteos sobre políticas públicas realizados desde la Corte y se centraron en los supuestos «privilegios» que tienen los jueces.
De acuerdo a la visión de Capitanich, el discurso de Lorenzetti demostró «una perspectiva más amplia» que la de la cabeza del Poder Judicial de la Argentina y «ha tenido consideraciones de carácter político«. Irónico, el jefe de Gabinete dijo que el ministro de la Corte omitió referirse a algunos aspectos.
Entre los «olvidos» del magistrado, Capitanich aseguró que el Poder Judicial cuenta con el mayor presupuesto desde 1983 y eso no ha garantizado mayor eficiencia y acceso a la Justicia de los ciudadanos. «¿Por qué después de 30 años de democracia los jueces no pagan Impuesto a las Ganancias, constituyendo esto un privilegio abolido en la Asamblea de 1813?«, se preguntó el jefe de Ministros. Y remató: «¿Y por qué los miembros del Poder Judicial gozan con la facultad de no garantizar el acceso a sus declaraciones juradas?«. Algunos de estos puntos habían sido abordados por el Poder Ejecutivo en la reforma judicial que quedó trunca el año pasado debido a pronunciamientos judiciales de la propia Corte Suprema.
Durante su presentación en Mar del Plata, Lorenzetti repasó los principales lineamientos del fallo Arriola, que resguardó la libertad de las personas dentro de su hogar y convocó a trabajar en políticas de Estado para combatir el narcotráfico. Este viernes Capitanich se limitó a resaltar que desde aquel entonces el Gobierno trabaja en la no criminalización del adicto, como había pedido el Máximo Tribunal, con la llegada de Juan Carlos Molina al Sedronar. Molina es el sacerdote que pidió «habilitar el consumo de todo». Ayer la Corte criticó este mensaje.
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