Así lo afirmó en declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM Nacional Rock, luego de que ayer la Presidenta anunciara el envío al Congreso Nacional de un proyecto de reforma del Código de Procedimientos Penales.

“Es un progreso sustantivo, inmenso, y, desde la visión ciudadana,  es un avance y una transformación importante”, aseveró uno de los referentes del colectivo Justicia Legítima, quien entendió que resulta vital esa discusión frente a la “crisis de legitimidad de la actuación del Poder Judicial, fundamentalmente del fuero penal”.

En este sentido, planteó que esa crisis “se traduce en el divorcio que existe entre la ciudadanía y la Justicia, que no es nuevo, pero que es indispensable revertirlo y profundizar el esfuerzo en favor de achicar esa distancia”.

De hecho, remarcó que desde Justicia Legítima habían planteado la necesidad de avanzar con la reforma del Código de Procedimientos Penales y sostuvo que lo anunciado por la presidenta representa “sin dudas un progreso enorme porque consagra algunos principios que son básicos e indispensables”.

En este contexto, mencionó “la aceleración de los juicios” para que sean “más ágiles y transparentes”, y subrayó la importancia de esa modificación por entender que la “eternización de los procesos es un mal argentino”.

“Acá se sabe cuándo entrás en un palacio de Justicia pero no cuando salís”, resumió Slokar, quien afirmó que “el Código vigente en el orden federal es un Código fascista” dado que “se afirma en una matriz que es el Código elaborado en 1939 en Córdoba que, a su vez, recogía el Código vigente del ’30, bajo el régimen de (Benito) Mussolini”.

Además, postuló que hoy “el aparato de Justicia penal es una máquina trituradora de carne joven, pobre”, en el que “la criminalización del miserable es evidente”, e indicó que, “frente a eso, es indispensable consagrar un sistema más eficaz de persecución”.

“Siete de cada diez presos son presos preventivos en Argentina, son presos inocentes, o sea que están penados sin juicio. En tanto, de las condenas que se dictan, dos de cada tres son por juicio abreviado, condenados sin juicio, es decir aquellas que se dictan en función de los papeles que se reúnen en la instrucción. Es  el mayor desapego a lo que es el mandato constitucional”, explicó Slokar.

Con estos argumentos, el magistrado estimó que el debate no ofrecerá resistencia por entender  que “existe madurez suficiente de las fuerzas políticas y, sobre todo, del Poder Judicial sobre que sin una herramienta de esta naturaleza no podemos seguir trabajando”.

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