La jueza Ángela Ledesma participó en la elaboración del Código Procesal Penal de Tucumán (1991), la primera provincia argentina que incorporó el sistema adversarial. Fue corredactora del texto que rige en la Provincia de Buenos Aires y de un proyecto para Santiago del Estero. “Es una gran noticia para todos los que bregamos por un modelo de justicia diferente desde hace tres décadas”, dijo a Infojus Noticias, consultada por la iniciativa del Ejecutivo de reformar el Código Procesal Penal de la Nación.
Ledesma fue una de las impulsoras de la presentación que más de doscientos jueces realizaron ante el Congreso, hace dos años, para exigir la reforma del texto vigente. Integra desde 2003 la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, junto con Alejandro Slokar y Pedro David, a la que llegó por concurso público cuando todavía no era una práctica generalizada. Reconocida procesalista, y con una vasta experiencia judicial y académica, hoy es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela del Servicio de Justicia que pusieron en marcha la Procuración General y el Ministerio Público de la Defensa.
-¿Cómo recibió el anuncio oficial de que se impulsará este nuevo proyecto en el Congreso?
-Lo recibí con gran satisfacción y alegría. Para todos los que bregamos por un modelo de justicia diferente desde hace tres décadas esta es una gran noticia, es lo que veníamos pidiendo. Estoy muy contenta, esperando la letra fina del proyecto, pero sabiendo que se corresponde en términos generales con los lineamientos que sostenemos desde distintos sectores académicos y ONGs. Implica adecuar nuestra normativa procesal a la Constitución Nacional y a las convenciones internacionales, porque muchos de los artículos del código vigente han sido declarados inconstitucionales por la Corte, y en otros tantos se ha tenido que hacer una suerte de acrobacia jurídica para poder cumplir con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
-¿Cuándo surge esta motivación de avanzar hacia un sistema acusatorio o adversarial?
-Surge con el restablecimiento de la democracia en nuestro país y en toda América Latina. En ese momento nació un movimiento de reforma a los modelos de enjuiciamiento en materia penal. Tuvimos la suerte de tener a Julio Maier, autor del Código Procesal Modelo para Iberoamérica y primer impulsor de las reformas en el continente. Participó en muchos proyectos de reforma desde aquel momento, y el debate se logró instalar a nivel nacional, pero avanzó en concreto en todas las provincias con nuevos textos procesales.
-¿Este nuevo proyecto se nutre de la experiencia en las provincias?
Sí, en estos años hemos detectado problemas nuevos que no habíamos contemplado en los primeros proyectos. Fuimos proponiendo soluciones que antes no habíamos considerado. La oralidad en la investigación preparatoria no la habíamos propuesto, y ahora sí está considerada. Se ha concretado en Chubut y Neuquén con códigos muy buenos. Si miramos a lo largo y a lo ancho del país, vemos códigos acusatorios en todos lados. Es una vergüenza que la justicia nacional y federal tenga todavía este Código de 1992, sancionado antes de la reforma constitucional del ’94 y que se contrapone abiertamente con los postulados del bloque de constitucionalidad derivado de los pactos internacionales de derechos humanos. El modelo de enjuiciamiento actual no respeta la Constitución.
-¿Qué significación tiene el anuncio sobre el nuevo texto?
-Implica que se está en condiciones y que existe la disposición para enfrentar un proceso muy complejo como lo es la reforma de la justicia federal y nacional en todo el territorio de la República. Hay que afrontar todo un proceso de implementación. Cuando hicimos la presentación con más de doscientos jueces hace dos años en el Congreso, había varios proyectos importantes, como el de Oscar Albrieu, pero nunca llegaron a prosperar. Lo dicho por la señora presidenta significa que finalmente hay una clara decisión política para afrontar esta empresa, que es muy grande. Es lo que hacía falta, porque tomar semejante decisión tiene muchas dificultades.
-En líneas generales, este proyecto incorpora la oralidad para todo el proceso penal. ¿Para qué sirve esa modificación?
-Es una transformación que va en consonancia con la transparencia que se postula de la mano de una reforma de la justicia. Se requiere de la herramienta de la oralidad para que en el proceso se legitime el rol que cumplimos los jueces. En este momento hay grandes cuestionamientos a la justicia, y tienen que ver con que el procedimiento es extremadamente secreto, arcaico y ritualista. No se conocen las razones ni los por qué de cada movimiento en la etapa de la investigación penal preparatoria (la investigación).
-¿El sistema procesal que se propone va a avanzar en esa transparencia?
-Sí, el nuevo modelo que propuso la señora presidenta va a generar mayor confianza en la justicia, en la labor de los jueces, de los fiscales y los defensores. Es muy importante en lo relativo a la transparencia de un Estado de Derecho y republicano como el nuestro. Porque hace a la participación de la ciudadanía. Este modelo va a posibilitar que con la oralidad haya una toma de conciencia para controlar los actos de gobierno del Poder Judicial. Más allá de la buena voluntad de muchos, hoy no existe transparencia porque hay muchos agujeros negros en la justicia, y por la mora judicial.
-¿Cómo va a repercutir este nuevo Código en la velocidad de los procesos?
-El nuevo paradigma que ha delineado la doctora Fernández de Kirchner nos va a llevar necesariamente a acortar los tiempos del proceso. Y a algo mucho mejor, que es juzgar para tener sentencias y decisiones. Cuando la gente dice “lo quiero ver preso” está diciendo que quiere ver una condena. Y muchas veces la gente está presa pero sin condena, y ese es un problema grave. En el orden federal, hay un 55 por ciento de procesados que están encarcelados en el sistema federal sin sentencia. Y debería ser al revés, ese porcentaje o más deberían tener condena. Hay mucha gente privada de la libertad que muchas veces termina siendo absuelta.
-¿Por qué hay tantos procesos que nunca llegan a juicio?
-Conocemos muy pocas sentencias en relación a determinados delitos, y es por una selectividad judicial oculta que impide que se resuelvan ciertos casos. Y esto se va a evitar con un modelo distinto. No sólo se van a acortar los tiempos sino que se van a lograr más condenas. Y no sólo soluciones condenatorias, también soluciones alternativas, en base a la participación de víctima y victimario para la “autocomposición” de las partes. Se puede lograr otra salida, más institucional, y desterrar ese sistema de selección oculta en el que no sabemos cuáles son los intereses que llevan a un expediente a traspapelarse o a ir debajo de la pila hasta que prescribe.
