Los senadores provinciales se comprometieron ayer ante el titular del Ministerio Público de la Acusación, Julio De Olazábal, a aprobar en «las próximas dos sesiones» ordinarias de la Cámara alta los proyectos de ley que crean el nuevo Organismo de Investigación Judicial (Policía Judicial) y el Programa de Protección de Testigos. Así lo reveló a La Capital el vicegobernador y titular del Senado santafesino, Jorge Henn, al término de la reunión que promovió en su despacho para analizar con los legisladores y el funcionario judicial distintas iniciativas de la actual legislación penal «que puedan redundar en acciones concretas para detener los hechos delictivos».
«Es necesario dar una respuesta inmediata y sin excusas. Asumimos ese compromiso y estamos dispuestos a llevarlo adelante. Es por eso que necesitamos gestionar desde los distintos poderes trabajando en una misma dirección: atacar la criminalidad dándole seguridad a todos los santafesinos. No nos sirve trabajar de manera aislada», postuló el vicemandatario luego de dos horas de reunión.
El cónclave, pautado para analizar las iniciativas reclamadas por el órgano judicial, quedó teñida por los hechos de inseguridad que conmocionaron los últimos días a la capital santafesina (los homicidios del año traparon a 117, uno más que en 2007 que fue el peor de los años) y que se transformaron en el eje de la discusión en varios pasajes del encuentro. Aunque en tono cordial, la cita no estuvo exenta de reclamos parlamentarios para que «los fiscales y la policía actúen y ejerzan las acciones que la ley les permite», según planteó un senador oficialista al jefe de los fiscales santafesinos.
Avances.Henn aseguró que «avanzamos en el tratamiento del proyecto que crea el Organismo de Investigación Judicial. Tal como se acordó, el Senado está dispuesto a aprobarlo en un término no mayor de dos sesiones, al igual que la Ley de Protección de Testigos», precisó el vicegobernador que al ser consultado respecto al veto del gobernador Bonfatti a la ley de Policía Judicial aprobada oportunamente por la Legislatura, aseguró que si la norma sale por consenso (volvería con modificaciones del Senado a Diputados para su sanción definitiva) «no será objetada» esta vez por el Ejecutivo.
Sin medias tintas.En esa dirección también se acordó ayer «llevar adelante una mesa de gestión en la que participarán todos los poderes del estado. Allí deberán estar sentados y dar cuenta las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial hablando claro y sin deslindar responsabilidades. Es la única manera que realmente tengamos logros inmediatos», resaltó el vicegobernador.
La intención es avanzar en cuestiones que «puedan agilizar los allanamientos y se de celeridad en las respuestas a las denuncias, como también cubrir los cargos vacantes de fiscales. Pero también hay otros sentidos en los que tenemos que continuar trabajando. No es posible que hoy no se pueda contar con todas las herramientas técnicas a disposición de la investigación del delito por lo que asumimos el compromiso de poder garantizarlas».
A su turno el fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal, reiteró ante los legisladores que el Ministerio de la Acusación dará a conocer sus propias estadísticas criminales «para optimizar la confección de un mapa del delito en todo el territorio provincial, como también asistir a las reuniones de comisión para avanzar en estos y otros proyectos relacionados a la justicia penal».
De la reunión desarollada en Santa Fe participaron además de los mencionados el secretario de Derechos Humanos, Horacio Coutaz; y los senadores Hugo Marcucci (departamento La Capital), Germán Giacomino (Constitución), Lisandro Enrico (General López), Orfilio Marcón (General Obligado), Rodrigo Borla (San Justo), Felipe Michlig (San Cristobal), José Baucero (San Javier), Ricardo kaufmann (Garay), Alcides Calvo (Castellanos), Armando Traferri (San Lorenzo) y Eduardo Rosconi (Caseros).
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