Hace varios años que las cárceles de Mendoza están en la mira de los principales organismos de derechos humanos internacionales. Tanto Amnistía Internacional como la Corte Interamericana de derechos humanos, han monitoreado e intervenido constantemente en las penitenciarías y han intentado revertir las malas condiciones en las que viven los presos mediante documentos e intimaciones para que el Gobierno provincial tome cartas en el asunto.
Hace una semana, Amnistía envió una carta al Gobernador Francisco Pérez, manifestando su preocupación por las denuncias de tortura, malos tratos y hacinamiento en las cárceles de la provincia que se han recibido en los últimos años. En consecuencia, le pidió que cumpla con lo establecido por los tratados internacionales en la materia firmados por la Argentina, que obligan a llevar a cabo investigaciones imparciales e independientes sobre denuncias de tortura y malos tratos y garantizar que los responsables comparezcan ante la Justicia.
Fabricio Imparado, procurador de las personas privadas de la libertad, admitió que “no ha habido una mejora sustancial desde 2005 hasta esta parte, cuando Amnistía mandó un memorándum indicando todas las falencias en las condiciones de las penitenciarías”, y añadió que «las condiciones de las penitenciarías son pésimas».
Asimismo, en julio de 2009, la organización se dirigió nuevamente a las autoridades argentinas de la provincia y de la nación ante nuevas denuncias recibidas sobre las condiciones carcelarias y de seguridad, ya que las condiciones carcelarias no habían mejorado.
Por otro lado, Imparado agregó que tampoco se están realizando trabajos para intentar revertir esta situación en la que viven los internos. “Es por eso que las organizaciones siguen insistiendo con las cartas y documentos, realmente si uno visita las cárceles puede darse cuenta a simple vista que un ser humano no puede estar encerrado en esas condiciones”.
Además dijo que algunos informes internos para realizar mejoras en la infraestructura de los establecimientos no condicen con la realidad y adujo que puede llegar a ser una de las causas de los pocos trabajos que se han hecho.
“Por ejemplo, un documento que estaba dirigido al Ministerio de Infraestructura afirmaba que las condiciones edilicias de todos los establecimientos penales estaban en buenas condiciones”, indicó Imparado, quien agregó que llevó a ese funcionario a una de las cárceles “para que vea realmente cuál es la situación actual”.
Es por este motivo que valoró la opción de que la provincia tenga una Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, presidida por él; aunque, como también establece la carta de Amnistía, “no se cuenta con recursos para cumplir con nuestras obligaciones.
“No tenemos oficina, ni movilidad, ni siquiera un celular. Tenemos el cargo y la comisión pero prácticamente no lo podemos ejercer. Es muy importante que exista gente independiente al gobierno y los partidos políticos para que pueda monitorear, pero no podemos cumplir plenamente con los objetivos del mismo”, añadió el procurador.
Por último, expresó que las denuncias sobre maltratos de los penitenciarios, falta de atención médica, lentitud en la justicia, entre otros; siguen apareciendo. “Lamentablemente, falta mucho por hacer”, finalizó.
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