Por Horacio Cecchi
El Senado bonaerense dio media sanción a un proyecto de ley que propone la creación de fiscalías contra la violencia institucional. Fue presentado por la senadora Mónica Macha, de Nuevo Encuentro, y su aprobación fue unánime. El proyecto crea fiscalías específicas para la investigación de abusos de parte de funcionarios del Estado. El texto fue redactado después de múltiples reuniones con especialistas, organismos de la sociedad y áreas del Estado. Los fiscales específicos dependerán, como el resto, del Ministerio Público, pero estarán dedicados pura y exclusivamente a la investigación de casos de violencia institucional, precisamente el área que coincide con el costado más benévolo de las fiscalías tradicionales. La media sanción unánime del proyecto habla del fracaso de la gestión de justicia, que deja afuera a un universo de víctimas del Estado, no consideradas como tales por estar alojadas en cárceles y comisarías. “Sabemos perfectamente que estos hechos en la mayoría de los casos no se investigan y quedan impunes”, dijo Macha.
“El proyecto que hoy aprobó el Senado es el resultado de un trabajo colectivo y participativo con instituciones y organizaciones de derechos humanos que aportaron su mirada y experiencia –explicó Macha–. Hemos trabajado intensamente con el CELS, con la Comisión Provincial por la Memoria, con abogados especialistas en violencia institucional, con fiscales, con familiares de víctimas, con funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial”.
La senadora por Nuevo Encuentro explicó que “se conocen el hostigamiento, las detenciones ilegales, el maltrato, el gatillo fácil y la tortura en sus múltiples formas, en contextos de encierro y fuera de ellos. Y también sabemos perfectamente que estos hechos en la mayoría de los casos no se investigan y quedan impunes”.
El proyecto crea las Unidades Fiscales de Investigación y Juicio (UFIJ) especializadas en delitos vinculados con la violencia institucional, en todo el territorio provincial. Tendrán como materia la investigación de delitos cometidos por agentes del Estado y delitos vinculados como omisión de denuncia o encubrimiento.
Una vez enterados del delito, el proyecto establece que los fiscales deberán poner en funcionamiento un dispositivo de asistencia para proteger a la víctima. Tendrá entre sus obligaciones ordenar la inmediata intervención de peritos médicos de la Corte provincial y obtener un amplio informe médico. Transmitirá a la dependencia estatal la iniciación de la causa para que se investigue administrativamente y se le informe trimestralmente de los avances del sumario. Crea además un Registro de Actuaciones Judiciales en casos de violencia institucional. La Procuración General deberá remitir semestralmente al Poder Legislativo, al defensor del Pueblo, a la Comisión Provincial de la Memoria y a otros organismos de derechos humanos que se considere un informe con los casos iniciados y sus avances.
Las víctimas de la violencia institucional están más desguarnecidas que cualquier víctima ya que quien debe investigar el hecho es el mismo Estado que lo ejecutó.
