Seis fiscales generales y procuradores de distintas provincias defendieron ayer la necesidad de reformar el Código Procesal Penal de la Nación, que actualmente se debate en el Senado. Durante el plenario de comisiones de la Cámara alta, al que asistió también el ministro de Justicia, Julio Alak, los fiscales consideraron positivo el cambio del sistema inquisitivo al acusatorio, en el cual no es el juez sino el fiscal quien dirige la investigación penal. “Es un salto real a un sistema democrático de justicia, un cambio de sistema muy importante, ágil, dinámico, personal y con la inmediatez que se necesita”, aseguró la procuradora general de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, quien aconsejó algunas modificaciones y pidió compatibilizar la Ley del Ministerio Público con la reforma del Código. “No hay libro cerrado”, aseguró ayer Alak, reafirmando la posibilidad de introducir en el Congreso cambios al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda retomaron ayer el debate iniciado el martes con la presencia de Alak, el secretario de Justicia, Julián Alvarez, y el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena. Allí los funcionarios explicaron los motivos y los objetivos de la iniciativa presentada por el oficialismo y también respondieron las preguntas de la oposición. Ayer fue el turno de representantes de provincias que ya conviven con el sistema acusatorio.
Falbo destacó el “cambio cultural” que implica el nuevo Código, ya que las víctimas tendrán un nuevo rol en el proceso, con más participación y con la posibilidad de acompañar la tarea de los fiscales. Si bien marcó algunas sugerencias como la necesidad de garantizar la “independencia” de los fiscales y la adecuación de la ley que los regula, fue enfática al afirmar que el nuevo Código “hay que votarlo y tenerlo”. La procuradora bonaerense remarcó que incluso en su provincia “todavía hay mucho que mejorar”.
“El sistema acusatorio significa poner a la Justicia al lado de la gente”, aseguró Eduardo Quattropani, fiscal general de San Juan y presidente del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos. Quattropani consideró que los cambios impulsados por el kirchnerismo servirán para “pagar una deuda histórica de la Justicia nacional: estar cerca del ciudadano”. El fiscal sanjuanino afirmó que también servirá como mensaje para las provincias que todavía no adoptaron este régimen. “Si no cambian, van a ser como chicos de 15 años que nunca vieron una computadora”, graficó. Por su parte, el procurador salteño Pablo López Viñals afirmó que los tratados internacionales señalan que los procesos “deben darse en un plazo razonable”. Su par de Neuquén, José Gerez, remarcó el nuevo rol de los fiscales y agregó que “se ha convertido en un actor social que tiene muchísimas más tareas afuera que dentro de la sala de audiencias”. También expusieron representantes de Chubut, Jujuy y Formosa.
El titular de la Comisión de Justicia, Pedro Guastavino, adelantó que la semana próxima se trabajará el martes, miércoles y jueves con este tema y que la siguiente semana también continuará el análisis para lograr la firma del dictamen. La voluntad del kirchnerismo es aprobar en el Senado el nuevo Código el 19 de noviembre para girarlo a la Cámara de Diputados.
“Se están buscando los mayores consensos posibles para que salga por unanimidad”, dijo Guastavino, en sintonía con las palabras de Alak y la Presidenta.
Respecto de la modificación de la Ley de Ministerio Público, requerida por la oposición –en particular el radicalismo–, el legislador recordó que el proyecto incluye la creación de una comisión bicameral para resolver la “adecuación” e “implementación” del nuevo marco legal, que será la que podrá definir los cambios al régimen de la Procuración antes de que entre en vigencia.
Según fuentes del oficialismo, una de las modificaciones que estaría dispuesto a aceptar es la eliminación de la idea de “conmoción social del hecho” como causal del otorgamiento de la prisión preventiva. La Presidenta había afirmado, al anunciar el envío del proyecto al Congreso, que “cuando hay un hecho que produce conmoción social, no sólo importa si la pena es grave, sino también que la sociedad se sienta protegida y segura”.
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