Durante el debate que se realizó esta tarde en el Senado, Borinsky agregó que es «controversial» el articulado referido a la «conmoción social del hecho» delictivo porque «generaría presión en el magistrado». También cuestionó la suspensión del proceso a prueba que finalizaría con la expulsión de los extranjeros al recordar que «la Ley de Migraciones vigente tiene la situación ya regulada».
En coincidencia con Borinsky, la integrante del CELS, Eva Asprella, pidió dejar de lado la figura de «conmoción social del hecho» y la ampliación de las «facultades de los jueces para dictar prisión preventiva».
Por su parte, el especialista en derecho penal y procesal penal Julio Maier afirmó que está de acuerdo con la «organización horizontal de la justicia» ya que «la que hay en la actualidad está verticalizada y eso no responde a un estado democrático». No obstante, Maier lamentó que no se haya comenzado «por modificar el Código Penal» antes que el procesal.
El ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, pidió «tener cuidado» con los juicios abreviados ya que no tienen mucho sentido en algunos casos, aunque elogió la intención de acelerar los tiempos. «Nuestra estructura judicial es burocrática. Ese es el desafío. El proyecto tiene muy claro este objetivo», sostuvo Erbetta y agregó que «para tener éxito con este buen proyecto hay que terminar con el ‘expediente’».
En tanto, el vicepresidente de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, Luis María Cabral, cuestionó «la participación de la víctima» por considerarla «muy amplia» y también la expulsión de extranjeros, basándose en la existencia de la Ley de Migraciones.
Por otro lado, el exdiputado y excamarista, Ricardo Gil Lavedra, señaló que la reforma propuesta para el código es «infinitamente superior al código presente». Sin embargo, consideró «un injerto» la figura de «conmoción social» y pidió que sea «moderada» la «potestad» de la Procuración para «asignar causas».
El vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Gustavo Bruzzone, se mostró contrario a ese posición y sostuvo: «No le podemos tener miedo a las reglas que le permiten al Procurador armar sus equipos». Y agregó que tampoco hay que temer «al poder que se le da a los fiscales siempre que estén trabajando en conjunto con los demás poderes del Estado».
Por otra parte, el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Argentina, Carlos Castex, se manifestó a favor de «pasar a un sistema acusatorio», aunque resaltó que «oralizar las causas en una ciudad como Buenos Aires, por la cantidad de casos, tal vez no se pueda llevar a cabo de manera efectiva».
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