El Código Procesal Penal fue aprobado por el Senado y remitido a la Cámara de Diputados, al obtener 39 votos a favor y 24 en contra.

El proyecto fue apoyado por el Frente para la Victoria, sus aliados, el peronismo pampeano y el Movimiento Popular Neuquino.

La iniciativa contiene varias modificaciones respecto del Código que se utiliza actualmente, entre las que se destacan la suspensión del proceso a prueba y la posible expulsión del país a los extranjeros que hayan sido encontrados cometiendo un delito en flagrancia.

También incluye, tal como lo establece una ley aprobada hace pocos meses por el Senado, el decomiso a favor del Estado Nacional de objetos o ganancias que son fruto o provienen del narcotráfico.

Luego de eliminar la “conmoción social” como un agravante para dictar la prisión preventiva del acusado, los senadores ajustaron las facultades que poseía el Ministerio Público Fiscal para distribuir a los fiscales en las diversas causas.

Tanto el Procurador General de la Nación como el Defensor General de la Nación podrán compensar la distribución de las causas existentes entre las Fiscalías y Defensorías ante cada Cámara “mediante un sorteo que garantice la distribución equitativa”.

La investigación preparatoria del fiscal puede tardar hasta un año y concluye con la acusación del imputado. Todo el proceso, incluido el juicio, no puede durar más de tres años. Además, se crean 17 nuevas fiscalías y 1.713 nuevos cargos en las fiscalías y defensorías de todo el país.

Otra de las potestades de los fiscales es que podrán decidir cuáles delitos investigar. Sin embargo, el nuevo Código los obliga a investigar las causas contra funcionarios cuando se les atribuyera un delito cometido en el ejercicio de su cargo o episodios de violencia doméstica o discriminación.

Como miembro informante del oficialismo, el senador Pedro Guastavino abrió el debate cerca de las 14, rechazando las críticas contra el rápido tratamiento del Código Procesal Penal formuladas por la oposición, al señalar que comenzó a tratarse en septiembre de este año en la comisión de Justicia y Asuntos Penales.

“Este Código tiene que ver con lo que es la justicia federal, con que los delitos en las provincias tengan que ver con delitos federales”, afirmó, y añadió que “será una herramienta central para poder luchar especialmente contra el crimen organizado y delitos complejos como el lavado de dinero o la trata de personas”.

El bonaerense Aníbal Fernández sostuvo que se trata de “la transformación legislativa más avanzada de los últimos 100 años”, y que se “garantiza que el Código Procesal Penal sea el máximo en la participación de los sectores políticos porque está pensado para servir a la sociedad”.

Fernández dijo que la oposición utilizó “argumentos pueriles” para cuestionar la iniciativa, que las principales fuerzas políticas de la oposición “están en el ‘chiquitaje’ de la discusión política” y enfatizó que “este Código está hecho para perdurar en el tiempo”.

El radical Ernesto Sanz cuestionó el artículo 5 del Código, que permite la revisión de sentencias sólo a favor del condenado, al mencionar que “sobre esta materia no se puede legislar” y preguntó “¿por qué sí al condenado y no a la víctima?”.

Sanz aclaró que “una sentencia es nula para todos”. Sin embargo, el peronista salteño Rodolfo Urtubeyrespondió las críticas hechas por el legislador mendocino al recordar que “la revisión de condenas siempre fue un último recurso a favor del condenado y siempre estuvo presente”.

“No tiene que ver con la nulidad de la sentencia y eso cubre todos los resquemores que menciona Sanz. No es contra la cosa juzgada, porque en la nulidad de una sentencia no hubo cosa juzgada”, explicó.

Sobre el artículo vinculado a la expulsión de extranjeros, que fue cuestionado por la oposición, Urtubey dijo que “no podía hablarse de ‘extranjero irregular’ si eso ya está establecido en la Ley de Migraciones”. “Por eso se sacó la palabra ‘irregular’ y se dejó sólo la palabra ‘extranjero’”, indicó.

El peronista disidente Carlos Verna anunció su voto a favor del nuevo Código, porque siendo gobernador de la provincia de La Pampa impulsó una reforma similar. “Este proyecto es perfectible, pero esas cosas que faltan, tal como dijo el oficialismo, se resolverán en leyes por separado. Este sistema acusatorio es mejor que el que regía y como cuando fui gobernador impulsé una reforma similar, voy a votar a favor”, adelantó. De ese modo, se diferenció del resto del peronismo federal, que votó en contra de la norma.

La legisladora de PRO, Gabriela Michetti, dijo que la iniciativa impulsada por el oficialismo “no se sabe cuándo entrará en vigencia, no reforma la Ley de Ministerio Público, no le otorga herramientas a los fiscales y no menciona qué pasa con los condenados y su resocialización”.

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