Con más de cuarenta cambios, incluida la eliminación de la conmoción social como condición para la prisión preventiva y la modificación del artículo sobre los extranjeros que delincan, el Frente para la Victoria (FpV) firmará hoy en el Senado el dictamen del nuevo Código Procesal Penal. El texto quedará así listo para llegar al recinto dentro de una semana y ser convertido en ley en la Cámara de Diputados antes de que termine el año.
En la última jornada de exposiciones, ayer, el oficialismo confirmó además que la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, no participará de la discusión. La oposición, que insiste en que esta reforma dará mucho más poder a la funcionaria, volvió a reclamar su presencia, pero el kirchnerismo fue tajante. «Gils Carbó no va a venir. Es una decisión política», sostuvo el senador Pedro Guastavino, titular de la comisión de Justicia. A su lado, el presidente de Presupuesto, Aníbal Fernández, asintió.
Entre las modificaciones que el FpV introducirá al texto del Ejecutivo se destaca la morigeración de las atribuciones que tendrá la Procuraduría General para reasignar causas, según supo El Cronista de fuentes calificadas. Además de las modificaciones en lo referido a extranjeros y de la eliminación de la cuestionada conmoción social.
Durante las exposiciones de ayer, el jurista Alberto Binder, reconocido por guiar las reformas procesales en varias provincias y países de la región, definió como «un paso enorme» del proyecto la idea de «acabar con la figura del juez de instrucción, que es un personaje con un nivel de concentración de poder inadmisible en el sistema constitucional». Además, subrayó que la introducción de la conmoción social «es odiosa y es inútil» y aconsejó complementar el nuevo Código con otras iniciativas, como el juicio por jurados. «La sociedad necesita esa institución», aseguró.
Con un discurso netamente político, el jefe del gremio de judiciales, Julio Piumato, cargó con dureza contra la reforma. «Por el tratamiento exprés y el contenido, nos da la sensación de que esto es una excusa para conseguir lo que no pudo la mal llamada democratización de la Justicia», señaló. Según el sindicalista, el Gobierno pretende «desembarcar en el Ministerio Público Fiscal como un grupo de tareas, una verdadera Gestapo para perseguir opositores y garantizar la impunidad».
Le respondió la ex diputada nacional Rosario Romero, en cuya provincia, Entre Ríos, fue reformado el Código. «El argumento de la impunidad se desbarata viendo los procesos actuales. El Código actual es el que permite defender mejor el delito de corrupción. Y a los que alimentan la desconfianza hay que decirles que los delitos que se cometan hasta que entre en vigencia el nuevo Código seguirán rigiéndose por el viejo», señaló.
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