«Todos los lugares son lúgubres, inhóspitos, carecían de ventilación, de iluminación y la vida allí es muy difícil», indica el informe elaborado por funcionarios del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, entre ellos, el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, Abel Córdoba, acerca de las condiciones constatadas en los escuadrones de la Gendarmería Nacional N°11, de San Ignacio; N°50, de Posadas; N°10, de El Dorado, y N°13, de Puerto Iguazú, todos de la provincia de Misiones. «La permanencia en aquellos espacios es opresiva e irrespirable», sostuvieron, al tiempo que remarcaron los «grandes índices de hacinamiento, falta de higiene y ventilación» como «algunas de las fallas detectadas que atentan contra el trato digno a los reclusos», muchos de los cuales «llevaban detenidos más de ocho meses».

Las inspecciones a esas dependencias fueron desarrolladas entre el 25 y el 26 de septiembre, dos jornadas que también incluyeron el monitoreo a la Unidad Penitenciaria Federal N° 17 de La Candelaria, la comisaría 8ª de Posadas y el Centro de Detención de Personas policial de Iguazú.

Además del fiscal Córdoba, participaron los jueces Gustavo Hornos y Sergio Paduczak, los cotitulares de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nacion, defensores oficiales Ricardo Ricchiello y Gustavo Vargas; y, por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), los delegados de la zona NEA y de la provincia de Misiones, Oscar Zacoategui y Raul Solmoirago.

Al finalizar la inspección, los funcionarios del Sistema se reunieron con los jueces de la Cámara Federal de Posadas, a quienes pusieron en conocimiento de la situación en su cáracter de máximos responsables de la jurisdicción. Días más tarde, la Defensoría General interpuso un habeas corpus colectivo por la situación de las personas encerradas y los camaristas convocaron a una reunión de trabajo con los principales actores.

Los informes de las inspecciones fueron especialmente críticos con las situaciones constatadas en los escuadrones de la Gendarmería Nacional. «No son lugares adecuados para el alojamiento de los internos: no tienen recreos, [las personas] no realizan tareas laborales, ni educativas, carecen de los elementos mínimos para la habitabilidad por lo que la práctica de alojamiento en dichas dependencias debería ser descartada», concluyeron los representantes del Sistema de Coordinación y Seguimiento de la situación en cárceles.

Los funcionarios indicaron que en esas dependencias «había internos que llevaban detenidos más de ocho meses» y consideraron, como eventual solución, que «podría establecerse un cupo y un alojamiento no mayor de 48 horas», tal como se dispuso en el precedente «Rivera Vaca» respecto de las personas detenidas en el Escuadrón de Tartagal.

La situación edilicia es crítica. «En lo inmediato hay que hacer tareas de reparación de todo tipo. Como pintura, provisión de agua caliente, elementos de higiene general y personal, colchones y alimentación adecuada», evaluaron.

En ese sentido, indicaron que resulta fundamental para las personas encerradas actualmente «el inmediato establecimiento de régimen de recreos con salida al exterior diarios y por varias horas».

«Lo observado en estos establecimientos es sumamente preocupante. Es evidente que las condiciones de encierro resultan indignas, inhumanas e intolerables. Grandes índices de hacinamiento, falta de higiene y ventilación son algunas de las fallas detectadas que atentan contra el trato digno a los reclusos. La permanencia en aquellos espacios es opresiva e irrespirable», describió el informe.

«La situación observada no se corresponde con el mínimo respeto por la dignidad de las personas, siendo las condiciones de encierro un evidente fracaso del sistema utilizado en los escuadrones de la fuerza de seguridad», agregó el organismo integrado por jueces, defensores, fiscales y miembros de la PPN.

Al respecto, se puntualizaron como condiciones que agravan la detención los «colchones deteriorados, instalaciones sanitarias insuficientes y deficientes, partidas presupuestarias notoriamente exiguas que provocan alimentación deficitaria, la falta de luz natural y ventilación en las celdas, falta de resguardo en el lugar de visita donde pueden concurrir niños».

Durante las inspecciones, el gendarme a cargo del Escuadrón 11 de San Ignacio manifestó a los funcionarios que «mantienen permanentemente informados, en especial de la superación de cupo, al juez federal de la jurisdicción, a la Procuración Penitenciaria, al Defensor y al fiscal federal, impulsando constantemente peticiones de traslado o alojamiento que en general son rechazadas desde la Unidad 17 del SPF por falta de cupo, lo que dilata por considerable tiempo el alojamiento y permanencia de detenidos en las condiciones expuestas». En efecto, aportó a la inspección copia de los oficios remitidos desde el escuadrón a esos organismos. Los encargados de los escuadrones 50 de Posadas y 10 de El Dorado también indicaron que mantenían informadas de la situación a las autoridades judiciales y no judiciales, y exhibieron la documentación respectiva.

Escuadrones del encierro

Escuadrón 50 (Posadas): Al momento de la inspección había nueve personas detenidas en un lugar con capacidad real para ocho. El lugar tiene «un techo bajo y la carencia total de iluminación natural por falta de ventanas». Los gendarmes manifestaron que el aire «ingresa a través de una abertura que existe en el cielo raso (bajo con un yeso), que cuenta con un enrejado y, a una distancia de dos metros aproximadamente a contar desde el cielo raso, existe una abertura». Hay solamente un baño que no cuenta con agua caliente, y el lugar carece de sillas y mesas.

Escuadrón 11 (San Ignacio): Los funcionarios encontraron a nueve personas en un lugar que tiene una capacidad real de tres. El baño se encuentra «tras una tela que oficia de cortina, cuenta con una letrina, una ducha y pileta», sin agua caliente. Los reclusos no realizan ninguna actividad y prácticamente no tienen salida de recreo. Cuando salen, lo hacen en un pasillo que «tiene una reja que termina haciendo como una especie de corral, sólo media hora tres veces por semana».

Escuadrón 10 (El Dorado): La inspección halló a diez reclusos en un lugar habilitado para cuatro. «El lugar es de reducidísimas dimensiones» y tiene «un espacio donde se observa un inodoro, un lavatorio y una ducha de agua fría». Los ambientes no cuentan con ventilador, con mesas o sillas y «se observan elementos personales o de consumo -mate y yerba- apoyados en el piso». Los funcionarios del Sistema de Control dejaron asentado: «La totalidad de los detenidos nos informan que no son sacados al patio, jamás salieron de su alojamiento». Había personas que llevaban entre un mes y seis meses encerrados. «No se les brinda ningún elemento de higiene o muda de ropa. Las visitas se realizan a través del enrejado y de modo breve, sin contacto y en absoluta pérdida de intimidad, ya que es frente a la presencia de los demás internos», puntualizó la inspección.

Escuadrón 13 (Puerto Iguazú): Había cinco personas encerradas. Hay espacio para cinco hombres y dos mujeres. Hay cuatro celdas, cada una con una alzada de cemento donde se ubica un colchón, sin otro mobiliario. En cada calabozo se carece de luz eléctrica y la natural llega a través de un pequeño ventiluz en la parte superior que da al exterior. Los reclusos refirieron «no salir de ese ámbito en ningún momento del día, por lo que su alojamiento discurre entre las celdas de pequeñas dimensiones y el sector común intra-rejas».

La Unidad 17 y los centros policiales

En la Unidad 17 de La Candelaria los funcionarios del Sistema de Control recibieron reclamos y denuncias por la falta o el mal estado de la comida, falta de elementos de higiene personal, condiciones generales de alojamiento y el trato brindado por los miembros del SPF. En las conclusiones de las inspecciones, los magistrados concluyeron que estas situaciones son «comunes» a las constatadas en otras unidades penitenciarias federales, al igual que «las conclusiones y recomendaciones efectuadas» cada vez que se realiza una inspección.

En tanto, en la comisaría 8ª de Posadas había seis detenidos a disposición de la justicia federal, la mayoría con menos de dos semanas allí y uno que llevaba once meses. Este último informó a los funcionarios que «no tiene contacto con su asistencia técnica defensiva», salvo el que tuvo con «motivo de la indagatoria» y dijo que creía que contaba «con procesamiento a la fecha».

«Cada calabozo tenía una alzada o elevación de concreto, donde debía ubicarse el colchón. No obstante ello, en cada sector y calabozo se observa, por la cantidad de detenidos, que estaban ocupados por dos o tres internos, por lo que dos de ellos, algunos sin colchón y sólo con una manta o frazada directamente sobre el cemento, duermen en el piso. No se observan mesas ni sillas», indicaron en un informe los funcionarios que participaron de la inspección.

Las visitas a la comisaría 8ª están permitidas sólo los jueves y domingos entre las 14:00 y las 15:00. El jefe de la dependencia informó que «los detenidos [a disposición] de la justicia federal fueron recibidos a requerimiento de la autoridad de prevención AFIP-Aduana, en el marco de un entendimiento que existiría con esta institución a título de relaciones personales, por un reiterado problema de cupo de alojamiento». Asimismo, explicó que «por tratarse de una situación excepcional y carecer el lugar de las condiciones mínimas para un centro de detención prolongado, se enviaban periódicas notas al Juzgado Federal de Posadas, dando cuenta de este cuadro».

Por otro lado, en el Centro de Detención policial de Puerto Iguazú los funcionarios constataron la detención de cinco hombres y cinco mujeres (todas de nacionalidad paraguaya) a disposición de la justicia federal, de un total de 26 encerrados en esa dependencia. El lugar posee tres sectores para el alojamiento de detenidos y todos registran deficiencias edilicias y falta de elementos mínimos: «Se observan colchones tirados en el piso de cada celda o bien, directamente, mantas o frazadas sobre el cemento, con signos de ocupación de cada celda [individual] de dos o incluso tres personas», indica el informe de la inspección.

En este lugar, los funcionarios advirtieron dos casos singulares: el primero, el de una mujer que aguardaba conocer si se encontraba embarazada, a quien le habían practicado estudios sobre los que no fue informada. Y, el segundo, el caso de una adolescente con 17 años recién cumplidos, que se encontraba detenida en un ámbito para adultos. En el informe, se dejó constancia que, ante la gravedad de la situación, el juez Hornos se comunicó con el juez federal de El Dorado para que «cese el alojamiento de una menor de edad en una dependencia policial y junto con mayores de edad». El magistrado misionero, indica el informe, «a través de gestiones consulares acordó la entrega de la niña vía conducto del representante diplomático paraguayo al padre de la menor».