El kirchnerismo ya acordó excluir del nuevo Código Procesal Penal el concepto de “conmoción social” como causal de detención y estudia retocar el artículo que habilita la expulsión sin juicio a extranjeros hallados en un delito infraganti.

Las negociaciones están reducidas a los senadores de la comisión de asuntos penales con el ministro de Justicia, Julio Alak; y el secretario Julián Álvarez.

Mañana a las 15 la comisión volverá a reunirse para escuchar a Alberto Binder, ideólogo del Código procesal de la provincia de Buenos Aires, para recién el miércoles a la mañana darle dictamen y el 19 aprobarlo en el recinto de la Cámara alta.

Fuentes del bloque oficialista confiaron a LPO que tras la visita de los procuradores de todo el país hay coincidencia en eliminar el concepto de conmoción social, que fuera usado por la última dictadura militar y, entienden los senadores, como está redactado podría aplicarse ante acusaciones mediáticas.

Con la posibilidad de expulsar del país a extranjeros no hay certeza de qué hacer, sobre todo por la resistencia generada en el oficialismo de Diputados, donde serían necesarios los votos del PRO y el massismo para sancionar ese artículo.

“Se trata simplemente de darle la opción al extranjero de cumplir una probation o irse del país, que hoy no está contemplada. El problema es que los procesos administrativos traban cualquier deportación y para eso es necesario este cambio. Pero no se entendió así”, admitió ante LPO un senador oficialista.

El proceso administrativo al que se refriere es la ley de migraciones, que ya habilita a echar a extranjeros que delincan, como explicó Aníbal Fernández que hizo cuando era ministro de Justicia.

Para el Cels, el Movimiento Evita, el Frente Grande y otras usinas kirchneristas permitir una deportación sin juicio es darle un poder a la policía para inventar causas penales.

El tercer aspecto de la reforma que el kirchnerismo debate es el poder que tendrá la Procuradora Alejandra Gils Carbó para reasignar causas judiciales.

En la oposición creen que desviará a fiscales afines procesos penales contra funcionarios por corrupción. Alak y Álvarez buscan evitar esa acusación, pero no definieron cómo.

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