Los diputados provinciales del Partido Justicialista rechazaron las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de Ley de Policía Judicial proveniente de la Cámara baja, cambios que recortan la competencia de la fuerza a crearse para investigar a funcionarios públicos. En ese marco, el legislador provincial Eduardo Toniolli, autor de la iniciativa, señaló como “inaceptable” que “los senadores hayan borrado de las competencias del nuevo cuerpo la potestad para investigar, como auxiliares de los fiscales, los delitos cometidos por funcionarios públicos”. Y agregó: “Pretender fundar un organismo, que planificamos con el objetivo de perfeccionar la persecución penal, pero autoexcluyéndose ellos y a sus amigos del Ejecutivo de su alcance, es un despropósito y un mensaje nefasto para el pueblo santafesino”.
Con el apoyo de los diputados Leandro Busatto, Luis Rubeo, Darío Mascioli, Gerardo Rico, Marcela Aeberhard y Avelino Lagos, entre otros, Toniolli criticó “el cambio del inciso C del artículo 5 del proyecto original, que disponía, entre las competencias del nuevo organismo, la de investigar los delitos cometidos por funcionarios públicos de todos los poderes del Estado”. En ese sentido, dijo que “el mismo fue reemplazado por uno que acota las investigaciones a los funcionarios policiales y penitenciarios”.
Percepción popular. Asimismo, Toniolli señaló que “el objetivo primordial de la ley de Policía Judicial tenía que ver con generar una estructura que permitiera alimentar al sistema penal con otros insumos, y no solamente los que aporta la policía tradicional, muy acotada a la flagrancia y a investigaciones poco complejas”, y remató: “Si aprobáramos este cambio introducido por el Senado alimentaríamos la percepción popular, fundada en hechos objetivos, de que la Justicia en general, y la Justicia penal en particular, se asemeja a una red invertida en la que quedan atrapados los peces chicos y pasan los peces grandes”.
Los diputados señalaron además que tanto en el citado proyecto como en el de creación de un Programa de Protección de Testigos (de autoría del diputado Busatto), “el Senado optó por remitir los expedientes encabezados por proyectos de la Cámara alta y no los de la de origen, lo que generó la imposibilidad de reafirmar la redacción original con los 2/3 de los votos. Dicha operación frustró la aprobación de ambos proyectos en el período ordinario de sesiones, siendo en última instancia funcional a la voluntad del Ejecutivo, que no tenía mayor interés en que fueran aprobados con premura”.
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