Difundimos textualmente el comunicado del CPTCh
En la mañana del martes 25 de noviembre de 2014 se llevó a cabo una reunión de Miembros del C.P.T.Ch con el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el Diputado Néstor Sotelo y la Diputada Elba Altamiranda, el Ministro de Gobierno Javier Oteo, el Secretario de Seguridad Marcelo Churin, el Jefe de la Policía, Gustavo Damián Peña y el Subjefe de la Policía Ariel Alejandro Acuña, en la cual los Miembros del C.P.T.Ch hicieron un exhaustivo análisis de la realidad institucional que atraviesa la Provincia.
Se abordaron varios temas, entre ellos la tramitación en curso del traspaso e integración de La Aldea “Tres Horquetas” al Ministerio de Desarrollo Social. Con esta acción, “Tres Horquetas” dejaría de depender del Ministerio de Gobierno, más precisamente de la Secretaría de Seguridad.
De igual modo hicieron una observación puntual en cuanto a los hechos sucedidos durante la violenta represión perpetrada por la Policía de la Provincia en Sáenz Peña el viernes 14 de noviembre de 2014 sobre un grupo de indígenas que se manifestaban realizando un corte parcial sobre la Ruta Nacional 16, Kilómetro 173, cuando reclamaban vivienda, salud y asistencia social, dejando al descubierto la insistente criminalización de la protesta y la pobreza por parte de determinados estratos del actual gobierno.
En la represión se violaron todos los Protocolos de Actuación a los cuales la Provincia suscribe (Protocolos de Naciones Unidas, “Protocolo Garré” – Decreto 989/12) y demás Protocolos que están incorporados a la Ley de Seguridad de la Provincia del Chaco, a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución Nacional.
Se les recordó una vez más a los presentes en la reunión que el Protocolo Garré es claro cuando señala los pasos previos a seguir antes de un desalojo:
– la intervención de las fuerzas policiales debe ser progresiva, comenzando por el diálogo con los organizadores de la protesta
– siempre los poderes ejecutivos deberán designar a un funcionario político responsable de coordinar todas las acciones
– se establecerá claramente la prohibición de portar armas de fuego a todo el personal policial que pudiera tener contacto directo con los manifestantes, quedando prohibido el uso de pistolas lanzagases
– las postas de goma sólo podrán usarse para fines defensivos
– todo el personal policial debe estar identificado y esa identificación debe verse claramente sobre el uniforme
– habrá un funcionario policial a cargo de la operación y otro funcionario a cargo del control
– en las manifestaciones previstas tendrán que establecerse barreras (vallas) para salvar la integridad de los manifestantes y evitar que haya terceras personas perjudicadas
– se prohíbe la utilización de vehículos no identificados
– todos los detenidos deberán ser transportados en patrulleros o vehículos específicos.
Acerca de la represión se aportaron fotos y videos a la denuncia realizada por el C.P.T.Ch en la Delegación de la Policía Federal de Sáenz Peña.
Los Miembros del Comité hicieron hincapié en los altos niveles de violencia institucional que se detectaron en los centros de detención de la Provincia, puntualizando el Complejo de Sáenz Peña, las Comisarías Décima, Séptima y Quinta de Resistencia.
Respecto de las comisarías hicieron observar que en el caso de las detenciones llevadas a cabo, a muchas de ellas no se las registran en los libros de guardia de las mismas.
Asimismo, ante la requisitoria por parte del Comité de Prevención de La Tortura a la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad del registro de municiones que se le entrega al personal policial, se observó que existe un registro de entrega de municiones pero no hay registro de utilización de las mismas.
El C.P.T.Ch también solicitó articular el trabajo en conjunto para establecer el cumplimiento concreto, ateniéndose al principio de la legalidad, del “Protocolo de Registro, Requisa y Recuento de Personas Privadas de Libertad, Visitantes, Personal Penitenciario, Instalaciones y Cosas” y la concientización por parte del Estado de realizar un giro en cuanto a las políticas de derechos humanos, donde se trabaje la reinserción real de los internos a la sociedad, la formación de los futuros cuadros policiales acorde a esas políticas de DDHH, la “desmilitarización” de ciertos estamentos del Estado Provincial y la modificación del Organismo de Control Interno de la Policía del Chaco (O.C.I.).
En cuanto al aspecto judicial, el C.P.T.Ch advirtió que las causas por apremios ilegales por parte de miembros de la policía no avanzan (casos Zacarías y Pinaí) resaltando, a la vez, la labor y rapidez del Fiscal Obregón en el caso Cindrich.
El ánimo por parte del Comité, de trabajar en forma conjunta con el Gobierno y la Comisión de DDHH de la Legislatura, fue unánime para mejorar las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad, fortaleciendo y respetando la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías, además de reforzar la protección de las mismas contra todo tipo de trato o penas prohibidas por nuestra legislación vigente y las normas internacionales por que la ruptura de la legalidad es el comienzo de la tortura.
http://www.chacodiapordia.com/sociedad/noticia/92815/el-comite-contra-la-tortura-alerto-sobre-la-violencia-institucional-en-el-chaco
