Para darle más eficacia a la figura del querellante que aún no es muy utilizada en Misiones, se estudia hacer un convenio entre el Colegio de Abogados de Misiones y el Estado para brindar patrocinio letrado gratuito a las personas de bajos recursos que quieran constituirse como querellantes pero no puedan costear un abogado. Esto porque a pesar de que la nueva figura amplía los derechos, al ser un trámite judicial, tiene que presentarse con un abogado.
En relación a esta figura,“es una reglamentación muy nueva en el ámbito judicial misionero pero a pesar de que sean pocos casos, para la víctima resulta un derecho muy importante”, explicó Martín Ayala al frente del Colegio de Abogados de la provincia. “Es un reconocimiento vital del derecho, más cualitativo que cuantitativo”, agregó. Entre los casos más reconocidos en los que se destaca su uso en la provincia figuran los juicios de la tragedia del Paraná y el caso Wasyluk (ver: Recurrieron a la figura en Oberá).
Esto a raíz de que Misiones era la única provincia que no tenía regulada la figura porque su Constitución no lo permitía. Por ese motivo el año pasado se llevó a cabo un referéndum que permitió la modificación del contenido del artículo 21 de la Constitución misionera. 
La inclusión implicó que tanto la víctima de un hecho penal como sus propios familiares pueden ahora aportar pruebas y testimonios en los procesos judiciales o acercar a diferentes peritos durante los juicios.
Además, pueden apelar la decisión del juez, pedir pena, participar en el debate oral y hasta disentir con el fiscal.
Además, en el período legislativo ordinario del 2013, los diputados provinciales sancionaron, mediante sendas leyes, las reformas a los códigos de Procedimientos Civil, Comercial, de Familia y Violencia; Procedimiento Laboral y Procedimiento Penal.
Así, el Código Procesal Penal en su capítulo III explica ahora que “toda persona física, sus herederos forzosos, representantes legales o mandatarios; o persona jurídica de derecho público o privado, directamente afectada por un delito de acción pública tiene derecho a constituirse en querellante particular y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos”. De esta manera, se entiende que el querellante tiene las facultades y obligaciones correspondientes al Ministerio Fiscal. Es decir, le concede a la víctima los mismos derechos que el fiscal. Puede disentir de lo resuelto e impugnar.
“Es razonable que la víctima no esté de acuerdo con el fiscal, que piense de manera diferente”, detalló Ayala.
Y agregó que “en la medida que sea reconocida la figura y que el Estado avance en un convenio con el Colegio, se puede mejorar y hacer más eficaz su uso”.
En la misma línea opinó Rodrigo Bacigalupi que agregó que “si bien cada vez resuenan más casos donde la justicia avanza a merced del empuje y control de los abogados querellantes, en Misiones hacen falta abogados especialistas en la función de querellante pues es completamente distinta a la del abogado defensor o penalista”. 

Un caso ejemplar
En cuanto al juicio por la tragedia del Paraná, donde Bacigalupi se constituyó como abogado querellante (aunque en el ámbito federal donde se utiliza la figura desde hace tiempo) explicó, que como familiar esa experiencia permitió que “asistiéramos a las testimoniales que se tomaron durante la instrucción penal en la causa de la tragedia y que hiciéramos preguntas a los testigos que junto con las de la fiscalía lograron echar un manto de luz sobre lo verdaderamente ocurrido, lo que ha permitido llegar al procesamiento de los imputados y el actual debate oral y público de la causa”.
Además, coincidió con Ayala que el Estado provincial debe brindar a las familias de bajos recursos el acceso gratuito a un abogado querellante en conjunto con el colegio de abogados.
Esto, según el letrado genera una fuente de trabajo digno para abogados y una mejor calidad de asistencia judicial al ciudadano. 
En eso también coincidió, Romeo Schwengber en su carácter de abogado querellante en representación de la familia Wasyluk.

Diferencias
A modo de aclaración el abogado Isaac Lenguaza, había recordado que de hecho la figura del querellante, como parte del proceso penal federal se aplica desde hace tiempo y la provincia, simplemente adaptó su codificación para modernizar el sistema para reconocer el derecho que tiene la víctima agredida a la tutela del proceso y a su participación como parte.

El convenio
En esta línea, el presidente de los abogados, indicó que para asegurar el patrocinio a quienes lo necesiten en Misiones, sería el Estado el que pagaría los honorarios pre-establecidos.
De manera similar, en Capital Federal se lleva adelante el Programa de Patrocinio de Querellas (Propaque). Este programa funciona activamente en la entidad de abogados desde 2009 y brinda asesoramiento jurídico gratuito a las víctimas de delitos que carezcan de recursos y quieran ser querellantes en un proceso penal, en donde no existe recupero económico posible. 
Según Ayala, en Misiones hay un diálogo con sectores públicos para poder replicarlo en Posadas. Esto es por el justo patrocinio letrado tanto para la víctima como para el acusado y permitiría que mayor cantidad de personas víctimas del delito puedan ser querellantes, recurriendo al patrocinio.
“Hay que tener en cuenta que muchas veces la víctima es víctima de violencia institucional, donde el Estado atiende al que daña y es dañado. Por ese motivo, en casos como delitos altamente ultrajantes, que revistan la pérdida de un ser querido, estafas, represiones sociales o las tragedias como Once y la del Paraná, es más usual que se use la figura al no confiar en la defensa que propone el Estado”, sostuvo. También se presentan para tratar de insistir en la investigación.
En este marco, indicó que en la actualidad hay muchas asociaciones y ONGs que se dedican a brindar este servicio pero se espera que ya en 2015 se pueda implementar algún programa que garantice el patrocinio letrado para darle plena eficacia al querellante. 
De esta manera la figura “sería ampliamente utilizada y la persona de escasos recursos que no pueda costear un abogado no estaría en desventaja, sólo con el fiscal”, finalizó.


Ratificaron la actual conducciónMartín Ayala fue reelecto como presidente del Colegio de Abogados de Misiones. De esta manera, con la participación de letrados de toda la provincia, se impuso en las elecciones de autoridades del cuerpo colegiado, la lista Participación e Independencia. 
Ayala logró su segundo mandato con casi 400 votos a favor. Obtuvo, 538 adhesiones contra 146 de la lista “Abogacía sí, corrupción no”. Ayala estará acompañado por Mariangeles Andrea Wasilczyk (secretaria), Juan Manuel Fouce Álvarez (tesorero) y como vocales, Patricia Raquel Pollina y Sabrina Boher. Como revisores de Cuenta, Marcos Visconti (titular) y Patricia Doedderer (suplente). El Tribunal de Disciplina estará compuesto por Rubén Ordoñez, Hugo Zapana y Verónica Gentiluomo como titulares y, Roberto Dusso, Ricardo León y Juana Melgar como suplentes.
En tanto, la Comisión de Obra Social, la integrarán Miryam Cabrera, Marcelo Rojas, María Susana Azula y Ricardo Babiak. Los comicios se realizaron el último viernes, con normalidad. El reelecto, adelantó que el objetivo de este nuevo periodo, será profundizar el trabajo realizado en los próximos dos años.


Recurrieron a la figura en OberáOberá (corresponsalía). El homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38) constituye un caso emblemático de la brutalidad policial en la provincia de Misiones. El 27 de abril del 2011 fue hallado muerto en una celda de la Seccional Primera de esta localidad.
A consecuencia de ello, trece policías -incluido el médico de la fuerza- fueron procesados por los delitos de “tortura seguida de muerte, omisión de denuncia de torturas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En junio pasado, la familia de Wasyluk se constituyó en querellante particular y se estima que el próximo año la causa se debatirá en juicio oral y público.
Se trata de la primera querella que se formaliza en un expediente penal tras la vigencia de la figura jurídica que consagra el derecho de las víctimas.
“Desde el momento en que el Poder Judicial y el poder represivo del Estado no dan respuestas adecuadas a los problemas de la delincuencia y de la inseguridad que hay, se viene promoviendo que el Estado deje de tener el monopolio de la administración de Justicia y se vaya permitiendo participar a las víctimas”, señaló Romeo Schwengber en su carácter de abogado querellante en representación de la familia Wasyluk.
En diálogo con El Territorio, el ex integrante del Tribunal Penal Uno explicó las diferencias entre la figura más conocida del actor civil, que “sólo tiene un rol protagónico a los fines resarcitorios y no puede pedir pena. En cambio, el querellante puede pedir la sanción penal”.
Hasta la incorporación del querellante el ejercicio de la acción penal estaba reservado exclusivamente al Estado a través del ministerio fiscal.
Se trata de una figura nueva en la provincia y su implementación en el caso Wasyluk marcará un hito en la búsqueda de Justicia, ya que se trata de una causa que involucra a funcionarios públicos implicados en un cruel homicidio. 
“El querellante estaría controlando al ministerio fiscal y la relevancia que toma en este caso en particular está dada en que dificultaría que se concrete esa impresión que tiene la sociedad sobre ciertos favoritismos para hijos del poder o injerencias políticas”, remarcó Schwengber.
En tanto, reconoció que la cuestión económica puede ser un obstáculo y avizoró que “tal vez llegue el momento en que la gente pida un funcionario público para ejercer la acción del querellante, algo así como el defensor oficial para un acusado”. 

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