La persecución del narcotráfico en el Noroeste (NOA) parece una quimera en función del escenario que describió Ricardo Sanjuán, vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, en el acto de presentación de un informe crítico sobre el estado de las fronteras argentinas. “Al no haber políticas de Estado sobre las cuestiones que duelen a la República, como salud, educación y seguridad, el Estado no existe y la política rellena los huecos con muy poco éxito”, manifestó Sanjuán anteLeandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación.
En su discurso, el camarista tucumano destacó que en 2013 los jueces federales del noroeste decidieron trabajar en conjunto para derribar los obstáculos atinentes a la persecución penal del narcotráfico. “La situación determinante fue la serie de acontecimientos acaecidos en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, donde organizaciones delictivas transformaron casi a esa ciudad en una ciudad tomada, con un Juzgado Federal cautivo”, relató. La violencia de Orán derivó en la primera reunión de los jueces federales de la región, en Rosario de la Frontera (Salta).
“Estas acciones se pusieron en marcha inmediatamente, con algunos resultados positivos y otros imposibles de concretar debido a la permeabilidad de nuestras fronteras”, dijo Sanjuán este martes en la Ciudad de Buenos Aires. “Estoy hablando de causas en las que se investigan organizaciones ilícitas de narcotráfico, trata de personas, contrabando y lavado de activos. Las dificultades advertidas llevaron a que en mayo todos los jueces federales del NOA nos constituyésemos en Orán para demostrar nuestra unidad y compromiso”, expresó.
El fruto de estos encuentros fue una mejor coordinación y comunicación entre los tribunales. Otra consecuencia es la solicitud enviada a la Nación para que cree establecimientos carcelarios adecuados y el pedido remitido a las provincias para que adecuen sus políticas de prevención, asistencia y tratamiento de las víctimas del narcotráfico, y construyan establecimientos de tratamiento y recuperación de adictos. Sanjuán dijo que habían requerido a la Nación que proporcione los recursos necesarios para perseguir al crimen organizado y que habilite el acceso a la información que recopilan las fuerzas de seguridad. Los jueces federales solicitaron asimismo personal capacitado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Estas declaraciones causaron un impacto social tremendo y es el motivo por el que hoy la prensa refleja en forma permanente el problema del narcotráfico”, analizó Sanjuán. El juez recordó que el NOA (comprende a Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero) tenía en total nueve juzgados federales. “Se trata de oficinas abarrotadas con competencias múltiples donde falta personal”, se quejó. Y añadió que había varias vacantes judiciales sin cubrir en Libertador General San Martín (Jujuy), Tartagal (Salta), Tucumán (Juzgado Federal N°3) y Santiago del Estero (Juzgado Federal N°2). “Todas estas unidades judiciales están actualmente sin funcionar”, precisó.
A este horizonte sombrío Sanjuán sumó el hecho de que la fuerza creada para el control de las fronteras, la Gendarmería Nacional, estaba prestando funciones en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. “El sistema de ‘radarización’ de las fronteras es obsoleto, y las fuerzas policiales provinciales están sumidas en la corrupción y colapsadas por la ola de delitos y de violencia”, añadió y sentenció: “en otras palabras, no es que el narcotráfico avance, sino que el Estado retrocede”.
http://m.lagaceta.com.ar/nota/619208/politica/policias-provinciales-son-corruptas-dice-sanjuan.html
