NO HAY CONVIVENCIA SIN REFORMA POLICIAL
Un año después de los lamentables hechos que vivimos el 3 y 4 de diciembre pasado, la respuesta del Gobierno de la Provincia de Córdoba es la presentación de un proyecto de Modificación del Código de Faltas. Esta propuesta pretende modificar su nombre por el de “Código de Convivencia Ciudadana”, en el intento de generar un nuevo Código acorde a las garantías y derechos constitucionales que tanto reclaman numerosas organizaciones académicas, políticas y sociales.
Sin embargo, este nuevo cuerpo legal lejos está de sentar las bases para la construcción de una ciudadanía libre y pacífica. Por el contrario, mantiene el mismo paradigma represivo vigente, otorgando incluso nuevas facultadas a la Policía Córdoba. Por otro lado, la propuesta de celebrar un “Día de reencuentro” el 4 de diciembre, pretende clausurar el debate sobre la profunda implicancia social de un modelo de seguridad anclado en el autogobierno policial y en la violencia institucional.
Será la policía cordobesa la que, en la falaz búsqueda de prevenir el delito y llevar “seguridad” a la ciudadanía, continuará utilizando esta herramienta legal como forma de ejercer una política de control, selectiva y arbitraria. Aún quedará a criterio de esta fuerza la interpretación de las intenciones del legislador y luego de varios años sabemos cómo será esa interpretación, en desmedro de los jóvenes de barrio marginales, de naranjitas, de los excluidos, a quienes parece legítimo sacrificar en nombre de una seguridad que nunca llega y que viola constantemente sus derechos y garantías.
Así, la modificación contravencional no resuelve la incostitucionalidad que la caracterizaba. La falta de obligatoriedad de un abogado defensor durante el proceso, la posibilidad de detener casi sin restricciones preventivamente que le acude a la policía, la vaguedad de las viejas faltas (merodeo, escándalo en la vida pública, etc.) y de las nuevas (agravio al personal de los poderes de Estado), la criminalización de la protesta y del trabajo precario (naranjitas), incluso habilita a la detención en comisarías de adolescentes menores de 16 años, todo esto sólo puede tener como objetivo la aplicación de viejas recetas represivas que tienen como consecuencia la exclusión y el aumento de la violencia estatal y ciudadana.
Si bien la propuesta de que sea el Ministerio Público Fiscal el que juzgue las contravenciones -como propone la reforma- y no el Comisario de turno es presentado como un avance por los autores del proyecto, lo cierto es que esta atribución queda trunca, toda vez que debiera recaer en jueces y no en otros funcionarios.
En definitiva, un nuevo Código de Convivencia debiera cumplir con la Constitución. Esa es la obligación del Estado cordobés y de los funcionarios de sus gobiernos. Lamentablemente, los cambios propuestos seguirán siendo cómplices de la vulneración de principios y derechos constitucionales. Sin una fuerza de seguridad controlada civil y políticamente y un código de faltas respetuoso de los derechos, no hay democracia ni seguridad posible.
Asociación Pensamiento Penal
Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades
Programa Universidad y Cárcel UNC
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba
Mesa de Trabajo DDHH
Movimiento de Participación Estudiantil (MPE) Camilo Cienfuegos.
Egresados por la Universidad Pública
Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS)
Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia
CECOPAL (Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal)
Movimiento Campesino de Córdoba
La Nueva Barranca
La Revuelta Estudiantil
Estudiantes Patas Arriba
Mas
La Papa Colectiva.
La Bisagra Movimiento Universitario Independiente.
Secretaría General Federación Universitaria de Córdoba
Federación Universitaria de Río Cuarto.
CTA de los Trabajadores – Córdoba
