Un fallo judicial que prohibió a la Municipalidad la instalación de video cámaras de seguridad en «accesos e inmediaciones» de las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad se convirtió en el centro de una controversia que sumará un nuevo capítulo en las próximas semanas, cuando la Comuna presente una apelación contra esa resolución.
La polémica también replicó en el Concejo Deliberante local, donde ediles de diferentes bancadas votaron el año pasado una resolución a favor de las medidas de seguridad en inmediaciones de colegios, donde la Comuna colocó dispositivos en el marco del programa de seguridad ciudadana a partir de reclamos de padres y de la comunidad educativa por los reiterados episodios de violencia y robos a los alumnos.
El fallo contra la instalación de cámaras de vigilancia en las inmediaciones de accesos a escuelas locales fue dictado por el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias, que también había hecho lugar a una medida cautelar para que la Municipalidad se abstenga de colocar esos dispositivos «que posibiliten la vigilancia de niños y adolescentes».
El fallo fue dictado en el marco de una presentación del defensor oficial ante el Fuero de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial La Plata Julián Axat a partir de un reclamo puntual -avalado por organizaciones de defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia- contra la colocación de video cámaras en la Escuela Nº 22, ubicada en 23 y 76.
El Consejo Escolar había autorizado la instalación de cuatro cámaras de seguridad con circuito cerrado en el patio externo, la entrada y en un espacio de recreación de ese establecimiento a pedido de un grupo de padres y de la Cooperadora. Esos dispositivos no formaban parte del plan de monitoreo que lleva adelante la Municipalidad, que sin embargo tenía en estudio la colocación de videos cámaras en las inmediaciones del edificio escolar a partir de un planteo de padres y vecinos.
Mientras la Comuna prepara una apelación a la decisión del juez Arias por considerar que limita las acciones que pueden tomarse en materia de seguridad ciudadana, desde el Concejo Deliberante se reclamó que se cree una norma para regular el uso y tratamiento de las imágenes que captan las video cámaras, estableciéndose pautas para la transmisión, grabación, almacenamiento y entrega de esas imágenes. La presentación fue hecha por el concejal del peronismo disidente José Arteaga que consideró que «evidentemente existe un vacío legal sobre el uso y destino de las imágenes captadas».
Respecto de la prohibición judicial de instalar video cámaras en inmediaciones de las escuelas, Arteaga consideró que «la Comuna debe apelar inmediatamente porque esa medida pone en riesgo a numerosos alumnos que diariamente son víctimas de asaltos en las inmediaciones de las escuelas a las que concurren».
Desde el oficialismo, en tanto, la presidenta de la comisión de Seguridad del Concejo Deliberante, Valeria Amendolara, sostuvo que «la Municipalidad va a apelar el fallo del juez Arias porque entendemos que las cámaras de monitoreo urbano son un aporte a la disuasión y que puedhttp://www.eldia.com.ar/edis/20120305/controversia-camaras-seguridad-escuelas-laprovincia0.htmen colaborar pero de ninguna manera tienen por objetivo avasallar las libertades individuales ni los derechos de los niños».
Por su parte, la concejal Lorena Riesgo fue más dura respecto de la decisión del magistrado al considerar que «va a provocar la creación de zonas liberadas al delito en las inmediaciones de las escuelas». Riesgo indicó que «nadie discute que las cámaras no deben estar adentro porque eso atenta incluso contra el concepto de la educación pero en las inmediaciones, en la vía pública, son otra cosa muy diferente».
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