Sin la repercusión mediática –y por lo tanto pública- que tienen los crímenes comunes, es decir, los perpetrados por delincuentes …
Sin la repercusión mediática –y por lo tanto pública- que tienen los crímenes comunes, es decir, los perpetrados por delincuentes comunes, los casos de gatillo fácil constituyen hechos de enorme gravedad, pues son perpetrados por personas a las que el Estado –es decir, todos- preparó y armó para que defendiera a la sociedad del accionar delictivo.
Se entiende habitualmente por gatillo fácil a la utilización de los recursos del aparato de seguridad estatal por parte de efectivos de la policía, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario o fuerzas armadas cuyo resultado sea la muerte de la víctima.
No se incluyen como casos de este tipo a las muertes de delincuentes como enfrentamientos en las que el personal de las fuerzas de seguridad actuó en defensa propia.Los casos de gatillo fácil son mucho más comunes de lo habitual, aunque según algunos números que manejan las organizaciones que denuncian estos atropellos, menos del 10% de las denuncias terminan en la condena de los acusados.
Según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en la última década perdieron la vida en la Argentina casi 1.500 personas como consecuencia de homicidios perpetrados por el personal de las fuerzas de seguridad.Córdoba es una de las provincias donde se han registrado más casos de gatillo fácil en los últimos tiempos: siete en siete meses. Organizaciones de esa provincia como la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos y la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba no solo han condenado estos hechos, sino que además lo han enmarcado en lo que consideran una matriz autoritaria y represiva de la policía cordobesa, dirigida fundamentalmente contra los sectores populares.Un estudio llevado a cabo por docentes y alumnos de la Universidad Católica de Córdoba confirma esta tendencia: la gran mayoría de los operativos policiales se desarrollan en las villas y barrios populares de la ciudad capital de la provincia mediterránea, y los siete jóvenes muertos bajo las balas policiales pertenecían a sectores humildes.
En Catamarca son demasiado frecuentes las denuncias por apremios ilegales o brutalidad policial, pero son muy pocas las víctimas fatales como consecuencia de estas acciones. La Justicia aún debe esclarecer si el joven Diego Pachao murió o no a causa de una golpiza en la comisaría Séptima.
En cuanto a condenas, debe recordarse la de los policías Armando Ronald Aragón y Jorge Abel Romero a la pena de prisión perpetua por el crimen de Félix Nicolás Videla, hecho que fue finalmente calificado como «tortura con resultado de muerte”. Y también, aunque la víctima finalmente salvó su vida de manera milagrosa, la del sargento Américo Maturano, quien purga dos años de prisión en suspenso por disparar en la espalda a un motociclista que no acató la voz de alto.Una de las deudas de la Democracia recuperada hace más de treinta años es la democratización de las fuerzas de seguridad y la profesionalización de sus procederes. No es una deuda más, sino tal vez una de las más importantes, a juzgar por el alto costo en vidas humanas que genera.
