Esta actividad ya no sólo se limita a las inmediaciones de los estadios de fútbol, sino que ya se expande por toda la Ciudad. Mientras los vecinos exigen una solución para poder estacionar en la vía pública, INFOnews se interiorizó en un debate que es netamente político: ¿Hay que prohibirlos o regularizarlos?
Los números son más que claros: en 2013, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires recibió 3191 denuncias sobre personas que exigían una retribución por cuidar y permitir estacionar un vehículo en la vía pública. Sin embargo, apenas una tuvo el requerimiento de elevación a juicio.
En tanto, las quejas de los vecinos van en aumento, así como también lo hacen las tarifas de los «trapitos», o denominados cuidacoches. Según denuncian los porteños –y se constata en el Informe Cuidacoches: Artículo 79 del Código Contravencional realizado por la Fiscalía General de la Ciudad– esta actividad ya no sólo se limita a las inmediaciones de los estadios de fútbol –donde han llegado a pedir sumas de hasta 200 pesos para permitir el estacionamiento del automóvil– sino que se expande por todos los barrios de la Ciudad y ya afecta a quienes van a buscar a sus chicos al colegio o quieren estacionar frente a sus casas.
«Hoy en día la actividad ha proliferado y se ha extendido a casi todo el ámbito de la Ciudad, desarrollándose de manera continuada todos los días de la semana. Por otro lado, la proliferación trajo aparejado un cambio en la modalidad. En efecto, en un principio el uso habitual era la propina, a discreción del automovilista. Con posterioridad, fue generalizándose la exigencia de un pago», alerta en ese sentido el informe.
“Es una extorsión, una situación que merece un freno urgente”, resume Cristian Ritondo, vicepresidente 1° de la Legislatura Porteña e impulsor desde hace cuatro años de un proyecto que busca prohibir la actividad de los cuidacoches.
Infografía: Diego Pintos
Números alarmantes
Según explica la Fiscalía General de la Ciudad, quien presentó el mencionado informe a mitad de este año, sin regulación ni control, cada vez hay más denuncias y menos soluciones. En ese sentido, los números del estudio son contundentes: hay unas diez denuncias por día y el 95 por ciento de las investigaciones que se hacen contra los trapitos son, directamente, “desestimadas”.
Durante la llamada «primera jornada de debate sobre la problemática de los cuidacoches», que se realizó en mayo en la Legislatura porteña, el fiscal Eduardo Riggi alertó que la situación no es similar en todo el distrito: 7 de cada 10 denuncias (el 71.7%) corresponden a Palermo, Belgrano, Núñez y Colegiales, y suceden los fines de semana en cercanías a estadios, eventos masivos o espectáculos musicales. El mismo informe sostiene que Barracas, La Boca, Pompeya y Parque Patricios acumularon el 13,9% de los casos denunciados.
El 99% de los casos en fiscalías los denuncia la propia Policía, la mayoría de las veces, con errores. «Suele haber falta de pruebas, no se los puede identificar o faltan testigos», explicó Riggi.
Además, las estadísticas destacan otro dato alarmante: un 40,3% de los imputados identificados registró más de una imputación en el año. Y suma que un 20,2% incluso estuvo vinculado a dos o tres casos, y otro 20,1% a cuatro casos o más. Sin embargo, como el 99% “ingresa” por “prevención policial”, nunca llegan a “denuncia”.
La normativa vigente: el eje del problema
En diálogo con INFOnews, Cristian Ritondo explicó que “para avanzar con la denuncia, hoy un vecino tiene que ir tres veces a la fiscalía y comprobar que definitivamente hubo un pedido de dinero por parte del trapito. Por eso tenemos que implementar cambios en el Código, para que la Federal y la Metropolitana tengan herramientas para actuar”.
La realidad es que, actualmente, el artículo 79 del Código Contravencional castiga a quienes exigen dinero a cambio de cuidar un auto estacionado, pero no a quienes reciben una contribución voluntaria. Entonces, el verdadero problema es que resulta muy difícil comprobar los “aprietes”. Sin testigos, no hay sanción.
El Código Contravencional castiga con uno a dos días de trabajo comunitario o multa de 200 a 400 pesos a quien exija «retribución por el estacionamiento o cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización legal».
«La norma, así tal cual está redactada en la actualidad, hace imposible actuar y comprobar la gran cantidad de situaciones en las que se da este delito. La norma exige que probemos que hubo una exigencia de dinero por parte del trapito al automovilista, algo que casi siempre es imposible y resulta una pérdida de tiempo para cada denunciante. Entonces, las denuncias quedan en nada», enfatizó el titular del Ministerio Público Fiscal, Martín Ocampo.
El debate político: ¿Prohibirlos o legalizarlos?
Aunque la entrega de “propina” a quien cuida un automóvil es una costumbre de larga data ya instalada en nuestro país y en las grandes ciudades del mundo, el debate en torno a los “trapitos” está más candente que nunca.
Básicamente, los vecinos exigen soluciones inmediatas, pero el debate es netamente político: desde hace más de tres años, ni el PRO ni la oposición logra llegar a un acuerdo en torno a esta problemática. Y la razón radica en que cada bloque propone exactamente lo contrario al otro: el oficialismo porteño busca prohibirlos, y los otros tres proyectos presentados por la oposición apuntan a regularizar la actividad y, con diferentes matices, proponen la creación de un registro de personas habilitadas para realizar la actividad con una licencia de dos años e, incluso, contempla cupos femeninos y trans.
«Existe un proyecto que prohíbe todo tipo de actividad y después hay otros que buscan la legalización. Desde la Fiscalía –remarca Martín Ocampo– enfatizamos que, bajo cualquiera de las dos circunstancias, hay que resolver este problema de alguna manera. Es una decisión política que nos ayudaría a poder trabajar en esto y ayudar a los vecinos de la Ciudad con esta problemática, algo que hoy se nos hace difícil por cómo está redactada la norma. Son los legisladores los que deben hacer algo al respecto».
El proyecto del PRO: prohibición y penas más duras para los trapitos
El proyecto del PRO (Ritondo-Quattromano) no es nuevo y, desde hace cuatro años, busca la prohibición total de la actividad y aplicar penas más duras respecto de las fijadas en la actualidad: de uno a cinco días de arresto o multas de $200 a $ 2 mil para los trapitos. Sin embargo, cuando la oposición consensuó en 2012 una ley que reglamentaba la actividad, Mauricio Macri la vetó.
“Es la cuarta vez que intentamos avanzar con el debate pero la oposición se niega”, afirmó por su parte el legislador Juan Pablo Arenaza y líder del partido Unión por Todos, en diálogo conINFOnews. “Creemos que es una actividad que no se puede ser registrada y nuestro proyecto busca acelerarle los trámites a la Fiscalía para que pueda actuar más fácilmente».
Pese a que el legislador aclara que existen dos tipos de organizaciones, una vinculada a los barrabravas y a los espectáculos públicos y masivos, y otra más “anárquica e individual” como los trapitos de los corredores gastronómicos, afirma que no distinguen entre unos y otros: “Está mal. Lo queremos prohibir directamente. Nosotros apuntamos a que no exista ningún tipo de organización. Creemos que no se puede cobrar por estacionar en lugares donde está permitido».
Del mismo modo lo hace Ritondo, quien explicó que con este proyecto buscan brindarles herramientas a la Fiscalía y al ciudadano. «La gente no tiene porqué dejar una propina para estacionar el auto o asegurarse que, cuando vuelva, esté en buen estado. Pedimos prohibirlos. Con esta herramienta para actuar, más la denuncia de los vecinos –ya que también se contempla la creación de un 0800–, y el control de la policía, se tiene que controlar esta situación».
La oposición y sus proyectos: inclusión y chalecos identificatorios
A diferencia del macrismo que sólo busca prohibir la actividad, uno de los proyectos presentados por el kirchnerismo es el de la legisladora Claudia Neira, en el que se propone crear un“Registro de cuidadores de vehículos” que funcione dentro de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público (del Ministerio de Ambiente y Espacio Público).
Según le explicó a INFOnews, a través de éste el Gobierno de la Ciudad otorgaría permisos a los individuos que los soliciten, para llevar a cabo la actividad en áreas que la autoridad de aplicación determine a partir de propuestas realizadas por las Comunas. El carácter de la retribución percibida sería voluntaria y se sostiene la prohibición de cualquier exigencia de pago, pudiendo revocarse el permiso otorgado a quienes incurran en dicha falta. Por otra parte, aquellas personas que sean habilitadas para cuidar vehículos en una determinada zonadeberán utilizar chalecos e identificaciones que acrediten su identidad.
«El cuidacoche puede ofrecer un servicio y recibir una propina, pero esta tiene que ser voluntaria«, resumió Neira y, sobre la última sesión de este año, en la que el PRO intentó por cuarto año consecutivo aprobar su proyecto, enfatizó: “Revolear un proyecto sin debate, sobre tablas, a último momento, demuestra que no hay intención de trabajar seriamente en un proyecto integrador. Para ellos todo se resuelve prohibiendo”.
Según explicó, el proyecto del PRO es prácticamente imposible de cumplir y lo tildó de electorista: “¿Cómo va a hacer el PRO para que la misma Justicia que dice no tener pruebas para demostrar la exigencia de dinero por parte de los trapitos, pueda demostrar que un sujeto parado en la calle es un cuidacoche, aún cuando éste lo niegue?».
En ese sentido recordó que en septiembre de este año, la Legislatura aprobó la ley de estacionamiento regulado en estadios, que aprueba el libre estacionamiento en ocasión de eventos de concurrencia masiva y habitual y le da al gobierno de la Ciudad el poder de policía para combatir a los trapitos. «Ya debería ser implementada, pero el PRO aún no lo hace. Entonces, plantearse a los cuidacoches como un problema, cuando una ley aprobada y que no se está cumpliendo, es una mentira electoral«, remarcó.
Pese a que desde la oposición afirman que en ciudades como Montevideo o Quito, esta situación se logró regularizar a través de la creación de un registro y que, incluso, los cuidacoches se convirtieron en «colaboradores de la comunidad», Arenaza afirma: «Eso no se puede regular en ciudades grandes como Buenos Aires y está comprobado. Una ciudad con estas características, con la cantidad de gente que circula diariamente, es imposible».
Desde la otra vereda, Neira remarcó: «Lo que pensamos es que en las grandes ciudades del mundo han encontrado la manera de controlarlo. El Estado, con voluntad política, también puede hacer cumplir la ley, realizar los controles, y no tirar la ley del PRO que es una bomba de humo y donde dice que prohibiendo se resuelve el problema. Básicamente, no dicen cómo van a hacer para que desaparezca una actividad absolutamente informal».
¿Y la inclusión?
Además de que para la oposición el proyecto del PRO es «virtual e impracticable” , ponen la alerta en qué va a pasar con la gran cantidad de personas que «tienen a esas changas como única vía de ingresos» y afirman que «es parte de una lógica de persecución de la pobreza”.
Para la legisladora Neira, esta problemática requiere de una intervención por parte del Estado «que entienda que no podemos permitir que les cobren cualquier tarifa en un estadio de fútbol» pero también «diferenciar de aquella persona con una problemática social que está alejada de toda mafia».
«Hay un montón de cosas en las que se puede trabajar y podemos ayudar entre todos a llegar a una buena ley, que sirva y que aporte a la comunidad distintas herramientas. Pero si mentimos, no vamos a llegar a nada”, concluyó Neira.
En tanto, Arenaza criticó los proyectos de la oposición: «Si vos legalizás, no queda en claro si esta gente vendría a ser monotributista o un empleado del Gobierno de la Ciudad. Regularizar la actividad es una locura. Estarías habilitando automáticamente en toda la Ciudad a que te cobre lo que quiera para que estaciones. Es un absurdo este proyecto. La base de nuestro proyecto es la prohibición y después ver temas puntuales y llegar a un acuerdo».
Respecto al debate de la inclusión, el legislador fue tajante: «En todo caso, hay planes del Gobierno de la Ciudad y planes específicos si hay personas que tienen una necesidad concreta. Habrá que trabajar desde el Ministerio de Desarrollo para atender esas necesidades».
Por su parte, el fiscal Ocampo sostuvo que «cualquiera de las dos iniciativas pueden ser buenas» pero que se debe tomar una. «Se tiene que avanzar. O prohibir la actividad o legalizarla, pero que se tome una decisión ya; algo que nos permita realizar nuestro trabajo. Para nosotros es indistinto, es una decisión netamente política, pero necesitamos una norma nueva y muchísimo más clara, que nos pueda facilitar la tarea. Es el mejor camino. Actualmente la calle está privatizada y esto es un delito«.
