La jueza de Menores de Casilda, Cristina Pecoraro, se manifestó preocupada por la situación de la minoridad en el departamento Caseros, frente a la «falta de un espacio de detención» para ese grupo, en la Alcaidía de la Unidad Regional IV, que está en reformas. Sucede que en la vieja dependencia había una celda específica para los jóvenes en conflicto con la ley penal, pero las modificaciones apuntan a construir cuatro pabellones para 12 personas cada uno; aunque sin especificar para qué tipo de población carcelaria está orientado. La preocupación de la magistrada, que hoy no cuenta con adolescentes detenidos, es que si un menor de la zona comete un delito que requiera arresto «el único lugar que estaría disponible es el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (Irar)», donde asegura que es «imposible un trabajo de medidas socioeducativas». Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que las obras «no anulan ni promueven nada», sino que será el responsable de la Alcaidía quien deberá determinar qué espacio será para los menores.

El antiguo penal policial tenía una celda específica para la detención de menores en conflicto con la ley, pero la obras de reforma –como las que se están realizando en alcaidías de toda la provincia– «no prevé esa separación», dijo la jueza. En general, según arguyeron desde el Ministerio, las nuevas edificaciones buscan adaptar los espacios de detención a las convenciones internacionales sobre derechos humanos, mejorando no sólo lo edilicio (espacios, luminosidad, condiciones de sanidad), sino también creando nuevos hábitos en cuestiones como la salud y la alimentación de los presos. Así, para la Alcaidía de Casilda (cuyos detenidos fueron trasladados a Piñero, en noviembre pasado), está previsto construir cuatro pabellones y dos patios, con espacio total para 48 personas.

Sin embargo, para la magistrada que trabaja con los menores que delinquen en la zona de Caseros, la novedad trae aparejadas «preocupaciones» acerca de qué sucederá cuando tenga que encarcelar a un joven. «No voy a poder aplicar más el trabajo que vengo haciendo». Es que hasta hace poco tiempo, luego de que se decidiera la detención de un menor, y posterior aviso a las partes del proceso, la jueza aplicaba una serie de medidas: «Trabajábamos para ver adónde podíamos insertar a ese chico, tanto para estudiar como para un trabajo o que aprenda un oficio, fundamentalmente para que aprenda algo y haga deportes, que lo considero fundamental para los chicos. Nos encargamos de que tengan allí todo lo que necesitan: colchones, frazadas». Todo eso, resaltó Pecoraro, «no tiene absolutamente nada que ver con lo que se hace en el Irar, donde está comprobado que nunca se mejoraron las cosas, sino que se han empeorado», lamentó.

La magistrada, quien meses atrás criticó el proyecto de ley de reforma de la Justicia Penal Juvenil, promovido por el Gobierno provincial, planteó que le «preocupa el desarraigo que puede existir en el caso de la detención de un chico que es de Arequito, de Los Molinos o de Chabás, quienes están acostumbrados a otro tipo de vida. Sería terrible. En lugar de pensar en las cuestiones ideológicas, por qué no piensan en la sociedad minoril», reclamó. Al mismo tiempo, Pecoraro señaló que envió «una nota al ministro Raúl Lamberto; porque reforman una alcaidía, y luego de haber logrado las cuatro plazas que había para los menores, ahora las sacan. Es terrible y trascendente», aseguró. «Estoy de acuerdo con que reformen la parte de mayores detenidos, pero en lugar de hacerlo también con el sector de menores, lo anulan. Yo quisiera saber quién les va a pagar los traslados a los padres y familiares de esos chicos, para que tengan visitas en el Irar. Nunca piensan en la sociedad, y menos en los chicos», lamentó.