La situación generada en la provincia, especialmente en la Segunda Circunscripción con sede en nuestra ciudad y que cubre todo el sur, a partir de la vigencia de dos códigos procesales penales diferentes, es por lo menos curiosa. Es que dos ciudadanos amparados bajo el mismo paraguas jurídico, frente a la misma causa, enfrentarán dos sistemas distintos según donde vivan, pese al principio de igualdad.

Y parece que el principal impulso para darle un principio de solución al problema viene de la misma Suprema Corte de Mendoza. Ya en la pauta presupuestaria 2015 se pidió una cantidad de fondos específicos para afrontar esta medida, 88 millones. Y según ha podido averiguar nuestro diario, con unos 20 o 25 hay algunas cosas que podrían empezar a hacerse. Pero a la vez, el costo estimado para que todo funcione como es debido ascendería a unos quinientos millones, cifra más que considerable.

Es que no se trata solamente de crear algunas dependencias. La reforma enfrenta, por un lado, un gran esfuerzo económico por el lado del personal. Son muchísimos cargos a cubrir, cientos de personas a capacitar, pero a ello se suma una importante cadena de obras de infraestructura. Por ejemplo, la construcción de calabozos en cada una de las fiscalías, la adecuación de instalaciones policiales, y los propios edificios para el funcionamiento de los nuevos juzgados.

De todas formas, la necesidad de ponerlo en vigencia es ineludible, y parece que se ha comprendido esa urgencia que incluye la necesidad política de no excluir al sur como si fuese otra provincia.

Además, hay una inmensa zona gris. Taxativamente, no es que el nuevo código funcione en el norte y el viejo en el sur. Están entremezclados, y hay institutos del nuevo que se aplican en algunos temas, pero la vigencia no es completa. Cuando lo sea, seguramente el servicio de Justicia se verá beneficiado en su funcionamiento, lo que no solamente será un alivio para la población, sino que probablemente sirva también para acallar las críticas sociales sobre los jueces.