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El actual Código de Faltas, que le da potestad de juzgar a los comisarios, que castiga a quien merodea, que penaliza el trabajo sexual y permite llegar a una sentencia privativa de libertad sin la intervención de un abogado defensor, fue aprobado en 1994 por unanimidad en la Legislatura cordobesa.
Tras veinte años de su creación y diez de su aplicación masiva creo necesario hacer algunas consideraciones.

Lo que produjo
Tardaremos muchos años en reparar el tejido social roto y los daños ocasionados por el Código de Faltas y toda la política de seguridad. Las prácticas policiales amparadas en esta legislación han sembrado la humillación de todos los cordobeses. A quienes se les aplicó por padecer la violencia institucional directa, pero también al resto, por convivir con prácticas poco democráticas, por ser testigos del atropello de los derechos más fundamentales, aquellos que el Estado debería respetar para evitar las salvajadas policiales.
La humillación de las razzias policiales, las detenciones masivas y selectivas, las penosas horas y días en comisarías y lugares de encierro en condiciones infra-zoológicas, los corralitos humanos sometiendo al escarnio público a los contraventores, los permanentes controles a quienes “portan” motocicleta en los que más que documentos se exige sumisión, la angustia de familiares y amigos que peregrinan por dependencias policiales para saber el paradero de su ser querido son algunas de las prácticas amparadas por el código de faltas en particular y por las políticas de seguridad en general en esta Córdoba hostil. Dichas prácticas son la semilla que cultiva un odio social que, de no realizarse acciones concretas para comenzar a reconocer derechos, las consecuencias en violencia social pueden ser aún mayores. La única cara que muchos ciudadanos conocen del Estado es la policía, y no cualquiera, sino la policía de Córdoba.

No se trata pues del “exceso” de dos o tres uniformados. Eso sería echar mano a la teoría de la “manzana podrida” que debe ser descartada de pleno. Se trata de prácticas y lógicas ejercidas de manera sistemática, arraigadas en la cultura institucional y, la mayor parte de las veces, avaladas por políticas públicas como el Código de Faltas.

Es misión del Poder Judicial juzgar individualmente la conducta de los funcionarios policiales, pero es misión de la política tener una mirada más amplia de cómo esas conductas se transforman en prácticas, evaluar en qué medida son toleradas y hasta exigidas por las políticas de seguridad, y en diseñar acciones que se deberán emprender para limitarlas y, más pretenciosamente, eliminarlas por completo. Por lo menos, esa es la función de la política en el marco de un Estado de Derecho.
Es en este sentido que el proyecto de modificación del código de faltas presentado por el oficialismo, lejos de propiciar la convivencia, profundizará, en caso de aprobarse, esas prácticas y lógicas institucionales reñidas con la Democracia. Las policías, y no es un atributo específico de la policía de Córdoba, tiende a desbordar violencia. Es entonces misión de la política no seguir otorgando cheques en blanco a esta institución, sino por el contrario controlarla para evitar la violación de derechos y conducirla políticamente para hacerla efectiva en un nuevo concepto de seguridad que tienda a la protección de todos, donde no haya individuos sacrificables.

Lo que NO produjo
El Código de Faltas no ha producido en Córdoba una disminución de los delitos. El hiperencarcelamiento selectivo de jóvenes, varones y de sectores populares no ha implicado, en lo más mínimo, que se morigere la violencia urbana. Su aplicación ha confundido, no inocentemente, pobreza con delincuencia, lo que ha permitido dejar impune una variada cantidad de delitos en los que la institución policial no se ha focalizado. Delitos de corrupción, de cuello blanco, mercados ilegales altamente rentables como el narcotráfico o la trata de personas, y casos graves de violencia institucional están totalmente al margen de la persecución policial, la que se ha enfocado en la criminalización de la pobreza como único, y por cierto, poco ingenioso e ineficiente, modo de controlar la violencia.

En síntesis, el Código de Faltas no trajo aparejado menos violencia ni menos delitos.

La Audiencia
En la Audiencia Pública celebrada en la Legislatura cordobesa el pasado 11 de noviembre, distintas organizaciones y personalidades de la cultura y de las universidades públicas expresaron su demoledora opinión contra el actual código de Faltas y contra el proyecto de modificación presentado por un oficialismo cada vez más solitario.
Se intentó deslegitimar la voz de los protagonistas acusándolos absurdamente de jóvenes, de teóricos académicos o de ser de izquierda. En vez de contrargumentar se utilizó la falacia descalificadora. Si los legisladores buscan en las palabras de los participantes, encontrarán suficientes razones fundadas para construir otro cuerpo normativo respetuoso de la Democracia, tanto en el contenido como en las formas para discutirlo.

Los expositores de la audiencia son la muestra de cómo, en los últimos años, se ha propiciado un verdadero cambio cultural. Ningún participante defendió el proyecto porque las críticas al código de faltas ya son parte del sentido común compartido e inscripto en la memoria social colectiva. Seguirán existiendo personas que defiendan este accionar policial tan humillante, pero esa defensa es inorgánica y minoritaria.

No solo ha sido expansiva la aplicación del Código de Faltas, sino también la resistencia. Se han multiplicado las organizaciones, personas, congresos, foros, seminarios y colectivos que resisten a esa humillación, que han transformado el odio social en militancia, en formas políticas de organización social, barrial, académica, gremial, partidaria, en fin, militancia política que no es neutral porque está por la ampliación de derechos y allí radica su fuerza.

Por Lucas Crisafulli