La Asociación Pensamiento Penal expresa su agrado por la decisión presidencial de disolver la ex SIDE y proponer una reforma de la Ley de Inteligencia para saldar una gran deuda histórica de los gobiernos democráticos con los argentinos.
Es imprescindible que una ley estratégica y vital, en lo que respecta a nuestra historia y a las necesidades futuras, sea debatida de una manera amplia, profunda y de cara a la sociedad, pensando en el resultado final y no en cumplir plazos que no ameritan urgencia.
Si tenemos en cuenta que desde espacios oficialistas y opositores se ha señalado que el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional inició con serias falencias técnicas y conceptuales, que no sólo no corrigen los problemas de la actual ley -como las capacidades de investigación criminal-, sino que se empeoran otras, rompiendo los buenos consensos generados en 2001, más necesario es dar un debate amplio que permita realizar una verdadera y efectiva reforma del sistema de inteligencia nacional al servicio de la democracia.
Es importante destacar que este proyecto está siendo tratado en una situación de emergencia producto de una autonomización de la ex SIDE a lo largo de muchas décadas, donde se está involucrado personal que ingresó en la dictadura y trabajaba para agencias de inteligencia de otros países. Por estos motivos, entre otros, no se puede hacer una transferencia de todo el personal sin establecer mecanismos de reevaluación y depuración de los actuales agentes bajo criterios claros de permanencia e incorporación en función de servir a la democracia. Así como tampoco sin hacer las adecuadas judicializaciones de los agentes que se apartaron de la legalidad.
El principio de transparencia debe primar en todo el Estado, incluida la Agencia Federal de Inteligencia. Esto no significa pecar de ingenuidad. Significa establecer criterios claros sobre la real necesidad de mantener cierta información confidencial o reservada durante un período de tiempo, para evitar nuevos ocultamientos y arbitrariedades. No se puede mantener el actual culto al secretismo donde ni siquiera la Comisión Bicameral de Control del Parlamento accede a decir cuántas veces se reunió.
Las capacidades de control parlamentario de los recursos y actividades deben ser reforzadas explícitamente y no quedar libradas a la reglamentación. Así como también debe explicitarse qué información pueden y deben difundir nuestros representantes a la ciudadanía para saber cómo y cuanto está controlando el Parlamento a las agencias de inteligencia.
Si bien algunas reformas del proyecto son necesarias y positivas, no se está proponiendo una reforma integral del sistema de inteligencia y creemos que esto es necesario y fundamental. Significa, entre otras cosas, quitarle poder operativo a la Agencia Federal de Inteligencia y que sus fuentes sean los organismos que debe dirigir, eliminar la «Orgánica del cuerpo de informaciones de la Policía Federal Argentina», creada por decreto en 1963 y tomar toda una series de medidas complementarias para controlar la forma en que el Estado recolecta y protege los datos personales y la privacidad de la ciudadanía.
El oficialismo hoy tiene la obligación histórica de garantizar que el proyecto sea consensuado con la sociedad y con la oposición, quien también tiene la obligación de debatir y consensuar pensando en el país. Si este proyecto es para defender a los argentinos y la democracia, es una contradicción seria modificar una ley ampliamente consensuada, sin el actual consenso de las diversas voces del espectro político y social.
6 de febrero de 2015
