El jefe del Poder Judicial se ha puesto un traje oscuro inmaculado, con corbata combinada, porque este viernes tiene que tomar juramento a cinco jueces del fuero civil. Detallista y previsor, Antonio Gandursabe que le espera un 2015 arduo, no tanto por lo jurisdiccional -aunque siempre puede haber sorpresas- como por lo político, puesto que, como presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, encabeza también la Junta Electoral que fiscalizará el comicio de agosto.

Pero, además, el alto tribunal renovará autoridades en octubre, un acto institucional que resultó traumático en 2013. Relajado y de buen humor, Gandur se muestra como un practicante de los versos de Santa Teresa de Jesús: “nada te turbe / nada te espante…”. Distante -al menos en las apariencias- de las elecciones que lo tendrán en el núcleo de la tormenta, el juez de 80 años se entusiasma contando su plan personal para 2015: asistir al Mundial de Rugby con sede en el Reino Unido.

-El 2014 judicial comenzó con la decisión del Gobierno de “provincializar” la persecución de los pequeños traficantes de drogas. La Legislatura sancionó la ley, pero su ejecución prevista para marzo quedó suspendida y la competencia sigue en la Justicia Federal…

-No están dadas las condiciones para asumir esa función. La ley creó una comisión que se reunió cinco o seis veces y la conclusión es que hay que ver cuáles son los recursos que necesitamos. Y en esa etapa estamos. Yo hasta ahora veo dificultades porque no contamos con números ajustados respecto de los casos que ingresarían. No avizoro cuándo asumiremos esta competencia.

-El caso de Carlos Albaca, ex fiscal del caso “Lebbos”, también dominaba la agenda hace 12 meses. Pese al escándalo, ese funcionario logró jubilarse, pero enfrenta una causa penal por decisión de esta Corte, entre otros denunciantes. ¿Qué ha pasado desde entonces?

-La Corte por mayoría (Gandur, Antonio Estofán y René Goane) entendió que la conducta de Albaca podía encuadrar en una figura penal. La fiscala Juana Prieto formuló un requerimiento, pero no sé absolutamente nada más salvo que la causa está en trámite. Desconozco si el señorAlberto Lebbos (padre de la víctima, Paulina Lebbos) asumió como querellante. Ya que me pregunta, averiguaré.

-¿Qué opina de que nueve fiscales de primera instancia se hayan excusado de investigar a Albaca?

-Por supuesto que me sorprendió un poco, pero la excusación es una facultad del fiscal. Aunque sí conviene precisar que, a diferencia del juez, el fiscal es parte en el proceso, es decir, no está obligado a ser imparcial, equidistante, equilibrado, etcétera. Entonces, las causales de excusación son más limitadas, pero si dicen que son amigos íntimos… hay que aceptarlo.

-La Corte compuesta por Goane, Alicia Freidenberg y Alfonso Zóttoli no pudo finiquitar el caso “Verón” durante 2014 (está pendiente la revisión de la sentencia parcialmente condenatoria que emitió el alto tribunal integrado por Gandur, Estofán y Claudia Sbdar). ¿Cuál es la situación de este expediente?

-Lo que conozco de afuera, disculpe la expresión, es que una de las defensas interpuso un recurso extraordinario contra el rechazo de la recusación de Zóttoli: hay una demora atribuible al ejercicio del derecho a recurrir.

-No se advierte que en el último año haya habido cambios en la precarizada Justicia de Paz…

-Está en lo cierto. Queremos mejorar los espacios físicos y llevar Tribunales al interior, a lugares como Banda del Río Salí. Y tenemos fiscalías y defensorías volantes, que recorren la provincia para facilitar el acceso a la Justicia.

-¿La jerarquización de la Justicia de Paz depende de una decisión política?

-Hace falta una ley que fije y amplíe la competencia. Por ejemplo, para que entiendan en juicios de desalojo. Y después está la figura del juez: la ley dice que debe ser letrado, pero no todos lo son.

-¿Qué evaluación hace de la decisión de publicar todas las acordadas de la Corte?

-Estoy muy satisfecho. Vuelvo a decir que soy un enamorado de la prensa, que es esencial para que la ciudadanía pueda participar en la vida de las instituciones.

-¿Qué cree que pasará con la comisión que desde 2013 intenta elaborar un anteproyecto para la reforma procesal penal?

-Avanzó bastante y ya hay un borrador, pero me parece difícil que en este año electoral el anteproyecto pueda ser tratado y sancionado. Tengo mis dudas.

-En 2014 asumió Edmundo Jiménez como ministro público y rápidamente consiguió ampliar sus facultades. Hacia fin de año, pareció que había algunas diferencias entre él y la Corte…

-Le aseguro que no hubo tales diferencias. Hemos aceptado el aumento de potestades del ministro Jiménez, pero siempre dentro del Poder Judicial. El Ministerio Público no es independiente de la Justicia, sino que depende de ella.

-¿Por qué no prosperó el proyecto apoyado por la Corte en pleno para separar el Ministerio Público en un órgano para la defensa y otro para la acusación?

-Creo que el ministro consideró que había que mantener el modelo actual. La división no tiene una trascendencia vital porque siempre la defensa fue independiente.

-En diciembre, la Corte apercibió a la defensora Carolina Ballesteros por inasistencias reiteradas. ¿Es un mensaje para la Justicia?

-Por supuesto. Que todos los miembros del Poder Judicial sepan que sus actos son observados por la Corte y que deben observar las obligaciones elementales.

-En relación con ello y gracias a la publicidad de las acordadas, este diario calculó que los viajes oficiales de 2014 de los cinco miembros de la CSJT sumaban más de cuatro vueltas al mundo. ¿Todos esos traslados están justificados?

-Con toda seguridad, sí. Por un lado están las reuniones mensuales de la Junta Federal de Cortes donde nuestra presencia se hace obligatoria. Los viajes nos permiten actualizarnos sobre las novedades jurisprudenciales y administrativas. No hay exceso y la prueba está en que la producción de fallos no ha variado: estamos en el orden de las 1.300 sentencias anuales.

-En 2009, el ex presidente Estofán se comprometió a concursar la secretaría de Superintendencia. El año pasado, usted dijo que iban a analizar si hacían un proceso de selección abierto o cerrado. ¿En qué quedaron?

-La verdad es que estamos en mora. Hemos llegado a la conclusión de que era preferible hacer un concurso exclusivo para los agentes judiciales, pero todavía no lo hemos llamado.

-¿La Justicia tiene la velocidad que a usted le gustaría? Se han cubierto 78 vacantes desde 2009, hay doble turno en muchos fueros, y, sin embargo, permanece la sensación de lentitud.

-No tenemos aún la celeridad deseada. Siempre pongo como ejemplo a la Cámara de Documentos y Locaciones, que es “un relojito”: jamás recibí ningún reclamo por mora en contra de ellos. Es una prueba de que podemos ser rápidos. El área penal es la más rezagada: vemos que la prescripción alcanza a numerosas causas pero también es difícil, porque están en juego cuestiones esenciales como la obligación del Estado de castigar la falta cometida, y el derecho del ciudadano a defenderse y probar su inocencia.

-Usted presidirá la Junta Electoral que fiscalizará las elecciones locales de este año. ¿Está preparada la institución para un comicio que se presenta reñido?

-Sí. Después de haber encabezado la Junta cuando había 1.800 sublemas, puedo decir que estoy listo para los 300 acoples que vislumbramos.

-¿Aplicará la política de concursos en la Junta?

-No, como hacemos contrataciones temporales, no es posible seleccionar al personal por concurso.

-Sin perjuicio de ello, ¿el “staff” permanente de la Junta seguirá siendo elegido en forma directa?

-Introduce usted una preocupación porque la verdad es que la planta es pequeña, de 38 personas.

-También habrá elecciones en la Corte, ¿le gustaría ser reelecto?

-La verdad es que estamos tan lejos de eso…

-No falta tanto: octubre está a la vuelta de la esquina.

-Espero estar viendo rugby en ese momento.

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