SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- La justicia provincial no cuenta con los recursos ni con la infraestructura necesarios como para perseguir a los dealers de droga.
Con este argumento, la Corte Suprema local decidió suspender la aplicación de la ley 8664, que debía regir a partir del 1° de marzo próximo. Esa norma, sancionada el año pasado por la Legislatura provincial, dispuso la adhesión de Tucumán a la ley nacional de estupefacientes (número 26.052), en el artículo referido a la provincialización de las causas por venta de droga para el consumo o narcomenudeo, que hasta ahora son atendidas por la justicia federal.
El principal impulsor de la medida, que podría ser cuestionada en otras jurisdicciones que también se adhirieron, fue el sacerdote Juan Carlos Molina, titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).
Antes de la sanción de la ley provincial 8664, los fiscales tucumanos ya habían advertido que no contaban con elementos suficientes como para perseguir a los dealers y que la norma corría el riesgo de ser declarada inconstitucional.
Sin embargo, luego de una visita que realizó Molina a la provincia para defender el proyecto, el gobernador de Tucumán, José Alperovich, decidió acompañarlo y se reunió con los miembros de la Corte Suprema provincial para acordar la adhesión a la ley nacional.
Según advirtió el ministro fiscal de Tucumán, Edmundo Jiménez, la implementación de esa norma, que consideró inconstitucional, «generaría serios inconvenientes en las fiscalías y defensorías penales locales» debido a que no hubo una adecuación institucional ni presupuestaria para atender los casos de venta minorista de droga.
Por este motivo, solicitó anteayer a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad de la ley 8664 y que, hasta tanto se adopte una decisión al respecto, frene su aplicación.
Ayer, el máximo tribunal provincial hizo lugar al planteo de Jiménez y dispuso suspender la implementación de esa normativa hasta que se resuelva su validez desde el punto de vista constitucional.
En diálogo con LA NACION, Jiménez sostuvo: «Hay obstáculo de tipo legal para avanzar con la norma, pero también hay motivos de razonabilidad, dados por la falta de recursos e infraestructura suficientes como para atender un tema tan complejo, que hace a la seguridad y a la salud de la población».
A propósito, indicó que en la justicia local «no existen órganos suficientes y que en los existentes se carece de capacitación para perseguir el delito de tenencia y comercialización de estupefacientes, como tampoco hay espacio adecuado para la investigación y para la persecución del delito».
Jiménez consideró que «es importante la medida de urgencia adoptada por la Corte provincial, dado que la aplicación de la ley era inminente e iba a significar un colapso del sistema penal provincial a raíz de la cantidad de causas por droga que deberían atenderse».
A la hora de cuestionar la constitucionalidad de la norma, el ministro fiscal Jiménez recordó que «el conocimiento de las causas relativas a drogadicción y narcotráfico se ha asignado a la justicia federal en razón de que están comprometidos objetivos superiores de la Nación que afectan a la seguridad nacional».
Además, sostuvo que la ley 8664 «viola el principio rector que establece que la competencia en razón de la materia es una cuestión que se regula en normas constitucionales o legales, es de orden público, es cierta y determinada y no es disponible, ni prorrogable ni delegable».
Ausencia
En su fallo, la Corte Suprema de Tucumán opinó que la ausencia de transferencia real de los recursos por parte de la Nación para poder atender las causas de venta minorista de droga «podría comprometer la constitucionalidad de la norma en su aplicación concreta».
Esto, según el tribunal, debido a que «el funcionamiento del nuevo sistema requeriría una transferencia integral de los recursos, es decir, no basta con la creación de nuevas fiscalías de instrucción sino que se podría requerir toda una estructura destinada a llevar adelante la tarea (laboratorios, juzgados, capacitación del personal, etc.)».
El gobernador tucumano, José Jorge Alperovich, fue consultado ayer sobre el tema y dijo que acatará lo que disponga la justicia local.
«Si la ley es inconstitucional, veremos qué otros elementos hay para seguir luchando contra el narcotráfico, porque el tema de las drogas es uno de los que más influyen en la seguridad», sostuvo el mandatario provincial
