Cada vez hay menos presos en España. La población reclusa lleva cinco años cayendo, según los últimos datos hechos públicos por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En concreto, de los 76.079 internos que había en las cárceles del país en 2009 se ha pasado a los 65.017 de diciembre de 2014. Más de 11.000 personas, por lo tanto, han abandonado las prisiones en el último lustro, lo que representa un 15% de descenso.
Desde 1990, el número de presos en las instalaciones penitenciarias españolas no ha hecho más que subir hasta el mencionado 2009 (sólo en 1995 y 1996 las cárceles experimentaron un ligero descenso a modo de excepción), que registró el récord de población reclusa en la historia reciente de España. Pero no tenía sentido ser uno de los países con menos criminalidad del mundo y que los inquilinos de las cárceles vivieran hacinados.
El 2010 es, por lo tanto, el primer año de esta nueva tendencia descendente, la mayor de los últimos 25 años. Ese ejercicio el Congreso de los Diputados aprobó dos reformas del Código Penal. Según todos los expertos, estas –y otros factores que a continuación mencionaremos– provocaron que la cifra de internos se redujera en 12 meses hasta los 73.929. Un año después (2011), volvió a bajar hasta los 70.472 reos. En 2012, se llegó a los 68.597 reclusos. En 2013, 66.765. Y a últimos de diciembre de 2014, 65.017.
Según el experto en derecho penitenciario de la Universidad de Valladolid, Tomás Montero, las reformas del Código Penal provocaron una «significativa reducción» de las condenas contra los pequeños narcotraficantes. El límite máximo de prisión pasó de nueve a seis años y esto supuso la revisión de numerosas penas y la consiguiente salida de muchos internos casi de golpe. A 31 de diciembre de 2010, había 16.227 reclusos condenados por este tipo de delitos en las cárceles españolas. Cuatro años después, apenas quedan 13.066; es decir, más de 3.000 presos menos.
Asimismo, continúa el especialista de la Universidad de Valladolid, el nuevo Código Penal introdujo la posibilidad de sustituir la prisión por la expulsión del territorio nacional, lo que a su juicio también ha ayudado a despejar las cárceles.
Por otro lado, añade Montero, ha influido la modificación de la Ley de Seguridad Vial emprendida el mismo 2010, que permitió a los jueces rebajar las penas de prisión en función de la gravedad del caso, así como castigar con multas o trabajos en beneficios de la comunidad en lugar de cárcel, una alternativa que, por otro lado, es también cada vez más frecuente en todo tipo de ámbitos penales, cuestión que también ha repercutido en la reducción general de la población reclusa.
Montero destaca también la tendencia decreciente de la criminalidad en España, que se ha reducido del 48,9% en 2010 hasta el 46% en 2013, según datos del Ministerio del Interior, y el descenso en el número de presos preventivos, que ha pasado de 17.849 en 2008 a 8.595 en 2014. Este último parámetro, que representaba más del 24% del total en el mencionado 2008, apenas supone el 13% ahora.
Las causas de que haya menos preventivos, apunta Montero, tienen su origen, «aunque de forma tardía», en las reformas procesales de 2002 y 2003, que introdujeron los juicios rápidos para determinados delitos y faltas y que impusieron más exigencias para respetar la presunción de inocencia.
