Cuatro personas en celdas de dos metros por tres metros, reclusos durmiendo sin colchones, sin atención médica. Algunas celdas sin agua, paredes rotas, comida escasa y en mal estado. Ese panorama dantesco fue el que encontraron los integrantes del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) cuando el 2 de marzo realizaron una inspección en la Unidad 38 del penal de Sierra Chica. Como si fuera poco, los detenidos denunciaron que fueron golpeados y sometidos a simulacros de fusilamientos por los penitenciarios la noche anterior. Ante este escenario, el organismo público extra-poderes presentó un hábeas corpus colectivo «por la extrema violencia y las pésimas condiciones que padecen los detenidos».
En un comunicado, la comisión detalló que la madrugada del 1 de marzo «un grupo de detenidos fue sacado de las celdas por personal penitenciario». Los agentes «los golpearon, les taparon el rostro, los pusieron de rodillas y les apoyaron la escopeta en la cabeza simulando cargar y disparar, mientras los amenazaban de muerte», se relató en el documento. Según explicaron desde la CMP, la violenta actitud fue en respuesta a la decisión de los reclusos de pedir el traslado a unidades carcelarias cercanas al núcleo familiar. «Algunos habían iniciado una huelga de hambre y otros habían tomado la decisión extrema de coserse la boca para hacer escuchar sus reclamos», agregó el organismo en su presentación. En el hábeas corpus la comisión solicitó que en forma urgente el juez constate las condiciones de la prisión y se tomen medidas.
«Hay un profundo desprecio del sistema penitenciario sobre la vida de las personas a las que tienen que cuidar. Deben garantizarles dignas condiciones de encierro para que logren resocializarse. Lejos de eso, violan los Derechos Humanos de manera sistemática», señaló Roberto Cipriano García, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, a Tiempo.
El prosecretario de la CPM explicó que desde el organismo «registraron una práctica sistemática de la tortura en todo el sistema penitenciario bonaerense». Eso, añadió, se suma a la superpoblación carcelaria y «a un problema estructural de corrupción penitenciaria: los penitenciarios se roban comida y medicamentos. Lo poco que llega lo comercializan de manera ilegal», dijo.
«Lo que la comisión encontró en Sierra Chica no es la excepción de lo que se puede ver en el resto de las unidades del sistema penitenciario provincial bonarense. Hay un problema estructural muy serio en los lugares de encierro porque el sistema ha llegado a su récord histórico de hacinamiento y sobrepoblación», afirmó Cipriano García.
El miembro de la CPM indicó que en la red penitenciaria bonaerense hay «32 mil personas alojadas en 60 establecimientos. Estamos ante un problema muy grave: aumentó la ‘prisionización’ en la provincia. Hay mayor detención policial. No hay capacidad en el sistema para albergar semejante capacidad de personas», aseguró. En el caso puntual de Sierra Chica, la CMP informó que hay un cupo de 640 reclusos pero que en los últimos días albergaba a casi 800 detenidos. «
