Carlos Chico dijo que los detenidos “vienen con problemas de salud de la calle, donde no se preocupan por curarse, pero cuando están adentro se acuerdan”. También diferenció entre las “personas normales” y los delincuentes que no se «resocializan».
El jefe de la Unidad Regional I, Carlos Chico, dijo que los presos que están “hacinados” en la Alcaidía, en realidad permanecen en el mismo estado que tienen “en su vida natural, en su vida real”.
El funcionario policial hizo declaraciones sobre la situación que padecen los detenidos, a partir de las revelaciones de la Defensoría General y de la intervención de dos jueces, que describieron la penosa situación de los establecimientos donde se alojan detenidos y reprochó a la Policía y al poder Ejecutivo que no cumplen con las advertencia judiciales.
Chico habló en CPEtv y aseveró, respecto de los planteos formulados para que se tome en cuenta la situación de los detenidos, que “problemas de salud siempre tienen los detenidos, porque normalmente los tienen en la calle; vienen con esos problemas que en la calle no se preocupan por curarse, pero cuando están adentro se acuerdan de esas problemáticas… Ya vienen con las enfermedades de afuera y se potencian en estos lugares de detención”, aseveró de manera despectiva el funcionario judicial.
Refiriéndose al hacinamiento, al mismo tiempo admitió la superpoblación relativizó la importancia de esa situación, ya que -dijo- “el hacinamiento se da por cantidad, no por falta de elementos de limpieza y eso”.
“Si usted ve muchos de ellos cómo viven en su vida natural o real de la sociedad -comparó- viven de la misma manera” en los lugares de detención. “Esto se potencia cuando están todos juntos”, reprochó.
Insistió en que el hacinamiento, lógicamente, “se da por la cantidad, no por la falta de elementos; en lugares donde tiene que haber 4 hay 6 y por eso se da la superpoblación”, añadió.
Intentó describir la situación general, o justificar ese estado de cosas, en el hecho de que “el nuevo Código de Procedimiento que se aplica desde hace un par de años ha hecho que muchos estén detenidos para empezar a cumplir su condena. Por esta situación -aseveró- se ha preparado para que sea asi. Si (una persona) delinque y lo hace de vuelta, es condenada y queda detenida”.
Más adelante, hizo una particular diferenciación entre las “personas que se resocializan y estan trabajando, viviendo como una persona normal” y los demás. “Depende de cada uno”, juzgó.
Peores condiciones
Tal como informó El Diario, las condiciones de superpoblación de presos y de violaciones a las condiciones mínimas de detención en la Alcaidía de Santa Rosa se “agravan” y “empeoran” a pesar del reclamo que inició el Poder Judicial pampeano hace seis meses ante el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia.
Los jueces de Ejecución Penal, Mauricio Pascual y Martín Saravia, firmaron una resolución el 25 de febrero disponiendo que en los pabellones este y oeste de ese lugar de detención se limiten a alojar a ocho personas y se realoje a los demás internos en otros establecimientos policiales, en un plazo máximo de 72 horas.
El reclamo fue dirigido al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Leonardo Villalva, a quien ya le habían comunicado un oficio el 4 de septiembre del año pasado para pedirle “remediar de manera urgente los inconvenientes suscitados en materia edilicia y de hacinamiento que están padeciendo en ese lugar de detención”. Las condiciones infrahumanas de detención, a pesar del tiempo transcurrido y de la reiteración del reclamo, lejos de subsanarse, se han profundizado en forma grave, de acuerdo a una inspección que realizaron los jueces el pasado 24 de febrero. “
En ese lugar particular de la Alcaidía local, violan todos y cada uno de los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por nuestro país. Hay condiciones de detención mínimas que deben garantizarse y, en ese lugar, no hay ninguna que puede rescatarse”, subrayaron.
La superpoblación también se repite en la Alcaidía de Pico y algunas de las comisarías del interior provincial. En los últimos seis meses del año pasado se incrementaron las prisiones preventivas. El ministro Villalva, en diciembre, atribuyó parte del problema al incumplimiento por parte del Servicio Penitenciario Federal del convenio firmado con la Provincia para garantizar un cupo de condenados por la Justicia pampeana.
Si bien el SPF, a partir de un fallo judicial en ese sentido, “repatrió” el año pasado a 73 presos pampeanos que permanecían alejados en otros penales del país, según ese acuerdo hay 300 plazas disponibles para la Provincia en la U.4.
