“Con la sanción de la ley se pretende una socialización plena a través de un seguimiento exhaustivo de quienes han tenido conflicto con la Ley Penal”, dijo la diputada Fernanda Alonso al fundamentar la iniciativa unificada, por los que se crea el Ente de Políticas Socializadoras para Personas en Conflicto con la Ley Penal.
Los diputados sancionaron con fuerza de ley, de dos proyectos, uno de la misma Alonso y otro del diputado Luis Solana,
“Hasta no hace mucho tiempo se dejaba en manos de ONG que hacían este trabajo de manera voluntaria, pensando justamente en la integración y el seguimiento de estas personas. Esta modalidad es justamente la que ha tenido la provincia de La Pampa que, con la sanción, en el año 1974, de la Ley 513, se le otorgaba esta competencia a la Asociación Civil Patronato Liberados. En la actualidad creemos que resulta necesaria una nueva visión del tema”, dijo Alonso.
“El fin fundamental del Ente va en un todo de acuerdo al anteproyecto presentado en el año 2010 por la Asociación Civil, cuyo objetivo primordial es “contribuir a la disminución de la criminalidad y reincidencia, a base de procurar una mejor inserción social, asistencia material y readaptación de condenados, liberados y aprobados, atendiendo a la personalidad y necesidades de cada caso”, comentó.
“La creación del Ente de Políticas Socializadoras para Personas en Conflicto con la Ley Penal es, a todas luces, una propuesta superadora, ya que responsabiliza al Estado de las funciones que oportunamente delegó a la Asociación Civil. Al reemplazarse y darle entidad estatal tendrá más visibilidad y dispondrá de mayores recursos humanos y económicos”, aseguró.
En los fundamentos, Alonso dijo que “este proyecto saldará una deuda que tenemos como sociedad civil ante nuestros semejantes en conflicto con la ley penal, atendiendo no solo a su situación personal, sino a su contexto familiar y comunitario, contribuyendo a la disminución de la reincidencia y criminalidad, buscando el efecto directo en la seguridad de la población pampeana”.
“Tendrá una integración amplia, con representantes de los diferentes ministerios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Sus funciones están claramente detalladas en el proyecto. Se establece también el funcionamiento de equipos técnicos interdisciplinarios, que consideramos imprescindibles para un abordaje integral y efectivo de una temática tan compleja”, completó.
En su alocución, la diputada piquense hizo mención a los aportes y consideraciones que desde distintos sectores hicieron para enriquecer la iniciativa a medida que desde la comisión encargada de su análisis les iban solicitando y reveló que “el Poder Ejecutivo, en la persona del ministro de seguridad, Leonardo Villalva, fue consultado dos veces, una por escrito, y nunca tuvimos una respuesta a nuestra requisitoria”.
Por su parte, el diputado Luis Solana remarcó que “la sociedad plantea que frente a la seguridad nadie hace nada, acá demostramos que algo hacemos”, y reveló que “el Patronato de Liberados ha fracasado en todo el mundo y está en franca retirada como tal”.
La diputada Sandra Fonseca agregó que “el Estado pone en riesgo a su policía cuando no les da los elementos necesarios para efectuar allanamientos” y habló de la necesidad de la implementación de “un fuero penal juvenil”.
El diputado Hugo Pérez dijo que “la reinserción laboral de los detenidos que esta ley contempla se constituye en un punto neurálgico de la misma” y llamó a que “el Estado con su vasta obra pública dé el ejemplo”.
Finalmente, el diputado Luciano Di Nápoli aseguró que “el Consejo de Seguridad Interior de la Nación avala esta ley”.
