(São Paulo) – Un programa piloto implementado en el noreste de Brasil está reduciendo la cantidad de personas en régimen de prisión preventiva, un factor que contribuye sustancialmente a la superpoblación carcelaria y al reclutamiento de nuevos miembros de pandillas, señaló hoy Human Rights Watch. El programa aplicado en el estado de Maranhão exige que los detenidos sean llevados inmediatamente ante un juez para una “audiencia de prisión preventiva”, en la cual se determina si deben permanecer en prisión preventiva o ser liberados a la espera de juicio.
Si bien estas audiencias inmediatas son exigidas por el derecho internacional, raramente se realizan en Brasil, donde numerosos presos esperan meses antes de ser llevados ante un juez. En casi el 50 por ciento de los casos del programa piloto, implementado por el estado en el que la violencia penitenciaria ha sido más alarmante en los últimos años, los jueces determinaron que la prisión preventiva no se justificaba según la ley y dispusieron la liberación de la persona detenida. En los casos en los cuales los jueces tomaron la decisión sobre el encarcelamiento o no del detenido exclusivamente en función de lo indicado en los informes policiales, éstos ordenaron la liberación en apenas el 10 por ciento de los casos, aun cuando el derecho internacional exige que la presunción legal opere a favor de la liberación.
“Se supone que las cárceles deberían contribuir a prevenir los delitos violentos, pero en Maranhão han facilitado que las pandillas recluten más miembros y que aumente la violencia, tanto dentro de los recintos penitenciarios como en las calles”, dijo Maria Laura Canineu, directora de Human Rights Watch en Brasil. “El programa piloto está demostrando que cumplir las obligaciones asumidas por Brasil en materia de derechos humanos también puede contribuir a combatir los problemas crónicos del sistema carcelario en todo el país”.
En enero de 2015 Human Rights Watch visitó Pedrinhas, el complejo penitenciario más grande de Maranhão, y entrevistó a 25 internos y 17 familiares de presos o antiguos presos, así como a jueces, fiscales, defensores de oficio, abogados defensores, ex guardias penitenciarios, autoridades locales y representantes de la organización no gubernamental Sociedade Maranhense de Direitos Humanos (Sociedad de Derechos Humanos de Maranhão).
Las audiencias de prisión preventiva impiden casos de encarcelamiento ilegal y arbitrario de sospechosos de crímenes no violentos mientras esperan que tenga lugar el juicio. Las audiencias permiten a los jueces tomar decisiones con más información sobre si una persona ha sido detenida de manera legal y debería si están presentes las condiciones para determinar la prisión preventiva.
Sin las audiencias, los detenidos deben esperar meses hasta su primera audiencia frente a un juez en prisiones atestadas, donde sufren fuertes presiones para convertirse en miembros de pandillas, determinó Human Rights Watch.
Más de 90 internos han sido asesinados en las cárceles de Maranhão en los dos últimos años, en la mayoría de los casos por miembros de bandas rivales, según datos del Consejo Nacional de Justicia y la Sociedad de Derechos Humanos de Maranhão. Miembros de pandillas mutilaron a algunas de sus víctimas, llevaron a cabo secuestros y extorsiones dentro de las cárceles, y violaron sexualmente a visitantes, según relataron a Human Rights Watch detenidos y funcionarios.
En la última década se formaron en Pedrinhas dos pandillas: Primeiro Comando do Maranhão (Primer Comando de Maranhão, PCM), la mayoría de cuyos miembros provienen del interior del estado, y Bonde dos 40 (Tranvía del 40, una expresión que alude a armas de calibre 40), integrado mayormente por miembros originarios de São Luis, la capital del estado. Las pandillas, conformadas inicialmente por internos que intentaban protegerse de la violencia en las prisiones, crecieron hasta el punto de controlar unidades carcelarias enteras dentro de Pedrinhas.
También ampliaron sus actividades ilícitas fuera del recinto penitenciario y actualmente dominan barrios completos de São Luis. En los últimos años, el delito violento aumentó drásticamente en el estado, y el índice de homicidios se triplicó entre 2002 y 2012, según el Mapa da Violencia 2014, un estudio académico elaborado a partir de información del Ministerio de Salud de Brasil.
En enero de 2015 la Policía detuvo a 36 hombres en una fiesta en São Luis, luego de recibir diversas llamadas anónimas que afirmaban que la reunión había sido organizada por una pandilla. Asistentes y familiares entrevistados por Human Rights Watch aseveraron no ser miembros de pandillas. No obstante, al llegar a Pedrinhas, los detenidos pidieron ser asignados a celdas reservadas para miembros de Bonde dos 40 debido a que viven en barrios controlados por esa pandilla y temían ser asesinados si los encarcelaban con miembros del PCM. Claramente, este es un mecanismo que favorece el reclutamiento de nuevos miembros de pandillas, con consecuencias que afectarán a los detenidos incluso después de su liberación, concluyó Human Rights Watch.
El crecimiento de las pandillas se ha debido en gran medida a la falta de seguridad dentro de las prisiones, la cual se agravó por la superpoblación, según dijeron autoridades locales a Human Rights Watch. En octubre de 2014, los establecimientos penitenciarios de Maranhão alojaban a más de 6.500 personas, a pesar de haber sido construidos para una capacidad máxima de 3.605, conforme indica un informe del poder judicial de ese estado.
El 60 por ciento de estos internos cumplen prisión preventiva, según el informe. Son encarcelados habitualmente junto con presos que tienen condena efectiva, lo cual supone una violación de estándares internacionales.
El derecho de un detenido de ser llevado ante un juez inmediatamente es un derecho fundamental reconocido por la legislación internacional y consagrado en tratados que ratificados por Brasil, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese derecho se aplica a todos los detenidos sin excepción, y su propósito es que la detención de una persona en el marco de una investigación penal quede sujeta a control judicial. La persona debe ser llevada físicamente ante un juez para que éste pueda indagar sobre el trato impartido mientras estuvo bajo la custodia de la policía.
Las audiencias de prisión preventiva también son cruciales para erradicar la tortura y el maltrato de detenidos por parte de policías, un problema grave en Brasil. El juez Fernando Mendonça dijo a Human Rights Watch que constató signos de maltrato en tres casos durante las audiencias de prisión preventiva que presidió como parte del programa piloto, y remitió esos casos a la Fiscalía. Las señales físicas de maltrato muy probablemente habrían desaparecido si los detenidos hubieran tenido que esperar varios meses para tener su primer encuentro con un juez.
Un proyecto legislativo presentado en el Congreso de Brasil en 2011 exigiría que las audiencias de prisión preventiva se extiendan a todo el país, pero el Congreso aún no se ha pronunciado al respecto. En febrero de 2015, el estado de São Paulo puso en marcha su propio programa de audiencias de prisión preventiva junto con el Consejo Nacional de Justicia.
“El Congreso de Brasil tiene que dejar de aplazar el debate sobre el proyecto sobre audiencias de prisión preventiva y convertirlo en ley”, sostuvo Canineu. “Pero los estados no necesitan esperar a que Brasilia actúe en ese sentido. Maranhão ha demostrado que las audiencias de prisión preventiva respetan los derechos humanos y al mismo tiempo ofrecen resultados prometedores”.
Resumen de hallazgos
Durante años, la falta de audiencias sobre prisión preventiva en Maranhão tuvo como resultado el encarcelamiento ilegal de personas acusadas de delitos de gravedad menor, que no deberían haber sido asignadas a ese régimen conforme al derecho brasileño. Llenar las cárceles con personas que legalmente no deberían estar allí genera superpoblación, una de las principales causas del crecimiento de las pandillas en Maranhão.
Las personas en prisión preventiva son alojadas habitualmente con presos condenados por crímenes, lo cual constituye otra violación del derecho internacional que ha propiciado el reclutamiento por parte de las pandillas.
Las personas que no pertenecían a pandillas antes de ser detenidas se sienten presionadas para unirse a uno de esos grupos al ser encarceladas, según aseveraron detenidos, familiares y autoridades locales a Human Rights Watch. Cuando los detenidos llegan a la prisión, el personal penitenciario les pregunta a qué pandilla pertenecen y los asigna a unidades controladas por ese grupo. También pueden solicitar ser enviados a una unidad “neutral” si afirman no pertenecer a pandillas. Sin embargo, tanto detenidos como funcionarios indicaron que creían que también en esa unidad había miembros de pandillas.
El subdirector de la Defensoría Pública de Maranhão dijo a Human Rights Watch que en casos vinculados con drogas la primera audiencia ante un juez se produce “en el mejor de los casos” entre 90 y 120 días después de la detención. “Eso implica que las pandillas tienen 120 días para convencer a la persona de que se sume a sus filas”, observó.
En el caso de detenidos acusados de otros delitos, la espera suele ser incluso mayor, conforme dijeron a Human Rights Watch diversas autoridades. Human Rights Watch identificó casos de personas que llevaban hasta nueve meses en prisión preventiva sin ser llevadas ante un juez.
Tras una serie de graves episodios de violencia penitenciaria, finalmente Maranhão comenzó a realizar audiencias de prisión preventiva a partir de octubre de 2014. Hasta diciembre, el 20 por ciento de las personas detenidas en flagrancia —es decir, en el momento mismo en que presuntamente estaban cometiendo un acto ilícito— en São Luis tuvieron audiencias de prisión preventiva, según el primer informe oficial sobre el programa piloto. Las evaluaciones preliminares muestran que las audiencias han ayudado a evitar el encarcelamiento preventivo arbitrario e improcedente de personas acusadas de delitos no violentos y que tales audiencias pueden ser realizadas gracias a la colaboración de autoridades locales y la policía. Otros estados de Brasil deberían seguir este ejemplo, señaló Human Rights Watch.
Superpoblación penitenciaria y crecimiento de pandillas en Maranhão
La superpoblación ha sido un problema constante durante años en las cárceles de Maranhão, que ha contribuido a crear un clima de falta de control dentro de los centros penitenciarios y el fortalecimiento de las pandillas.
En octubre de 2014 había 6.538 personas detenidas en un sistema con capacidad para 3.605, según un informe del poder judicial del estado. Pedrinhas contaba con 152 internos en una unidad para 96, y 252 en otra unidad con capacidad para 104. Durante la visita efectuada en enero de 2015, Human Rights Watch pudo advertir que había entre 12 y 16 personas en tres celdas, cada una con capacidad para 8. En una celda había 9 detenidos, pero apenas tres literas de cemento.
Esta superpoblación hace muy difícil para los guardias mantener el control y proteger a los internos de otros presos, según dijeron dos ex guardias penitenciarios de Pedrinhas a Human Rights Watch. Uno de ellos contó que durante muchos años no hubo suficientes guardias para ingresar de manera segura a los pabellones y las celdas con el fin de “impedir atrocidades y delitos”. Debido a ello, el personal penitenciario permanecía generalmente fuera de los portones de los pabellones. Durante años las celdas no estuvieron cerradas en Pedrinhas y los detenidos tenían libertad para desplazarse dentro de los pabellones.
Era habitual que internos originarios de São Luis victimizaran a otros detenidos oriundos del interior del estado, que eran enviados a Pedrinhas debido a que no había espacio en cárceles más cercanas a su lugar de residencia, informaron diversos funcionarios. Para defenderse, los presos del interior fundaron el PCM, lo cual motivó a los presos de São Luis a conformar Bonde dos 40. “El estado permitió que las pandillas tomaran el control del sistema penitenciario”, dijo a Human Rights Watch Cezar Castro Lopes, un ex guardia penitenciario que es actualmente vicepresidente del sindicato de guardias.
La violencia de las pandillas
Las pandillas fueron responsables de un incremento drástico del número de asesinatos ocurridos en las prisiones del estado durante 2013. Sesenta internos murieron ese año, en su mayoría en Pedrinhas, en comparación con los siete muertos registrados en 2012, según datos del Consejo Nacional de Justicia y de organizaciones no gubernamentales. En 2014 hubo 32 muertes violentas y se produjeron otras 3 entre enero y el 23 de marzo de 2015.
La mayoría de las víctimas fue atacada debido a su pertenencia real o supuesta a pandillas rivales. “Es una guerra”, dijo a Human Rights Watch desde prisión el líder del PCM, Moises Magno Soares Rodrigues, alias “Saddam”, refiriéndose a la violencia entre su pandilla y Bonde dos 40.
Ubiracy Pereira Aranha, de 22 años, fue una víctima fortuita de esa guerra. Recibió un disparo en la cabeza el 10 de octubre de 2013 luego de que miembros del PCM invadieran el área donde se encontraban internos que pertenecían a Bonde dos 40 durante un motín y los agredieran de manera indiscriminada. Otros ocho internos fueron asesinados ese mismo día y 20 resultaron heridos. Aranha había sido condenado por homicidio tras haber participado en un robo durante el cual uno de sus cómplices asesinó al propietario de un restaurante. El día en que murió debía salir de la prisión con un permiso temporal de dos semanas, según dijo su madre a Human Rights Watch.
En algunos casos miembros de pandillas asesinaron a internos de grupos rivales asignados a celdas o pabellones que ellos controlaban. AJ, un detenido, dijo que en junio de 2013 los funcionarios penitenciarios trasladaron a 16 miembros de Bonde dos 40 a un pabellón en Pedrinhas ocupado por internos que pertenecían al PCM. Él atribuyó la decisión a negligencia por parte del director del establecimiento, que no se molestó en verificar si pertenecían a pandillas. Desde una ventana, AJ vio cuando miembros del PCM asesinaban a tres de los internos transferidos con cuchillos de fabricación casera y con un revólver. Los otros miembros de Bonde dos 40 pudieron escapar, algunos de ellos con heridas, según dijo el testigo.
En varios casos los internos intentaron encubrir presuntos asesinatos con métodos macabros. Ronalton Silva Rabelo, de 32 años, quien estaba en prisión preventiva desde septiembre de 2012 bajo acusación de robo, fue declarado desaparecido el 1 de abril de 2013, según se indica en informes policiales y penitenciarios a los que tuvo acceso Human Rights Watch. JK, uno de sus compañeros de celda, dijo a la Policía que algunos días antes, ocho internos —entre ellos varios miembros de los Ángeles de la Muerte (Anjos da Morte, ADM), una pandilla poco numerosa— habían ingresado a la celda y se habían llevado por la fuerza a Rabelo. Uno de ellos llamó a los líderes de ADM para pedirles autorización para matar a Rabelo, pedido que fue concedido. Los homicidas desmembraron a Rabelo y cocinaron su cuerpo descuartizado para ocultar el olor que provocaría la descomposición del cadáver, y luego arrojaron los restos a la basura, indicó JK. PY, otro testigo, corroboró el relato de lo sucedido y dijo que Rabelo había sido asesinado porque antes de ser enviado a prisión había herido a un hombre que posteriormente quedó detenido en esa misma unidad.
La Policía decidió no iniciar una investigación penal formal luego de que algunos internos afirmaran haber escuchado rumores de que Rabelo había pagado 40.000 reales (aproximadamente USD 12.700) a dos empleados penitenciarios para que lo ayudaran a fugarse. En su testimonio, JK identificó a uno de esos internos como uno de los homicidas. La familia de Rabelo indicó que no creía que éste hubiera escapado, puesto que iba a ser liberado unos pocos días después.
En 2014 también desapareció otro interno, Rafael Alberto Libório Gomes, de 23 años. Sus restos desmembrados fueron hallados enterrados dentro del predio penitenciario unos días después.
En otros casos miembros de pandillas mutilaron los cuerpos de sus víctimas y los dejaron a la vista. Las primeras decapitaciones en las cárceles de Maranhão ocurrieron durante un motín en Pedrinhas en 2010 y desde entonces ha habido varios episodios en los que los internos han decapitado a víctimas, según las autoridades locales. En enero de 2014 grabaciones de vídeo realizadas por presos y publicadas en línea por el periódico Folha de São Paulo mostraron los cuerpos decapitados de tres de los cuatro internos asesinados por otros reclusos en diciembre de 2013.
Separación de miembros de pandillas
El gobierno de Maranhão declaró el estado de emergencia en el sistema penitenciario y desplegó a miembros de la Policía Militar y la Guardia Nacional en Pedrinhas en octubre de 2013, luego de que 9 internos murieran y 20 resultaran heridos como consecuencia de un motín. Algunos miembros de pandillas también incendiaron autobuses en São Luis y a causa de esos sucesos violentos las escuelas suspendieron las clases.
Un año después, en un intento por reducir la violencia en Pedrinhas, las autoridades penitenciarias comenzaron a alojar a miembros de pandillas en unidades distintas. Anteriormente, los internos de distintas pandillas habían estado en las mismas unidades y, si bien estaban en pabellones separados, tenían más oportunidades de cruzarse, indicó Paulo Rodrigues da Costa, quien se desempeñó como director del sistema penitenciario del estado entre septiembre y diciembre de 2014. Las autoridades también comenzaron a cerrar las celdas, en vez de permitir que los internos quedaran libres dentro de los pabellones. Desde entonces, la cantidad de muertes se redujo drásticamente. Entre el 1 de octubre de 2014 y el 20 de marzo de 2015 hubo cinco muertes en Pedrinhas. Sin embargo, ha aumentado el control que ejercen los cabecillas de las pandillas sobre la población penitenciaria, según dijeron varias autoridades estatales a Human Rights Watch.
Presión para sumarse a pandillas
Al llegar a Pedrinhas, los detenidos de sexo masculino, tanto si cumplen una condena como si están en prisión preventiva, son recluidos inicialmente en una unidad de “triage”, donde hay celdas reservadas para miembros de Bonde dos 40, para miembros del PCM y para detenidos que no pertenecen a pandillas. Las autoridades penitenciarias preguntan a los recién llegados si pertenecen a una pandilla y los asignan a distintas celdas en función de su respuesta.
Los internos que dicen que pertenecen a pandillas son posteriormente transferidos a una de cinco unidades en Pedrinhas destinadas a una de las dos pandillas. Quienes se declaran “neutrales” son trasladados a un establecimiento denominado “Cadet” (abreviatura de “Casa de Detenção”), que supuestamente está libre de la actividad de pandillas. Sin embargo, funcionarios penitenciarios y jueces dijeron a Human Rights Watch que sospechaban que también había miembros de pandillas en el recinto “neutral”. Las internas de sexo femenino son encarceladas en una séptima unidad.
Diversos internos dijeron a Human Rights Watch que reciben fuertes presiones para sumarse a las pandillas. Un hombre que cumplía prisión preventiva indicó que miembros de Bonde dos 40 y el PCM habían llamado a su esposa para avisarle que él debía unirse a una pandilla. Actualmente está detenido en una unidad especial de aislamiento para garantizar su seguridad.
OS tiene 42 años y se encuentra detenido en un establecimiento “semiabierto” en São Luis, donde se permite que internos que ya han cumplido parte de su condena salgan durante el día y regresen por la noche. Trabaja en el minimercado de su hermano, en un barrio controlado por Bonde dos 40. OS contó que en Pedrinhas se sintió obligado a quedarse en celdas del PCM porque es oriundo del interior del estado. “En la cárcel o vas con el PCM o con Bonde, no existe una posibilidad neutral”, aseveró.
Actualmente, miembros de Bonde dos 40 lo consideran un enemigo, a pesar de que ni él ni su hermano pertenecen formalmente al PCM. Afirmó que reciben amenazas de miembros de esa pandilla en el barrio y que todos los días temen por su vida. En agosto de 2013 Bonde dos 40 mató a un tercer hermano suyo frente a su casa en São Luis.
La fiesta supuestamente organizada por Bonde dos 40
En la noche del 16 de enero de 2015 la Policía irrumpió en una fiesta en São Luis tras recibir llamadas anónimas en las cuales se advertía de que el encuentro había sido organizado por Bonde dos 40. Los agentes señalaron que encontraron dos armas y una cierta cantidad de droga en la vivienda, aunque no pudieron determinar a quiénes pertenecían. Pusieron en libertad a las mujeres y a los menores de edad y arrestaron a 36 jóvenes, según dijo a Human Rights Watch una mujer que asistió a la fiesta. La Policía les acusó a todos ellos de tenencia ilegal de armas, instigación al consumo de drogas y corrupción de menores. Un juez ordenó la prisión preventiva de todos tras recibir el expediente policial, sin ver a ninguno personalmente.
Human Rights Watch entrevistó a dos de los detenidos y a familiares de otros nueve. Todos insistieron en que la fiesta no estaba relacionada en absoluto con Bonde dos 40 y que ni ellos ni sus familiares tenían nexos con esa pandilla.
Sin embargo, al llegar a Pedrinhas los detenidos pidieron ser alojados junto con miembros de Bonde dos 40. Uno de los detenidos, GH, dijo que eran de un barrio controlado por esa pandilla y resaltó que los medios de comunicación los habían identificado equivocadamente como miembros de Bonde dos 40 el día de la detención. “Todos tenemos miedo de que nos maten” si nos envían a una celda donde haya miembros del PCM, expresó. GH, de 23 años, está casado y tiene un hijo. Trabaja para una empresa de envíos.
Otro detenido, RC, de 20 años, estaba cursando estudios sobre logística portuaria en Senai, una escuela de formación profesional, pero no pudo diplomarse debido a que se ausentó más de tres días por estar encarcelado, afirmó su madre, que es propietaria de una tienda de mascotas. Decidió ir a la fiesta en el último momento cuando lo llamaron unos amigos mientras iba a jugar al fútbol, aseveró. Tiene previsto asistir a la universidad y estudiar ingeniería mecánica, contó su madre. “Nunca vi que usara drogas”, dijo. “Le gusta ir a fiestas. Le encanta bailar”.
HY, de 27 años, otro de los detenidos en la fiesta, trabaja como albañil para un contratista de Vale do Rio Doce, una compañía multinacional minera. Está casado y tiene dos hijos. Afirmó que temía perder su empleo debido a que estaba en prisión. Señaló no tener un abogado.
BT, cuyo sobrino de 18 años fue detenido, dijo que una vez que fueran liberados los jóvenes tendrían que tener mucho cuidado de no ingresar por equivocación a barrios controlados por el PCM. “Luego de este incidente, su vida cotidiana no será la misma, a menos que se vayan a vivir fuera del estado”, afirmó. “Perderán la libertad de ir de aquí para allá según les plazca”.
La Policía en Maranhão llevó a cabo grandes operaciones de detención en otras dos fiestas que, según aseveró, habían sido organizadas por Bonde dos 40 entre septiembre de 2014 y enero de 2015.
Audiencias de prisión preventiva en Maranhão
En respuesta a la escalada de violencia en las cárceles del estado, un comité que incluyó entre sus miembros a representantes del gobierno estatal, el poder judicial, la Defensoría Pública, la Fiscalía y la Policía propuso diversas iniciativas para abordar las causas del problema, incluida la superpoblación carcelaria. Una de ellas fue realizar audiencias de prisión preventiva para quienes hubieran sido detenidos mientras cometían un delito.
Si bien las autoridades de Brasil ya están obligadas conforme al derecho internacional a llevar a cabo tales audiencias, el programa piloto determinó que éstas también contribuyen a reducir el número de personas en prisión preventiva. Las audiencias evitan la detención arbitraria y permiten que jueces independientes adopten determinaciones sobre la base de evidencias con respecto a la necesidad y la legalidad de mantener encarcelada a una persona.
Conforme a las normas adoptadas por el poder judicial del estado de Maranhão, las audiencias de prisión preventiva deben producirse dentro de las 48 horas siguientes a la detención. En las audiencias los jueces solamente se pronuncian acerca de si resulta pertinente disponer la prisión preventiva conforme al derecho brasileño, y no sobre la culpabilidad o no del acusado por el crimen imputado. El derecho brasileño prevé que para que un juez dicte la prisión preventiva debe determinar que existe riesgo de que el detenido altere las pruebas o amenace a un testigo, representa riesgo de fuga, es una amenaza para el “orden público” o el “orden económico” nacional, o ha violado las condiciones del régimen de libertad provisional.
La prisión preventiva puede determinarse únicamente si el acusado está acusado de un delito para el cual se prevé una pena máxima de más de cuatro años de cárcel, o cuando la persona haya sido condenada previamente por otro delito, los cargos se relacionen con hechos de violencia doméstica o haya dudas con respecto a la identidad del detenido. Los jueces en Maranhão también tienen la opción de obligar a los sospechosos a llevar un dispositivo de localización GPS en el tobillo y a regresar por la noche a sus casas como condición para disponer su libertad provisional.
Entre el 17 de octubre y el 5 de diciembre de 2014, se celebraron 84 audiencias de prisión preventiva en el estado, según el primer informe oficial sobre la iniciativa. Los jueces dispusieron la prisión preventiva de 43 sospechosos y liberaron a otros 41, casi el 50 por ciento del total. Durante ese mismo período los jueces liberaron al 10 por ciento de los detenidos que no tuvieron audiencias de prisión preventiva.
Varios jueces aseveraron que la falta de estas audiencias había permitido que se mantuviera en prisión a personas que deberían haberse beneficiado con la libertad provisional. Entre ellas estaban detenidos acusados de delitos de gravedad menor que no cumplirían pena de prisión incluso en caso de ser condenados.
Por ejemplo, CV permaneció más de dos meses en una cárcel acusado de haber comprado una motocicleta robada, a pesar de que no tenía antecedentes penales y no habría recibido una pena de prisión en caso de ser condenado. Cuando fue detenido, un jefe de Policía fijó una fianza de 724 reales (USD 262), que CV no pudo pagar, conforme se indica en su expediente. La Defensoría Pública se percató de su caso, pidió su liberación y fue puesto en libertad provisional. Su paso por la cárcel le costó a los contribuyentes aproximadamente 5.000 reales (USD 1.811).
Con respecto a los hombres detenidos en la fiesta supuestamente organizada por Bonde dos 40, los jueces que impulsan el programa de audiencias de prisión preventiva se interesaron por el caso y las llevaron a cabo casi dos semanas después de su arresto. El juez que las presidió determinó que los hombres debían ser liberados en forma provisional ya que no suponían una amenaza para la sociedad. Advirtió de que la Policía no había aportado ninguna evidencia que vinculara a los detenidos con actividades de pandillas, ni con las armas y las drogas presuntamente halladas en la fiesta.
El derecho a una audiencia de prisión preventiva en el derecho internacional
El derecho a ser llevado ante un juez sin demora se encuentra consagrado en tratados ratificados por Brasil, incluido el PIDCP y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, responsable de la interpretación del PIDCP, ha indicado a los Estados que el requisito se aplica “en todos los casos sin excepción” y ha determinado que el período entre la detención de una persona y el momento de la vista judicial “no debe exceder de unos pocos días”, aun en situaciones de emergencia. El detenido “debe comparecer físicamente ante el juez”, señaló el comité, ya que “la presencia física de las personas recluidas en la vista permite investigar sobre el trato que han recibido durante la reclusión”.
Otros países en América Latina han incorporado este derecho a su legislación interna. Por ejemplo, en Argentina en casos de detención sin orden judicial el detenido debe ser llevado ante una autoridad judicial competente en un plazo de seis horas.
En Chile, cuando una persona es arrestada en el momento mismo en que comete un delito, debe ser presentada a un fiscal dentro de las 12 horas siguientes, y éste debe disponer su liberación o llevarle a una audiencia ante un juez dentro de las 24 horas siguientes a la detención. En Colombia, la persona detenida en el momento en que comete un acto ilícito debe ser llevada ante un juez en un plazo máximo de 36 horas. En México, ese período es de 48 horas.
En cambio, el código de procedimiento penal de Brasil prevé que cuando un adulto sea detenido en flagrancia, solamente los informes policiales del caso — y no la persona detenida— se deberán presentar al juez dentro de las 24 horas. Los jueces evalúan la legalidad de la detención y deciden sobre su continuidad o sobre la posibilidad de libertad provisional exclusivamente sobre la base de documentos escritos. Recién ven al detenido durante la primera audiencia, que a menudo se produce meses después de la detención.
La audiencia de prisión preventiva como garantía contra la tortura
Las normas vigentes en Maranhão relativas a las audiencias de prisión preventiva también exigen a los jueces observar signos de maltrato físico o psicológico en los detenidos. El juez Fernando Mendonça afirmó que advirtió signos de maltrato en tres casos durante las audiencias de prisión preventiva que celebró entre octubre y fines de enero de 2015, y que remitió esos casos a la Fiscalía. Esas señales físicas de posibles torturas muy probablemente habrían desaparecido antes de que un juez pudiera ver a los detenidos si no se hubieran realizado las audiencias.
La tortura continúa siendo un problema grave en Brasil. En investigaciones anteriores llevadas a cabo sobre este tema, Human Rights Watch encontró en 64 casos de presuntos abusos ocurridos desde 2010 pruebas convincentes de que las fuerzas de seguridad o las autoridades penitenciarias eran responsables de trato cruel, inhumano o degradante de personas bajo su custodia. Los abusos con frecuencia ocurren durante las primeras 24 horas de custodia policial. En 2014, la Defensoría del Pueblo recibió 2.374 denuncias de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en prisión o en dependencias policiales a través de un servicio de atención telefónica, lo cual representa un incremento de más del 25 por ciento respecto de 2013, según cifras proporcionadas a Human Rights Watch.
El futuro de las audiencias sobre prisión preventiva en Brasil
Las audiencias de prisión preventiva del programa piloto de Maranháo únicamente se llevan a cabo en São Luis y en general solo para personas detenidas en horas diurnas. Los jueces de guardia durante las noches y los fines de semana son renuentes a celebrar audiencias de prisión preventiva, argumentando que no es sencillo compaginarlas con su trabajo habitual, según el primer informe oficial sobre el programa. El informe indicó que esto ha generado un trato desigual de los detenidos y que deberían celebrarse audiencias sobre prisión preventiva en todos los casos. Los jueces que participan en el programa piloto dijeron a Human Rights Watch que esperan ampliar las audiencias de prisión preventiva al resto del estado y a todos los casos de São Luis en los próximos años.
El Consejo Nacional de Justicia ha instado a otros estados a que empiecen a implementar audiencias de prisión preventiva. Además, ha apoyado el inicio del programa piloto en São Paulo, que también cuenta con el respaldo del Ministerio de Justicia. Las audiencias, que comenzaron el 24 de febrero de 2015, se están celebrando actualmente en el centro y sur de São Paulo, pero está previsto que se extiendan al resto de la ciudad en unos pocos meses, según indicó el Consejo Nacional de Justicia. Asimismo, autoridades judiciales del estado de Piauí han señalado que conformarán una comisión para preparar un programa de audiencias de prisión preventiva.
El proyecto legislativo presentado al Congreso exigiría que las audiencias tengan lugar dentro de las 24 horas tras la detención en todo el país. El proyecto señala que una audiencia sin demora ante un juez garantiza la seguridad física y psíquica de los detenidos, previene la tortura y permite que los jueces constaten la legalidad de la detención.
