La aplicación de la reforma procesal penal es el nuevo terreno de conflicto en el interior del Poder Judicial. Ayer, Julio Piumato tuvo una nueva ronda de reuniones y contactos discretos en el fuero penal de la Capital, donde la inquietud es el destino de los empleados de los juzgados una vez aplicada la reforma. En el modelo acusatorio, los jueces se convierten en jueces de garantías y casi no tienen personal a su cargo. El destino de los empleados no está previsto en la ley que votó el Congreso.
La cercanía de las elecciones agita el panorama, especialmente en aquellos sectores de la Justicia que aspiran a lograr que la próxima administración derogue la reforma que les da el poder de investigación a los fiscales.
La reunión que Piumato organizó ayer se complementa con un encuentro más reservado que tuvo lugar el miércoles a última hora y que fue convocado por el camarista Rodolfo Pociello Argerich, defensor de que el gremio de jueces tenga una postura agresiva frente al desafío de la reforma. Jueces y empleados del fuero penal ordinario cuestionan que la aplicación de la reforma no comience en los juzgados federales de Comodoro Py, donde tramitan casos que inquietan al kirchnerismo. En las reuniones de la Cámara del Crimen se atribuye esa postergación de la aplicación en Comodoro Py a una negociación con el oficialismo.
Al menos por ahora, el esquema salarial que viene a proponer el nuevo modelo no es todo lo seductor que se preveía. Los jueces de primera que serán jueces de garantías pasarán a ganar como camaristas. Una movilidad ascendente similar se dará en las fiscalías donde, al revés de la situación de los juzgados (cuya estructura se reduce, fundamentalmente por el incremento de la oralidad de los procesos), habrá decenas de cargos a disposición. Será otro frente de conflicto, porque entre los jueces se ha instalado que en esos cargos emplazados en unidades fiscales, en lugar de reubicar a los empleados de los juzgados, allí pasarán a desempeñarse recomendados de la procuradora Alejandra Gils Carbó y del kirchnerismo juvenil.
En la percepción de la Corte Suprema, esta supuesta voracidad ocupacional se relativiza. Gils Carbó ha peregrinado hacia el máximo tribunal con bandera blanca y un estilo dialoguista que se profundizó cuando el Gobierno le transfirió a la procuración la oficina de pinchaduras. Las firmas de los últimos días demuestran que no es sólo una cuestión de formas: esta semana, la procuradora dictaminó en favor del Grupo Clarín.
Los tiempos de la aplicación que el oficialismo proyecta son veloces. Ayer, Miguel Pichetto se reunió con el viceministro Julián Álvarez, para planificar la convocatoria a la Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que se creó mediante la ley que instauró la reforma. Los senadores que representarán al kirchnerismo son Marcelo Fuentes, Pablo González, Pedro Guastavino, Sigrid Kunath y Rodolfo Urtubey. Además, Pichetto y Álvarez indicaron que «entre el bloque del FpV y el Ministerio de Justicia hemos consensuado un primer borrador del proyecto de Implementación del Código Procesal Penal de la Nación, y la idea es comenzar a analizarlo en el ámbito de la Comisión Bicameral».
Por cierto: al cierre del encuentro, el jefe de la bancada kirchnerista en el Senado recordó, sólo para dejarlo asentado, que la aplicación por ahora no llega al fuero federal.
Otro gesto del oficialismo en su búsqueda de distender los ánimos con los jueces más decisivos, en plena temporada de elecciones. En ese sentido, todas las miradas están puestas en si la semana que viene la Cámara Federal le rechazará al fiscal Germán Moldes su recurso para que la denuncia de Nisman contra Cristina de Kirchner llegue a la Casación Penal Federal. Un nuevo rechazo implicaría el camino inexorable hacia el archivo.
