El Gobierno apura desde hoy los tiempos del nuevo Código Procesal. Es la nueva herramienta que relanzará otra discusión que mantendrá entretenido al Congreso por un tiempo, pero que además debe sellar algunos acuerdos claves para la Casa Rosada. Hoy se constituirá la Bicameral de seguimiento del Código Procesal Penal. Es el cuerpo que debe analizar y debatir el proyecto que enviará el Gobierno para poner en marcha ese Código, pero también definirá cuestiones pendientes como manejo de fondos de la Procuración General, el destino de unos 1.000 empleados de ese organismo que pasarán a fiscalías.
No es poco pensando en la cantidad de puestos claves que se habilitarán para nombramientos tras el hueco que dejarán esas transferencias.
Detrás de toda esa arquitectura legal y de fondos hay otra decisión política. En el Congreso, tanto oficialistas como opositores reconocen que el Gobierno ya tomó la decisión de no aplicar el nuevo Código Procesal Penal a la Justicia Federal.
No es un capricho, todo lo contrario, es una presión de los jueces federales que abrió una de las negociaciones más jugosas de los últimos meses con beneficios mutuos para las partes: los jueces siguen con las manos libres frente a fiscales y el Gobierno logra algo de calma en el fuero que se le volvió en parte rebelde en este final de mandato presidencial.
En todos los ensayos de proyectos para poner en marcha el Código Procesal Penal estuvo presente algún camino transitorio. Se habló, entonces, de aplicarlo en primer lugar en la Justicia Federal chaqueña, una suerte de prueba, para después pasar a Mar del Plata y recién bastante más adelante a todos los juzgados federales del país.
Por ahora, se jura, los Federales continuarán con el viejo Código y el nuevo, que traslada el impulso de la investigación a los fiscales al consagrar el sistema acusatorio como en casi todas las provincias, se aplicará en la Justicia Penal Nacional, es decir, la que rige en la Ciudad de Buenos Aires.
El punto a saber es dónde quedará el equilibrio entre las presiones de los jueces federales y el Gobierno. Los habitantes del tercero y cuarto piso de Comodoro Py, la mayoría en situación de jubilación dentro de no muchos años, no quieren que les hablen a esta altura de sus vidas de ceder el poder de acción en las causas a fiscales.
El Gobierno quiere avanzar con el sistema acusatorio, pero en el medio aparece un acuerdo de paz judicial, por lo menos así se lo reconoce en el Senado, que demorará la aplicación del nuevo Código a los federales, por lo menos hasta bastante tiempo después que termine el mandato de Cristina de Kirchner. La discusión se aceleró hace una semana, cuando Julián Álvarez, secretario de Justicia, visitó a Miguel Pichetto para coordinar cómo se cumpliría con la orden presidencial de poner en marcha la Bicameral de Seguimiento del nuevo Código Procesal Penal y, con ella, la votación de la ley que pondrá en marcha ese Código.
El Gobierno pasa así de las complicaciones por la nominación y el acuerdo a Roberto Carlés (que anoche seguía sin número para reunir los dos tercios y con pronóstico no confirmado de levantamiento de la sesión) a intentar relanzar su agenda en el Congreso una vez más con un debate caliente que, en algunos puntos, será bastante más complicado que la discusión original para votar el nuevo Código Procesal Penal.
Hoy arrancará la Bicameral, aunque sea para la formalidad de constituirla y poner en marcha la organización. Es lo que Pichetto le prometió a Álvarez hace una semana.
A la cabeza estará el kirchnerista Rodolfo Urtubey, como vice, otra FpV, Anabel Fernández Sagasti. Detrás vanCarlos «Cuto» Moreno, Diana Conti, Graciela Giannettasio, y Carlos Raimundi por Diputados; Marcelo Fuentes y Pedro Guastavino por Senadores del FpV. Por el radicalismo confirmaron Ángel Rozas y Mario Cimadevilla y el Peronismo Federal enviará a Liliana Negre de Alonso.
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