La Justicia Federal de Rawson le exigió al director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, que tome medidas urgentes para frenar la escalada de violencia interna que se registra en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Rawson. El pedido nació del fiscal federal Fernando Gélvez y se plegó el juez Hugo Sastre, ambos muy preocupados por la gran cantidad de presos que denuncian ser víctimas del extremo maltrato de parte de los agentes que controlan esa cárcel. Paradójicamente, los oficios enviados por Sastre y Gélvez a Capital Federal –sede del SPF- están fechados el 29 de diciembre, 5 días antes de que un interno fuera asesinado en el penal rawsense tras ser apuñalado con una “faca” que le perforó el corazón.
Según el aviso del fiscal de ese Juzgado a Hortel, “deseo hacerle saber mi preocupación por diversos sucesos de relevancia penal que acontecieron en el interior del Instituto de Seguridad y Resocialización”, el casi protocolar nombre de la U-6. Gélvez aclaró que “si bien se encuentran tramitando las causas penales correspondientes, es notable la cantidad de hechos de violencia física denunciados por los internos allí alojados”. De acuerdo al reclamo escrito, los presos afectados “sindican como autores a distintos integrantes del SPF”. Gran parte de los incidentes, según el oficio, se produjeron en diciembre “obteniendo de distintas fuentes tales datos e informaciones”.
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“En cuanto a la violencia física, que se encuentra con probabilidad acreditada en diversas investigaciones penales, cuyos afectados son internos y los presuntos sujetos activos miembros del SPF, cabe hacer la acotación de que se estarían implementando prácticas que se habían dejado de realizar en dicho establecimiento carcelario”, añadió el fiscal, en referencia a las célebres “recepciones de bienvenida”, esas golpizas de los uniformados a los condenados recién llegados, que se creían terminadas.
Gélvez agregó que “también es preocupante la cantidad de episodios históricos punibles en los cuales los internos utilizan elementos de fabricación casera como facas, púas, etcétera”. El fiscal advirtió que para fabricar estas armas, “deben contar con materia prima que evidentemente ingresa a los distintos pabellones desde afuera del establecimiento aludido o de los talleres, puesto que según las autoridades se han tomado todos los recaudos para que no se puedan extraer de las celdas de tales pabellones”.
La versión del juez Sastre es similar. Su carta a Hortel apunta a “hacerle saber mi profunda preocupación por los reiterados y graves hechos de violencia en la Unidad 6 de Rawson, perteneciente a ese SPF a su cargo, durante el último mes del año”. Tal como apuntó el fiscal, el magistrado recordó que se tramitan varias causas iniciadas no sólo por las denuncias “efectuadas por los internos que habrían resultado víctimas” de la violencia, sino también por funcionarios de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que en la capital representa Carlos Parodi.
Estado crítico
Aunque se cuidó de “no emitir juicio” respecto de esas investigaciones en trámite, el juez federal resaltó: “Inquieta sobremanera que en todos los casos denunciados se sindica a funcionarios penitenciarios como probables autores de los presuntos ilícitos penales investigados”.
Tal como dijo Gélvez, en muchos de los episodios de violencia “se advierte el empleo de armas de fabricación casera como facas, púas, arpones, etcétera, para cuya manufactura necesariamente se requiere material que con probabilidad ingresa a los pabellones desde el taller de la Unidad o desde el exterior”. Sastre subrayó al jefe del Servicio Penitenciario que este estado de cosas “propició un escenario carcelario dramático como hace muchos años no se vivía en Rawson”.
“Como juez federal con competencia material y territorial sobre el funcionamiento de la U-6 –concluye el contundente texto- no puedo permanecer inmutable ante los gravísimos episodios ventilados en las diversas causas en trámite. Por tal motivo le solicito que tome intervención urgente en el asunto y disponga las medidas a su alcance para ajustar el funcionamiento del establecimiento penitenciario”.
