El jefe de los fiscales de la provincia del Chaco, Jorge Canteros, volvió a expresar su preocupación por la falta de infraestructura para poner en marcha la recientemente aprobada ley que busca provincializar la investigación de delitos menores vinculados a drogas. Citó el caso de la provincia de Salta, donde durante el primer año de implementación de la norma se incrementó en un 20 por ciento la población carcelaria y otro 20 por ciento en los ocho meses posteriores.

Canteros reveló que, en una reunión realizada diez días antes de la sanción de la ley, ya le habían expresado al gobernador cuáles eran los principales elementos a tener en cuenta para avanzar en la adhesión a la ley nacional y combatir a nivel provincial el denominado narcomenudeo. Entre ellas, principalmente se encuentra el actual colapso del Sistema Penitenciario Provincial por la falta de infraestructura edilicia que obliga, incluso, a alojar a detenidos en las comisarías. En ese sentido, graficó que la provincia de Salta es la única de las tres provincias  que implementaron la adhesión –además de Buenos Aires y Córdoba- “donde pareciera que anda bien, medido en número de procesos y personas detenidos y condenas”. No obstante, advirtió que a partir de la aplicación de la ley “en Salta la población carcelaria creció un 20 por ciento en el primer año, y otro 20 por ciento en los ocho meses siguientes, quiere decir que ya hay un 40 por ciento más de detenidos en relación al número fluctuante de detenidos entre imputados y condenados en la provincia”.

Dealers y enfermos

Otro de los asuntos problemáticos para avanzar con esta ley es la falta de establecimientos de recuperación de adictos en la provincia del Chaco. “Cortar el narcomenudeo implica tener trato con los dealers, los que mueven la droga en Resistencia y en toda la provincia, y también con el pequeño consumidor, que no deja de ser un enfermo que merece una mirada especial”, reflexionó Canteros en declaraciones a una emisora local.

Más consensos

Con respecto al debate del proyecto de ley, el procurador general recalcó en que “nosotros planteábamos que requería un tratamiento mayor de diversos sectores de la comunidad interesados en la temática a lo que no podían ser ajenos el ministro de Salud Pública de la Provincia, el Consejo de Abogados, el Colegio de Abogados”. Y agregó que “nosotros le sugerimos que se haga un tratamiento como con el Nuevo Diseño Organizacional del proceso penal porque pensábamos que si esto salía con un poco más de consenso era mejor, y realmente estos temas que planteamos nos preocupan por todas las implicancias que tienen. No solo hablamos de personas que cometen delitos sino también de enfermos, y eso merece una mirada especial por parte del Estado”.

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