Abundan las denuncias contra policías violentos. Obviamente no lo son todos, porque hay muchos que son correctos y actúan dentro de la ley. En las comisarías con los presos, en las canchas, como vecinos, en las calles, se dan situaciones en las que uniformados atacan, hieren, amenazan, aterrorizan a las personas. Lo peor es que con frecuencia suelen proceder así con los más pobres, los necesitados, los que tienen escasas o nulas posibilidades de defenderse.
Frente a esas situaciones, sigue latente la necesidad de implementar políticas específicas no sólo desde la Policía hacia la comunidad, sino dentro mismo de la fuerza de seguridad. La institución arrastra graves deficiencias por ausencia de perfiles policiales adecuados a los tiempos democráticos y la corrupción se ha enquistado allí tanto o más que en otros ámbitos de la sociedad.
Es necesario revisar la formación profesional de quienes tendrán el delicado deber de brindar seguridad a la población. En este sentido, es fundamental contar con perfiles que podrían dividirse por tipos de delitos que deben reprimir y modalidad que deben emplear, con un actualizado reglamento acorde a las instituciones de la Democracia. En éste se deberá garantizar a los ciudadanos que se sientan afectados por el comportamiento policial la recepción de denuncias con la aplicación de un debido proceso de investigación y sanciones, si correspondiese.
Sabemos que es muy difícil realizar los cambios, pero estos son indispensables e inexcusables, porque la brecha que se abre cada vez más entre la población y la Policía ahonda los problemas de inseguridad que nos agobian.
Está previsto en la reforma de la Constitución provincial que se ponga en marcha un Observatorio de Derechos Humanos. Esta institución será clave para seguir de cerca esas transformaciones que deben realizarse en la Policía para su propio bien y el de toda la comunidad.

 

 

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