Así lo sostiene el fiscal general federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, en referencia a las causas por daños ambientales contra políticos y empresarios. Un análisis de la situación actual de justicia y su vinculación con el poder político y económico.
Ampliar el foco y la conciencia de lo que se entiende por daño ambiental. Comprender que esto implica la afectación a la vida, en todas sus manifestaciones, para así empezar a dimensionar su implicancia. Por esto es que, para Antonio Gustavo Gómez, los delitos ambientales deber ser entendidos como de lesa humanidad.
El relato del fiscal general federal de Tucumán sobre causas vinculadas al ambiente está salpicado de claroscuros. Detrás de cada aspecto positivo reconocido habrá una sombra turbia que afectará la meta de justicia que se pretenda. De espaldas a la corrupción también podrán resaltarse aspectos que determinen que no todo está perdido en la administración de justicia.
“Es que veo las cosas como un vaso medio lleno y medio vacío. En Tucumán somos líderes en el país en materia de procesamientos y juicios orales y públicos contra empresarios que ganan dinero en contra de la salud de la gente. Ojalá Buenos Aires tuviera la experiencia que demostraron los jueces tucumanos en esta materia. Así, por ejemplo, la situación del Riachuelo sería otra. El Derecho Penal es una herramienta formidable y la reducción de la contaminación sobre cuenca Salí-Dulce tiene que ver con los procesamientos a empresarios de ingenios, de frigoríficos o intendentes, entre otros”, afirma Gómez para, inmediatamente, mostrar la criatura bicéfala de esta realidad.
“Al mismo tiempo, me parece que demorar diez años para elevar a juicio con un expediente que es cortar y pegar, ya que el resultado de las pruebas estaba listo desde 2006, significa que esta mora no beneficia en nada a la Justicia y hace que la gente no crea en nuestro trabajo”, agrega el fiscal en referencia a la reciente elevación a juicio contra el empresario José Minetti por la contaminación generada por el ingenio Bella Vista. Se trata de una investigación que se inició hace una década con el objetivo de comprobar cómo esta empresa azucarera violó la ley de Residuos Peligrosos a través del desecho de efluentes industriales sin el tratamiento adecuado.
“Frente a este panorama de mora decidimos invitar a las víctimas de la contaminación de ingenios a que se presenten en las fiscalías y reclamen porque pueden ser querellantes y cobrar indemnizaciones por el daño sufrido durante tantos años”, alienta Gómez.
Minera Alumbrera: el banquillo sigue vacío
Por la misma senda del desesperante anhelo de justicia ante la carencia de celeridad, el caso más emblemático es el de Minera Alumbrera.
La gran cantidad de pruebas aportadas aún no fue suficiente como para que directivos de esa firma sepan lo que es un juicio oral por daño ambiental.
“Llevamos 16 años y, lamentablemente, creo que el impacto de ser una empresa con 1.700 millones de dólares invertidos en una región donde la desocupación manda es un pelotazo a la administración de justicia. Ya hay cuatro causas penales contra Minera Alumbrera por violación a las normas ambientales, sin contar las de contenido económico por contrabando y evasión impositiva. Esta demora significa que el poder económico tiene sus garras puestas en muchos tribunales del país. Yo entiendo que este tipo de delito es de lesa humanidad y debe ser crucial al momento de resolver la situación procesal”, afirmó el fiscal general.
Gobierno nacional y extractivismo
Frente a este panorama el contexto político es de radical valor a la hora de entender la impunidad Minera Alumbrera. No existe otra forma de comprender esta realidad si no se analiza el escenario político-económico que empapa a la Justicia a la hora de abordar este caso.
“El proceso judicial se complica en absoluto cuando desde el Gobierno se mantiene el extractivismo como política de Estado”, razona Gómez, antes de volver a apelar a la balanza que matiza su análisis. “El contexto es contradictorio porque este mismo Gobierno es el que sancionó leyes como la Nº24. 051 (Residuos Peligrosos) que prevé penas de prisión de hasta 25 años en casos de contaminación que causan daños a las personas. Argentina tiene con esta norma una muy buena herramienta ante delitos ambientales. Entonces, esta contradicción nos muestra que detrás de cada delito ambiental siempre tenemos un funcionario público corrupto. Tenemos un problema más de corrupción de funcionarios públicos que de política ambiental”. Por Esteban Stanich
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