Son muchas las muertes de jóvenes que se dan bajo la figura que desde hace décadas se comenzó a denominar gatillo fácil, una de las formas en la que se manifiesta la violencia institucional. El abuso en el uso de arma de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, las amenazas a las familias de las víctimas, la falta de investigación judicial y las pruebas plantadas por la Policía son patrones comunes en casos de este tipo. Así lo denunciaron miembros de APDH, organismo que se presentó en calidad de Amicus Curie en algunas de estas causas.  

Por Carina Toso

El tiro que lo alcanzó por la nuca hizo que se desplome en medio del arroyo Ludueña. Ahí murió.

Marcelo Gustavo Lares tenía 20 años.

Había empezado a correr cuando personal de la seccional 20º golpeó la puerta de su casa ubicada en Olavarría al 1200, una zona precaria al borde del arroyo Ludueña, con una orden de allanamiento por el robo de una moto. Al que buscaban era a su hermano, Carlos Lara (usaba su apellido materno). Pero la reacción de Marcelo fue la de huir.

Saltó al patio de un vecino que intentó detenerlo pero no pudo. “Soltame que me quieren agarrar”, le gritó el pibe. A esa altura, los oficiales ya se habían dado cuenta de que se escapaba y lo estaban persiguiendo. Cuando llegó al arroyo intentó cruzarlo a pie. Antes de terminar de dar la voz de alto ya habían disparado una balacera contra el joven. Los vecinos escucharon entre dos y tres disparos. Uno de ellos bastó para terminar con la vida del chico. Era el 6 de junio de 2013.

“Según las declaraciones de los policías imputados, cuando van a levantar el cuerpo del chico dicen que encuentran un arma, una Versa calibre 22. Cuando este arma es peritada, junto con las dos armas de los policías que intervienen, sólo las dos nueve milímetros reglamentarias estaban aptas para disparar. La Versa 22 tenía malísimo estado de conservación y no estaba apta para funcionar. Esto demuestra que el chico no disparó, y terminó con un tiro en la cabeza. Fue prácticamente fusilado”, afirmó Florencia Del Negro, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Rosario.

Horas después los policías volvieron a la casa para seguir el papeleo por el allanamiento. La moto que buscaban no se encontró y tampoco le comunicaron en ese momento a la madre de Lares que su hijo estaba muerto.

A mediados de abril de este año, la APDH intervino en esta causa que se lleva adelante en el Juzgado de Instrucción Nº 14 con la presentación de un Amicus Curiae.  “En este caso, son varias las cuestiones que nos llevan a sospechar que se trata de un caso de violencia institucional en el marco de lo que comúnmente se conoce como gatillo fácil, que tiene como protagonistas a miembros de la Policía de la provincia de Santa Fe”, afirmaron los representantes legales de la Asamblea en la presentación ante la Justicia.

Cuando escapar es la única opción

“Hoy estamos ante una situación en la que los chicos cuando ven un patrullero, hayan hecho algo o no, corren. Eso es porque están acostumbrados a que los agarren y los maten”, expresó Norma Ríos, vicepresidenta de la APDH a nivel nacional.

En los últimos años se viene registrando un aumento en casos de violencia institucional en la provincia de Santa Fe. Según datos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), durante 2014 se produjeron 185 casos de víctimas fatales relacionadas con la aplicación de política represiva del Estado.

Las irregularidades de los casos que llegan a la justicia por hechos relacionados al gatillo fácil se repiten en los distintos juzgados: la única prueba documental con la que se cuenta es la que aportan las fuerzas policiales, las mismas que son imputadas por el hecho que se intenta esclarecer.

“La regla fundamental es que no hay investigación de las fiscalías, se dan las sentencias para los asesinos, que son policías, en función de lo que ellos mismos cuentan. Sabiendo, como todos sabemos, que por el solo hecho de ser policías van a arreglar todo el escenario y la historia. La Policía pasa mucho tiempo sola en el lugar de los hechos sin que intervenga otra fuerza”, agregó Ríos.

El poder de empuñar un arma

A Michel Campero lo mataron por la espalda dos policías que estaban de franco: un comisario inspector, Omar Dal Lago, y su hijo, Omar Jesús Dal Lago.

Según las declaraciones de los imputados, persiguieron al chico porque le había robado una moto al hijo del comisario. Ellos aseguran que, mientras intentaban atraparlo, el joven disparó contra ellos y respondieron del mismo modo. Así es como Michel terminó muerto. En este caso también, tanto la reconstrucción de los hechos como los testimonios, parten de los propios policías. Este hecho ocurrió el 6 de enero de 2014 en Granadero Baigorria.

“Lo que nosotros visualizamos en este caso es que Michel, junto con otro chico, robó la moto de Dal Lago hijo y escaparon. Aparentemente el otro joven, en el raid de fuga, se cayó de la moto y se fugó. Michel siguió. Él tenía un arma, pero era una réplica, un encendedor con forma de pistola. Los policías relataron que les tiraron porque el chico les tira, y lo matan. En realidad es lógico pensar que con un arma de juguete no pudo haber disparado”, razonó Del Negro.

En este caso, la APDH también se presentó en la causa como Amicus Curiae ya que a finales del 2014 la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas dictó el sobreseimiento de ambos policías imputados, por considerar que los efectivos actuaron en legítima defensa. Con su presentación, lo que pide la Asamblea es que se profundice la investigación, ya que consideran que se trató de una ejecución.

Miembros de la APDH recordaron que en la reconstrucción del hecho se encontró un arma nueve milímetros en un charco de agua. “No se sabe de dónde vino el arma y en qué circunstancias terminó ahí. Los policías dijeron que se le cayó al chico que huía. Pero entre la caída del arma, en el supuesto que tuviera intervención en esta causa, y el lugar donde muere Michel hay seis cuadras de distancia. Es decir, que en esas seis cuadras seguramente no hubo disparos de parte de él y en ese momento se le da muerte a Michel”, aclaró la presidenta de la APDH Rosario.

La defensa de los policías alegó que “en definitiva Michel era un delincuente y así terminó, como tienen que terminar los delincuentes”. Terminó muerto, con un disparo que entró por la espalda, le atravesó la clavícula y salió por su pecho.

“Nuestra presentación tiene que ver con que en esta causa observamos un caso de gatillo fácil porque no se puede hablar de enfrentamiento con la policía. Las circunstancias que relatan los imputados no están probadas. No hay impactos en el vehículo con el cual perseguían al chico y no hay testigos que lo vieron disparar. La jueza Rodenas sobreseyó a los imputados, la querella apeló esa decisión a fines del año pasado y por eso nosotros nos presentamos como Amicus Curiae y decimos que es muy pronto para sobreseerlos porque es necesario que se investigue correctamente. Planteamos la obligación del Estado de investigar los hechos en los cuales están implicadas las fuerzas obligadas a hacer cumplir la ley y en el abuso del uso de armas de fuego”, afirmó De Negro.

Más casos de gatillo fácil

La APDH interviene en las causas judiciales de otros dos casos de gatillo fácil. Uno de ellos, como patrocinante legal de la familia de la víctima: Gabriel Riquelme de 20 años asesinado tras una persecución policial que comenzó en Rosario y terminó en Villa Gobernador Gálvez. Ocurrió a principios de marzo de 2014. A pesar que desde la Justicia lo definieron como “una cacería” todavía no hay sentencia. El otro caso es la muerte de Mauricio Gómez de 24 años, que fue ultimado por la Policía en septiembre de 2014 en Casiano Casas al 900.

Gabriel Riquelme era hijo único y ayudaba a su mamá con los gastos de la casa. La madrugada del 3 de marzo del año pasado iba con unos amigos en auto por avenida Belgrano cuando otro vehículo con cuatro policías a bordo comenzó a perseguirlos. Aseguraban que habían intentado robarles. Los oficiales venían de ronda de bares y tragos, según sus propios testimonios. Estaban de franco pero con sus armas reglamentarias.

 La persecución llegó hasta Villa Gobernador Gálvez. En todo el trayecto los policías dispararon al auto de los chicos sin reparo. A pesar de que los imputados aseguran que ellos también recibían disparos de arma de fuego, el vehículo en el que circulaban no tuvo un solo impacto y ninguno de ellos fue herido. La persecución terminó cuando Riquelme recibió un balazo en la cara que lo mató. Los policías dicen haberse enterado al día siguiente del fatal desenlace.

 Los oficiales fueron identificados como Julián L. G, Nelson Iván C. Roberto Antonio P. y Virginia E y pertenecen al Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez. “El relato de la policía mujer dice que estaba en un estado de inconsciencia, iba en el asiento de atrás, que no sabía bien dónde estaba su arma, que se despierta en un momento y la agarra, la saca por la ventanilla y dispara. Después dice que no se enteró qué pasó y que se fue a su casa”, relató Del Negro.

Antes de que los abogados de la APDH tomaran la causa, uno de los policías fue beneficiado con un juicio abreviado, por lo que actualmente son tres los imputados. “Dos de esos imputados son los que disparan y uno el que maneja. Consideramos que todos son responsables del homicidio de Riquelme. Además de que en todo ese trayecto que hicieron a los tiros podrían haber matado a otras personas”, agregó la presidenta de la APDH Rosario.

El pasado 3 de marzo pasado el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de prisión perpetua para los tres policías imputados en esta causa.

Los casos de gatillo fácil son frecuentes en los barrios y zonas más marginadas de la ciudad, donde las alternativas y posibilidades de los pibes se esfuman entre las carencias con las que viven todos los días.

 “Mientras algunos piden más policías para tener más seguridad, esos policías saben perfectamente que pueden cambiar un soldadito por 50 o 100 mil pesos. Lo que nadie dice es que no sólo la comisaría tiene precio, sino que los presuntos delitos también. A los chicos los detienen, les piden plata y si la familia no se la dan, terminan en el IRAR por robo calificado sin haberlo cometido o con un tiro por la espalda”, afirmó Norma Ríos.

 Llegar a conocer qué pasó realmente en estos casos, como en muchos otros, es muy complicado porque el miedo aprieta fuerte. Los barrios tienen ojos, oídos y lengua, pero no alcanza para ir por el camino correcto en las investigaciones. “Si la Justicia pide que sea la misma Policía la que proteja a la familia de alguna víctima o a testigos, nunca vamos a llegar a la verdad porque es esa Policía que los amenaza”, lamentó Sebastián Sancevich, uno de los abogados de la APDH.

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