En la resolución se cuestionan mecanismos aplicados por la Policía para los operativos masivos de saturación. El juez de Control Reinaldi falló parcialmente a favor del planteo de un profesor de Derecho de la UNC, pero no declaró la inconstitucionalidad del Código de Faltas. La resolución completa en PDF.

El juez de Control Gustavo Reinaldi admitió al menos parcialmente un hábeas corpus correctivo preventivo sobre los «operativos de saturación» y sugirió medidas para evitar futuras irregularidades, como el arresto de personas por no tener DNI o las detenciones de un centenar de chicos sin notificar a los juzgados de menores.

El planteo lo había presentado Hugo Seleme, en representación del Programa de Ética y Teoría Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, luego de que el 2 y 3 de mayo pasado se realizaran numerosas razias en distintos barrios de la ciudad, que suscitaron fuertes críticas.

La resolución del juez no declaró la inconstitucionalidad del Código de Faltas -dijo que no corresponde analizarlo en este caso, aunque sí dijo que existe «una innegable necesidad» de reformarlo- ni «ordena» medidas concretas. De todos modos, sí las sugiere y exhorta a la Policía a cumplirlas para no cometer futuras violaciones a los procedimientos legales.

Al analizar el hábeas corpus, el juez recibió información específica de las detenciones producidas en los barrios Argüello, Autódromo, Sol Naciente, San Roque, Villa Urquiza, Villa El Libertador, Müller, Villa El Nylon, San Vicente, Bajo Pueyrredón, Marqués Nexo y Yapeyú.

En total, según la información que recibió el juez, hubo 341 arrestos, sólo 39 por delitos. En ese total, cinco casos se corresponden a menores. Pero en paralelo, Reinaldi constató que hubo otros 104 menores de edad detenidos, sobre los cuales no hubo notificaciones a los juzgados en lo Penal y Juvenil ni tampoco la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Así, el número global, es de 448 detenidos.

Las recomendaciones

Arrestos excepcionales. Se exhorta al jefe de Policía Julio César Suárez a «hacerle conocer a todo el personal» que «la privación de la libertad sólo procede con carácter excepcional y cuando resulte absolutamente necesaria».

CIDH. El juez señaló que las razones de los arrestos «deberán constar expresamente» y que deberá seguirse las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Torres Millacura y otros vs. Argentina” (sentencia del 26 de agosto de 2011)

Derechos del Niño. También se notifica a Suárez que la Policía «deberá disponer lo que resulte necesario» para que «se respeten los derechos y garantías fundamentales de los menores de edad (art. 37 y 40 de la Ley 23.849 –Convención sobre los Derechos del Niño».

Derecho de defensa. El juez también le recomendó al Gobierno que «considere la previsión de mecanismos que aseguren la posibilidad de la defensa técnica de las personas privadas de su libertad en actuaciones contravencionales, desde el primer momento de las actuaciones».

Satisfacción

Seleme, el autor del pedido de hábeas corpus, explicó a La Voz que si bien no se declaró la inconstitucionalidad del Código de Faltas, que era el objetivo de máxima, existe satisfacción por la resolución.

«Se comprobó que hubo una aplicación arbitraria del Código de Faltas» y le ordena a la Policía «seguir ciertos lineamientos en lo sucesivo».

«Es el germen de un protocolo. No se puede detener a personas simplemente porque no tengan documento o se niegue a identificarse.

La detención tiene que ser excepcional. No basta una contravención para detener», dijo.

«Incluso figura en la resolución que la Policía informa la detención de menores durante los procedimientos y no se dio conociomiento a los Juzgados», remarcó.

Además, Seleme remarcó que el juez destacó que «se tiene que garantizar el derecho de defensa desde el momento en que las personas son detenidas».

Rechazo en la Provincia

La novedad del amparo surgió casi en simultáneo del anuncio, por parte del gobernador De la Sota, del programa «Córdoba Segura». En esa instancia, el mandatario dijo que «los derechos humanos que tenemos que proteger, son los de la gente de bien».

El ministro de Gobierno, Walter Saieg, dijo que «estamos en época electoral, donde nos vamos a acostumbrar a que haya denuncias de este tipo».

El jefe de la Policía aseguró que seguirán «trabajando». «La gente necesita la presencia policial porque da tranquilidad», agregó.

«Sabemos que hay que trabajar en las calles, porque la presencia policial disuade (al delincuente) y tranquiliza a los vecinos», remarcó.

Apelación. La Provincia tiene ahora tres días para apelar, pero ese planteo no tendrá efectos suspensivos.

 

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