Los jueces de Ejecución Penal de la provincia, Martín Saravia y Mauricio Pascual, hicieron una denuncia penal por el conflicto con los presos pampeanos que no son recibidos en la U-4.
Los jueces de Ejecución Penal de La Pampa, en una medida que no tendría precedentes, denunciaron penalmente a funcionarios del Servicio Penitenciario Federal por su negativa a alojar en la U-4 a presos pampeanos.
La decisión de los magistrados fue tomada luego de conocer la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictaminó que es competencia del Superior Tribunal de Justicia resolver el conflicto por el no otorgamiento de plazas, a partir de un hábeas corpus presentado por el defensor general de la Provincia, Eduardo Aguirre.
De acuerdo a lo informado por fuentes confiables, los jueces de Ejecución Penal de la Primera y Segunda Circunscripción Judicial, Martín Saravia y Mauricio Pascual, denunciaron al director del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco; al director nacional del Régimen Correccional, Walter Flores; y al exdirector de la Unidad Penitenciaria Nº 4 Sergio Escalada.
Consideran en la presentación que los funcionarios del SPF incurrieron presuntamente en “las situaciones típicas de los delitos de desobediencia; abuso de autoridad; omisión de los deberes de oficio y/o denegación de auxilio”.
Señalaron que, actualmente, 120 personas con condenas firmes dictadas por la Justicia pampeana se encuentran cumpliendo “de manera ilegal” su pena en unidades policiales y judiciales provinciales, y que están “hacinadas y en condiciones infrahumanas”. Sostuvieron que esto se debe a “la acción y/u omisión” de Blanco, Flores y Escalada en el cumplimiento de sus funciones, dado que los tres tienen “capacidad de decidir”.
También los magistrados pampeanos responsabilizan al Servicio Penitenciario Federal por llevar al Estado pampeano a una “situación de colapso de los lugares de encierro”, lo que imposibilita alojar a personas en cualquier situación procesal.
Igualmente, aclararon que existen responsabilidades compartidas en esta problemática, con participación de ellos mismos y de otras autoridades judiciales, policiales y provinciales.
De todas formas, indicaron que la diferencia en el rol de cada uno radica en que los denunciados actuaron “desobedecido órdenes judiciales legalmente impartidas”, dando “órdenes contrarias a la ley”, omitiendo “deberes de su oficio” y denegando “el auxilio requerido por parte de las autoridades policiales y provinciales”.
Incumplimientos
En la denuncia, Saravia y Pascual hicieron un resumen de las idas y vueltas que la Justicia pampeana tuvo con los funcionarios del SPF, quienes, en reiteradas oportunidades, se negaron a cumplir las pautas establecidas en el acuerdo al que arribó el Gobierno Nacional con la provincia en el año 2007.
En ese momento, La Pampa se comprometió a erogar unos diez millones de pesos para ampliar la Unidad 4 de Santa Rosa, a cambio de que se garanticen 180 plazas para detenidos pampeanos, cifra que aumentaría a 300 una vez finalizadas las obras. Esto contemplaba el alojamiento tanto de condenados como de procesados.
Sostuvieron los jueces que “ninguno de los dos cupos se respetaron, pese a que, en reiteradas oportunidades, se les informó de la situación de hacinamiento de los presos locales en comisarías y alcaidías”.
Descartaron como válido el pretexto de los funcionarios sobre la falta de plazas en la Colonia Penal, ya que en inspecciones realizadas este año por el propio Saravia, a raíz de la muerte de un interno pampeano, se comprobó que había celdas disponibles. Inclusive recordaron que en esa oportunidad se detectó que figuraban como detenidos en el lugar reos que ya no estaban en esa unidad. El presunto error fue reconocido por el director actual, el prefecto Figueredo.
Asimismo, señalaron las diferencias en el acatamiento de las legislaciones, dictámenes y pedidos, según provinieran de la Justicia Provincial o la Justicia Federal.
Ejemplificaron esto con el caso de detenidos pampeanos que afrontan procesos por causas federales, como el comercio de estupefacientes, para quienes pareciera que sí hay lugar en la Colonia Penal, ya que son recibidos.
Por último, hicieron hincapié en la falta de cumplimiento a los diferentes dictámenes emitidos por organismos judiciales pampeanos, como el TIP, ordenando el alojamiento de detenidos de La Pampa, condenados y procesados.
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