– Con una amplia concurrencia se desarrolló la jornada “Hacia una Ley Penal Procesal de Niños y Adolescentes; análisis y debate del Anteproyecto Legislativo aprobado por Acuerdo General 07/15 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos • Magistrados y funcionarios defendieron la iniciativa que ya fue ingresada al Senado

La jornada fue organizada conjuntamente por el Instituto de Derecho de la Niñez y Adolescencia y el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del C.A.E.R y tuvo lugar este miércoles en el Auditorio Lucio Dato del Colegio de Abogados de Paraná.

El Dr. Enrique Martínez dio inicio a la jornada refiriéndose a las funciones del Colegio de Abogados. En tal sentido manifestó que, “la primera función es velar, observar, analizar críticamente toda la legislación que se propone y la legislación vigente  para que se adecue, para que sea coherente con un Estado constitucional de derecho, y la otra función que cumple el Colegio es la formación y capacitación de sus matriculados, fundamentalmente a través de sus institutos. Tenemos un instituto por cada materia que compone el derecho vigente.”

Cottonaro manifestó su satisfacción por la amplia concurrencia a la jornada, “eso demuestra el interés que despiertan estas temáticas, tenemos la presencia de funcionarios y empleados del Poder Judicial, personal del Organismo de Protección de la Provincia de Entre Ríos y colegas que ejercen de manera particular. Están presentes profesionales de Concordia, de Villaguay, de Nogoyá, de La Paz, es decir, que es un tema que despertó interés provincial. Además, debemos resaltar que es la primera vez que se exponen los lineamientos de este Anteproyecto”, concluyó.

“Este código es en defensa de los jóvenes, en ese sentido tenemos que interpretar cuál es su función, no es para atrapar jóvenes, es para defenderlos, para darles la dignidad que les corresponde y éste es nuestro compromiso”, señaló Marciano Martínez en sus palabras de apertura.

La doctora Marcela Davitte explicó que el disparador de la elaboración de este Anteproyecto fue “la falta de régimen legal que respalde nuestras prácticas de acuerdo a lo que ya está regulado en la convenciones internaciones, por eso se trató de adecuar la legislación procesal, que es lo único que se puede hacer a nivel provincial, a lo dispuesto en la Constitución y en la Convención Internacional de los Derechos del Niño.”

Por su parte, Barbirotto tal como ya lo había manifestado a esta Agencia, especificó que, “este Anteproyecto propicia un proceso penal con un juez, un fiscal, un defensor donde se demuestre si el chico fue autor o no del hecho para declarar su responsabilidad, no para ponerle penas porque el chico es no punible,  pero sí es procesable. Sin el proceso penal se le quita todo los tipo de garantías que al chico le corresponde.”

Y agregó: “En caso de que se llegue  a la responsabilidad del chico, el Equipo Técnico trabajará en las implicancias subjetivas que es lo que lo diferencia del proceso penal del adulto, es decir, que el chico puede ensayar una respuesta de por qué hizo esto o buscar un medio alternativo de reparación, sin poner pena.”

En un mismo sentido, la Lic. Luciana Sarmiento observó la importancia del proceso penal para los no punibles —14 y 15 años— en aquellos casos de delitos graves. “La falta de derecho a la procesabilidad lo que hace es condenar a los adolescentes a un lugar de objeto porque no se le da lugar a su palabra y si falta esa palabra tampoco se puede trabajar la responsabilidad subjetiva en ellos.”

“Para acompañar este proceso, el Copnaf deberá modificar la estructura tutelar de los dispositivos y sus prácticas, lo cual implica un camino mucho más largo que una ley. Y para ello va  a resultar necesaria la capacitación parmente de todos los operadores del sistema para  modificar esa cultura tutelar que abarca cualquier profesión y cualquier rol dentro del Organismo y adaptarla al paradigma de protección integral de derechos”, advirtió el Dr. Valente en su rol de Asesor Técnico del Copnaf.

Así también, la licenciada Felicitas Izaguirre explicó cuál será el rol del Equipo Técnico del Juzgado Penal de Niños y Adolescentes en el nuevo proceso y cuáles las posibles medidas a tomar. “Las medidas a tomar son primordialmente socioeducativas, inclusivas,  que en realidad pueden ser disculpas a la víctima, incorporación a distintos ámbitos educativos, escuelas, talleres de capacitación, etc. Asimismo, por ejemplo, puede hacerse alguna previsión de que el chico no se acerque al lugar, a la víctima o al barrio” especificó Izaguirre.

La jornada contó con la participación de integrantes de la Comisión Redactora del mencionado Anteproyecto. En este sentido, tomaron la palabra el Dr. Pablo Barbirotto, Defensor de Pobres y Menores N° 8; la Dra. Marcela Davitte, Vocal de la Cámara de Casación Penal; el Dr. Horacio Valente, Asesor Técnico del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y la Familia — Copnaf; e integrantes del Equipo Técnico del Juzgado Penal de Niños y Adolescentes, las Lic. en Psicología Felicitas Izaguirre y Luciana Sarmiento y la Lic. en Trabajo Social Silvia Ermácora.

A su vez, se hicieron presentes el Dr. Enrique Martínez, Presidente del CAER, el Dr. Daniel Cottonaro, Director del Instituto de Derecho de la Niñez y Adolescencia y el Dr. Marciano Martínez Director del Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, quienes tuvieron a cargo las palabras de apertura. (APFDigital)

 

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