COMUNICADO DE PRENSA
En relación a las múltiples e inexactitudes referidas a la situación de mi defendido Julio C. Antueque, hago saber que en la fecha he expresado los agravios ante la Cámara de Apelaciones –Sala B- respecto de la resolución del Juez de Instrucción nº 2 (Dr. Favio Igoldi), que denegó la excarcelación, confiando que dicho organismo se pronunciará en los próximos días en igual sentido que la decisión recaída sobre Juan A. Bernardi.
Que la demora obedeció a que el suscripto esperó para solicitar la excarcelación a que se produjera toda la prueba restante, a los fines de rebatir el párrafo de auto de procesamiento que justificaba la prisión preventiva diciendo: “ aparece latente -y altamente probable- la posibilidad de que los prevenidos intenten influir sobre el testimonio de la víctima o testigos”
Debo reconocer que perdimos días, ya que el Instructor no tiene interés alguno en hacer justicia y violando el principio rector de imparcialidad que le impone la ley procesal, desechó, sin más, nuestro fundado pedido, que confiamos ha de ser atendido por la Cámara.
Sin embargo no puedo ocultar el enojo y abatimiento que me produce la situación en que tangencialmente me encuentro, observando el daño irreparable que se le ha hecho a los imputados, a la administración de justicia, a la credibilidad de la ciudadanía, ya que se esta usando a este pequeño grupo de personas para presionar a los jueces sustitutos cuya trayectoria y conducta es intachable.
Entiendo que han sido mal informados desde el principio por quienes los atendieron, ya que sin conocer el expediente, cargan las tintas sobre el juez Bernardi (e indirectamente sobre mi cliente) porque es la carne que les tiraron y se olvidan que hay otras causas con varios implicados que comenzaron hace casi un año y que no avanza al ritmo que sería deseable para satisfacer esas expectativas.
Ya he dicho antes, que la lamentable situación de vulnerabilidad social y calamidad familiar de algunos menores que se prolonga en el tiempo por inhabilidad y negligencia de los distintos órganos y funcionarios del Estado (las causas civiles sobre la protección de las menores datan de 2011 y 2012), algunos de ellos son los que les dan “pescado podrido” a este grupo de personas, que obviamente se sienten decepcionados cuando observan que se les ha mentido.
Pero toda la benevolencia que podemos tener por este grupo de gente preocupada aunque no acierte con el camino de su reclamo, no es extensible a las actuales autoridades de SITRAJUR.
En efecto estos patoteros seriales, que hace 20 días decían que era una extorsión que un preso ejerza su derecho con el patrocinio de un colegiado local de denunciar la privación ilegal de la libertad y que dejen trabajar a los jueces tranquilos, hoy como no les gusto el fallo, repudian a los jueces, en un acto que extralimita ampliamente sus funciones especificas.
Como empleados judiciales que conocen el procedimiento, están incurriendo en actos prohibidos por el Reglamento Judicial, ya que en una cuestión esencialmente jurídica, se conducen en forma indecorosa, causando desórdenes públicos, afectando el prestigio de la administración de Justicia e incurriendo en graves alteraciones de conducta.
Es por ello que en nombre de la mayoría silenciosa que observa estupefactos estos ataques, quiero solidarizarme con quienes tienen la trascendente misión de no ceder a la presiones de cualquier tipo y a manifestar como ya dije en algún escrito que de este desastre institucional no han de surgir enseñanzas ni vencedores.
