Es muy difícil establecer responsabilidades, cuando se trata de evaluar la calidad del servicio de justicia que tenemos en el país. Desde la formación ofrecida por nuestras universidades, tanto en los cursos de pre-grado, como en los de posgrado, pasando por el sistema de selección de candidatos a ocupar cargos en la Administración de Justicia, por el Consejo de la Magistratura, las designaciones efectuadas por la Corte Suprema de Justicia, y finalmente, por el sistema de control disciplinario de Jueces y Magistrados, a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, las falencias son notables, e inciden decididamente en la consolidación de un esquema, cuando menos ineficiente, desde el punto de vista académico, ético y moral.-

Hace un par de días, el Dr. Mario Juliano, Juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea (Provincia de Buenos Aires), y presidente de la Asociación Pensamiento Penal, señalaba; “…Si no cambia la mentalidad del juez, no va a ser grande el avance…”, haciendo referencia a la próxima vigencia de un nuevo Código Procesal Penal en el vecino país (Diario digital Contexto, 13/06/2015).-

Paraguay es testimonio claro de que Juliano tiene toda la razón. En nuestro país se ha cambiado radicalmente el sistema de enjuiciamiento penal, mediante la puesta en vigencia del Código Procesal Penal del año 1998, y la reestructuración del Ministerio Público, con la aprobación de la Ley 1562, del año 2000. Pero, habiendo transcurrido cerca de quince años de implementación del nuevo modelo, los mismos vicios del anterior, siguen vigentes.-

La mora judicial, privilegiada por las modificaciones legislativas introducidas desde el Congreso, por la presión ejercida por la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, han desnaturalizado el procedimiento, en directo perjuicio de los litigantes (tanto la víctima, como el procesado), y la sociedad toda.-

La debilidad moral y la ausencia de valores éticos de los administradores de justicia, completan el desolador cuadro, constituyéndose en ingredientes sustanciales de un sistema ineficiente, ineficaz y para colmo, corrupto.-

Se han modernizado las leyes, se han modificado las estructuras de las Instituciones encargadas de administrar justicia (Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de la Defensa Pública), pero la mentalidad es la misma.-

Cuando se anunciaba la vigencia del nuevo sistema, nos ilusionamos con la idea de que los papeles serían sustituidos por la palabra. Que los expedientes voluminosos desaparecerían definitivamente y todo quedaría reducido a un debate verbal administrado por un Juez, que resolvería las cuestiones litigiosas, oralmente y de manera inmediata, tal como manda el Código.-

Pero, nada de esto ha ocurrido, seguimos acumulando papel sobre papel, al punto que un caso es más o menos importante según su grosor o la cantidad de volúmenes que ha logrado alcanzar.-

La única diferencia que puede advertirse es el intercambio de roles entre Jueces y Fiscales. Antes, aquellos eran los que marcaban el ritmo del proceso y los representantes del Ministerio Público cumplían un papel secundario al servicio de los Jueces.-

Hoy, son los Fiscales quienes han adquirido un protagonismo nocivo e irregular, convirtiendo a los Jueces en meros instrumentos de sus caprichos y exabruptos.-

El espíritu y la mentalidad autoritaria, e inquisitiva, se mantiene intacta, pues basta que algún Fiscal solicite cualquier medida, por más inconstitucional, ilegal o irracional que resulte, para que algún Juez, y con mayor razón si carece de atributos morales, intelectuales y académicos, concurra presuroso a complacer el pedido.-

Acusaciones sin fundamentos sólidos que justifiquen la apertura de un Juicio Oral y Público, pedidos de prisión por hechos punibles calificados como delitos, pasan sin mayores inconvenientes el “filtro” que los Juzgados Penales de Garantías debieran imponer.-

Esta es la causa principal de que nuestras cárceles registren un 60% de presos sin condena, y los Tribunales de Sentencia tengan saturados sus calendarios de audiencias.-

La lógica perversa de que todo procesado debe ser sometido a Juicio Oral, y que todo Juicio debe concluir con condena, es – nada más – que la manifestación clara de que el espíritu o mentalidad inquisitiva goza de buena salud, a pesar del cambio de leyes y estructuras institucionales producidos en nuestro país.-

El fantasma de  la inquisición debilita las bases mismas del sistema republicano, ataca la presunción de inocencia y la garantía del Juez tercero, extraño a los intereses en conflicto, imparcial, imparcial e independiente.-

Ya no aplica aquello de que “quien tiene al Juez como Fiscal, precisa a Dios como defensor”, pues ha sido sustituido por una figura perversa, e igualmente dañina: Juez y Fiscal asociados, o mejor, el primero condicionado por el segundo, aunque con el mismo resultado.-

Revertir este estado de cosas será tarea compleja, la mentalidad autoritaria e inquisitiva debe desterrarse de las aulas universitarias, y combatirse desde el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Pero el proceso de cambio, debe iniciarse precisamente en estos. Mientras tanto, la Justicia seguirá postergada, manoseada y mercantilizada, para desgracia de nuestra sociedad.-

JORGE RUBÉN VASCONSELLOS