Ernesto Pazmiño, defensor público general, solicitó formalmente al presidente de la República, Rafael Correa, que en su potestad de indultar o rebajar penas por razones humanitarias, genere una Conmutación Papal de la Pena de un año para todas las personas privadas de la libertad que han sido condenadas hasta el 31 de diciembre de 2015, indiferentemente del tipo de delito y de la cantidad de años que recibieran.
El pedido se hace en el marco de la visita del papa Francisco a Ecuador, que inicia el próximo domingo 5 de julio, tomando en cuenta que «es un momento de reflexión para las naciones, en el que se acostumbra a realizar este tipo de acciones». En el oficio enviado al Primer Mandatario, el Defensor Público expresa «su más sincera felicidad por la visita del Santo Padre, con lo cual se renuevan nuestros sentimientos de cristiandad en todas las interacciones sociales y de la vida pública».
Destaca que la Defensoría «patrocina jurídicamente las causas de miles de personas sometidas al sistema penal, involucrándose también con el padecimiento que significa el castigo, el cual no solo se genera sobre quienes han cometido un delito, sino también sobre sus familias».
En el año 2000, por la declaración de Año jubilar del Papa Juan Pablo II, el Congreso Nacional ecuatoriano concedió dos años de rebaja para todos(as) los privados de libertad de ese entonces, recuerda la Defensoría en un comunicado.
Además, añade, esta solicitud se sustenta en la carta enviada el 30 de mayo de 2014, por el papa Francisco, a la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (Alpec), de la cual el Defensor Público General es miembro. En dicha misiva el Pontífice expone su visión de la penalidad y que al respecto dice: «En nuestras sociedades tendemos a pensar que los delitos se resuelven cuando se atrapa y condena al delincuente, pasando de largo ante los daños cometidos o sin prestar suficiente atención a la situación en que quedan las víctimas. Pero sería un error identificar la reparación solo con el castigo, confundir la justicia con la venganza, lo que solo contribuiría a incrementar la violencia, aunque esté institucionalizada. La experiencia nos dice que el aumento y endurecimiento de las penas con frecuencia no resuelve los problemas sociales, ni logra disminuir los índices de delincuencia»
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