La jueza de Control, Florencia Maza, dispuso este viernes que Marianela Becerra sea desalojada por la fuerza policial de la casa que ocupó con sus dos niños. La magistrada prefirió no atender los reclamos de las defensorías, que pidieron que se privilegie el interés de los niños involucrados y solicitaron una prórroga hasta que se le consiga un techo a través de los organismos del estado.
Maza privilegió la propiedad privada y determinó que el desalojo sea “inmediato”. Se basó en la petición del fiscal Fernando Fassina, que formuló un alegato con marcado discurso de mano dura en contra del proceder de la joven mujer. «No sé qué voy a hacer, no me dieron solución y tendré que volver a hacer lo mismo o algo peor. Ayuda no me dan. Esos 800 pesos son una mentira», dijo Marianela en referencia al subsidio municipal prometido por tres meses. «La jueza es muy inhumana; entiende a la persona que tiene inmuebles por todos lados, pero no a mí», lamentó la mujer. “La Justicia de La Pampa no sirve. Te podés morir como un perro y te van a dejar ahí, te van a patear en el piso. Pedía un techo digno para mis hijos, nada más”.
El defensor de la Niñez Juan Pablo Meaca dijo que el fallo de Maza «no está mirando la realidad; los chicos quedan en la calle». El funcionario insistió en que el IPAV tiene un absoluto descontrol por las viviendas que se otorgan con objetivos sociales. «El IPAV tiene que controlar, porque son viviendas que tienen un objetivo social», insistió. Y pidió al Estado «el mismo rigor para cuidar los derechos de los chicos».
Referentes de organizaciones no gubernamentales, como Mujeres Autoconvocadas, estuvieron en el lugar y lucieron su indignación. Hubo abrazos y lágrimas.
Sin prórroga
La audiencia para reexaminar el caso se realizó a las 8.30 horas porque este viernes se venció el plazo de 5 días que le había dado la jueza a Becerra para desalojar la vivienda que ocupó junto a sus dos niños. El defensor oficial, Pablo De Biasi, pidió una nueva prórroga para dar tiempo a la búsqueda de una solución habitacional para la mujer por parte del municipio y la Defensoría de la Niñez. Y mencionó que el 24 de abril de este año un vecino ya había denunciado que la casa estaba deshabitada y que el resto de los testimonios recogidos en el barrio apuntaban lo mismo. «La función del Estado es asegurar habitabilidad a los niños», advirtió.
El defensor de la Niñez, Juan Pablo Meaca, no hizo uso de la palabra pero se remitió al informe en el cual también solicitó una nueva prórroga y consignó que las asistentes sociales de su repartición comprobaron que en la vivienda no había evidencias de que estuviese habitada con anterioridad al ingreso de Becerra.
Sin embargo, el fiscal Fernando Fassina se opuso “tajantemente”. Acompañado por la titular de la vivienda, María Inés Guardia, que acudió a la audiencia junto a su hijo, el funcionario judicial usó términos muy duros. “Las dilaciones que el defensor ha relatado respecto de los trámites para que la señora tenga un techo digno, no le corresponden soportarlos a esta parte, que es víctima del delito de usurpación», dijo.
Dijo que la docente da clases en seis colegios y que por eso no tenía tiempo de estar en su casa, la que solamente usaba para dormir y, a veces, para ir a comer. Y añadió que Becera forzó la puerta de acceso aprovechando que ella había viajado a Córdoba para alquilar un departamento para el hijo, que estudia en esa ciudad. “Convalidar el despojo sería poner a la víctima en una situación parecida. Y yo le aconsejaría que espíe la casa de cualquiera de nosotros para meterse cuando la dejemos vacía. Ella se tiene que ir de acá con un techo, y sino le tiene que pagar un hotel. Tiene la suerte de poder estar con sus padres pero sufrió un despojo”, alertó.
La jueza, lapidaria
Después de un cuarto intermedio de diez minutos analizar la situación, la jueza regresó a la sala y leyó un extenso escrito -quedó flotando la sensación de que estaba preparado de antemano- en la que resolvió, en forma lapidaria, que la policía realice el desalojo este mismo viernes. En primer lugar, consideró que no quedó probado que la adjudicataria no vivía en la casa y sí dio por acreditado que solo se ausentó unos días para viajar a Córdoba. También dijo que en el Ipav le informaron que no hay constancias de que Becerra se haya inscripto hace tres años, a pesar de que la mujer mostró los comprobantes de ese trámite.
Luego la jueza argumentó que el municipio le informó Becerra “rechazó la propuesta” que le había ofrecido el municipio, de pagarle un alquiler durante tres meses -no mencionó en ningún momento que el subsidio es apenas de 800 pesos- y brindarle asistencia alimenticia a sus niños.
“El caracter social no implica que las viviendas puedan ser tomadas por la fuerza. No se corroboró que la casa esté desocupada, pero si fuera así, el Ipav debería recuperarla y se la da a quién corresponde. Si no sería un beneficio injusto para quien toma por la fuerza una vivienda”, argumentó.
La magistrada planteó que “no se justifica” la ocupación de la vivienda y repitió que Becerra “se rehusa a recibir ayuda”.
Por otra parte, sostuvo que “es irrelevante que esté desocupada, se configura el delito y se castiga el despojo más allá de que esté deshabitada”.
“En la puja de dos derechos, debe prevalecer el de Gaurdia. De lo contrario, se generaría otra problemática habitacional”, especuló.
Maza reconoció que si bien la situación de Becerra “genera sentimientos de compasión”, la solución “debe canalizarse por los canales administrativos del estado” porque “su permanencia en esa casa generaría un caos que debemos evitar”.
Finalmente, la jueza resaltó la “no voluntad” de la mujer de abandonar la vivienda. “Se niega a ello de manera caprichosa”, dijo, y le imputó tener “una actitud hostil” por rechazar la “ayuda” que se le brindaba desde el municipio.
Por esas razones, autorizó a fiscal Fazzina a ordenar la “expulsión” de la familia ocupante a través de la Seccional Primera de Policía, en horario diurno de este viernes, y la inmediata restitución a la titular de la vivienda.
El caso
Marianela Becerra, es una joven madre que ocupó una vivienda del IPAV que estaba deshabitada porque -pese a ser una casa de un plan social- su adjudicataria no la utilizaba.
La chica se instaló junto a dos criaturas en la casa de la calle María del Carmen Campos, en el barrio Nelson Mandela. Después de que la jueza accediera a suspender el desalojo por el plazo de cinco días, la única solución oficial que se ofreció fue un subsidio municipal de 800 pesos durante 3 meses. Marianela está anotada hace 3 años para que le adjudiquen una casa del IPAV. Antes, vivía en una vivienda prestada en la calle General Acha.
En la nota enviada en las horas previas a la audiencia a la jueza Florencia Maza, el defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia solicitó formalmente la suspensión del desalojo de los niños que son hijos de Marianela Becerra. Pero además aseveró que el IPAV debe mejorar sus controles, porque una casa que corresponde a un plan social “no puede ser mirados como propiedad privada, sino colectiva y social”.
«Acuerdo y negociación»
Después de conocida la orden de la jueza, Meaca le dijo a El Diario que es necesario rechazar el uso de la fuerza policial para resolver este tipo de casos, en los que se conculcan derechos de niños. «Hay que buscar acuerdos y negociación. Pedíamos una prórroga. Así hay una destrucción de los derechos de los chicos», subrayó.
El funcionario judicial confió que intentará hablar con el municipio y con Bienestar Social para acelerar una solución para Becerra.
«La justicia tiene que adecuarse a la realidad social. Esta familia en un rato se queda en la calle. Tienen que controlar a los funcionarios que otorgan mal las viviendas porque terminamos haciendo mella sobre los débiles», advirtió. «Al Ipav le lleva doce años recuperar una vivienda mal adjudicada y cuando son ocupadas las desocupan en cinco días», cerró.
