ara el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Leonado Villalva, están dadas las condiciones «mínimas» de de habitalidad. En el último año, los jueces provinciales ya le hicieron cinco planteos para que intervenga para mejorar la situación.
El hacinamiento y la superpoblación de presos en las alcaidías y comisarías de la provincia desembocó en un nuevo contrapunto enter los jueces provinciales y el ministro de Gobierno, Seguridad, y Justicia, Leonardo Villalva. “La situación se sigue agravando”, afirmó el juez de Ejecución Penal, Martín Saravia, que viene planteando el problema desde el año pasado y ahora envió una nueva nota al funcionario provincial reclamando respuestas. El ministro le salió al cruce: aseguró que la autoridades policiales le informaron que no existe peligro de fuga y que las condiciones “mínimas” de habitalidad en las dependencias policiales están garantizadas.
La superpoblación de detenidos en las comisarías se ha profundizado en los últimos años porque el Servicio Penitenciario Federal no cumple con un convenio que firmó con la provincia en el año 2007 para garantizarle 300 plazas para condenados pampeanos en la Colonia Penal, Unidad 4. En ese sentido, los jueces Saravia y Mariano Pascual impulsaron una denuncia penal hace dos meses en el Juzgado Federal contra el director del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco; al director nacional del Régimen Correccional, Walter Flores; y al exdirector de la Unidad Penitenciaria Nº 4 Sergio Escalada.
Sin embargo, desde el año pasado los jueces ya reclamaron en cinco oportunidades a la provincia que se haga cargo de la situación acuciante que se vive en comisarías y alcaidías, donde conviven detenidos y condenados en condiciones, no solo de hacinamiento, sino de ilegalidad. “Por las trabas que pone el Servicio Penitenciarios, se nos han llenado los lugares que tenemos en La Pampa, que no son lugares habilitados para condenados. Tener personas condenadas en esos lugares es ilegal, no se cuple con nada de lo que es la ley de ejecución”, remarcó el funcionario judicial.
Cada vez peor
“Desde hace aproximadamente dos años se viene agravando cada vez más la situación. El hacinamiento se produjo originalmene en la Alcaidía pero ya se está produciendo en todas las comisarías. La situacion se sigue agravando”, declaró el juez Saravia en el noticiero de la CPE. “La propia policia envía oficios permanentemente anunciando que hay riesgos de evasión porque hay gente durmiendo en la cocina, el comedor y oficinas donde normalmene se hace trabajo adeministrativo en la Alcaidía”, añadió.
El juez planteó que “si se respetara el convenio que firmó la provincia con el Servicio Penitenciario no tendríamos ninguno de estos problemas”. Según las autoridades judiciales, hay 120 condenados pampeanos alojados en las alcaidías y comisarías, que deberían cumplir su pena en el establecimiento carcelario.
Cabe recordar que la provincia financió la construcción de un pabellón en la U.4 a cambio de que, a partir de ese momento, se le otorgaran 300 plazas para condenados pampeanos. El SPF nunca cumplió. Y el año pasado puso como excusa que fue obligado por un fallo judicial a repatriar 73 presos pampeanos que había trasladado a penales de otras provincias.
“Hoy tenemos 260 condenados en total. Si tuviéramos a todos los condenados en la Unidad 4 no tendríamos este problema. Tendríamos margen en las alcaidías”, alertó Saravia. “”Hoy en día no hay más excusas. Es una demostración de poder. Por eso hicimos la denuncia penal. Consideramos claramente que están cometiendo delitos. No cumplen con las órdenes y no contestan los oficios, tenemos más de 200 oficios sin contestar”, completó.
Los jueces de Ejecución Penal habían hecho un primer reclamo al gobierno provincial por la superpoblación en las comisarías el 4 de setiembre del año pasado. No tuvieron respuesta. Insistieron el 27 de octubre de ese año exigiendo mejoras en la capacidad edilicia y las condiciones de detención. Y luego el 11 de noviembre presentaron otra nota, con el mismo tono, porque la cantidad de personas alojadas “sigue en permanente aumento” y la salubridad e higiene de las celdas era negativa.
Este año repitieron el mismo reclamo el 25 de febrero. Y la semana pasada volvieron a presentarle una nota al ministro.
“Condiciones mínimas”
Por su parte, el ministro Leonardo Villalva, ayer respondió que, a partir de la nota de Saravia, pidió un informe a la Alcaidía de Santa Rosa y a la Unidad Regional I de Policía para conocer la situación.
“En este último tiempo la unidad penitenciaria tiene mejores prespectivas a los fines de poder hacer un ingreso gradual de los condenados que están en alcaidías y comisarías. Más allá de eso entiendo que se cumplen las condiciones mínimas de habitalidad de los detenidos y y no hay peligros de fuga, según el informe que me remitieron, siempre dentro de nuestro marco y conforme a nuestras limitaciones”, declaró al noticiero.
Villalva confió que “nos manifiestan también las autoridades penitenciarias que, a partir de cumplimiento de la repatriación (de presos pampeanos) para cumplir sus derechos y garantías, se generó una administración que no está permitiendo el ingreso de nuestros condenados”.
“Sé que en este último tiempo empezaron progresivamente a tratar de lograr la mayor cantidad de ingresos. Hace poco me reuní con el jefe de la Unidad 4, me dijo que tuvieron que hacer algunas refacciones, por algunos amparos de la justicia federal respecto a las condiciones de alojamiento de los condenados, y eso también obligó, en un marco coyuntural, a refaccionar y tener menos cupo”, alegó.
“Esperamos prontamente y a partir de algunas conversaciones que venimos sosteniendo, que progresivamente se vaya permitiendo el ingreso de nuestros condenados a la unidad penitenciaria”, concluyó.
Convenio incumplido
Los jueces pampeanos han tenido varias idas y vueltas con los funcionarios del SPF, quienes, en reiteradas oportunidades, se negaron a cumplir las pautas establecidas en el acuerdo al que arribó el Gobierno Nacional con la provincia en el año 2007.
En ese momento, La Pampa se comprometió a erogar 10 millones de pesos para ampliar la Unidad 4 de Santa Rosa, a cambio de que se garanticen 180 plazas para detenidos pampeanos, cifra que aumentaría a 300 una vez finalizadas las obras. Esto contemplaba el alojamiento tanto de condenados como de procesados.
Esos cupos no se respetaron pese a que, en reiteradas oportunidades, se les informó de la situación de hacinamiento de los presos locales en comisarías y alcaidías.
En la denuncia de hace unpar de meses, los jueces descartaron como válido el pretexto de los funcionarios sobre la falta de plazas en la Colonia Penal, ya que en inspecciones realizadas este año por el propio Saravia, a raíz de la muerte de un interno pampeano, se comprobó que había celdas disponibles. Inclusive recordaron que en esa oportunidad se detectó que figuraban como detenidos en el lugar reos que ya no estaban en esa unidad. El presunto error fue reconocido por el director actual, el prefecto Figueredo.
Asimismo, señalaron las diferencias en el acatamiento de las legislaciones, dictámenes y pedidos, según provinieran de la Justicia Provincial o la Justicia Federal. Ejemplificaron esto con el caso de detenidos pampeanos que afrontan procesos por causas federales, como el comercio de estupefacientes, para quienes pareciera que sí hay lugar en la Colonia Penal, ya que son recibidos.
Por último, hicieron hincapié en la falta de cumplimiento a los diferentes dictámenes emitidos por organismos judiciales pampeanos, como el TIP, ordenando el alojamiento de detenidos de La Pampa, condenados y procesados.
http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/108-portada/terciario/2660-contrapunto-entre-los-jueces-y-villalva-por-el-hacinamiento-de-presos-en-alcaidias-y-comisarias
