NEUQUÉN (AN).- A poco más de un año y medio de la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, el ministro de Seguridad Gabriel Gastaminza realizó un balance positivo de la interacción entre fiscales y policías pero llamó a unificar criterios de política criminal y cargó contra la justicia al señalar que las leyes deben interpretarse «también teniendo en cuenta la realidad social que estamos viviendo».
Gastaminza advirtió que de la mano del nuevo código «hemos aprendido a trabajar mucho más coordinadamente policías y fiscales», pero advirtió que «por más bueno que sea un código mucho depende del criterio de quienes lo aplican».
En diálogo con «Río Negro» el ministro reveló que «le hemos propuesto al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) trabajar en políticas públicas donde los tres poderes del Estado podamos unificar criterios sobre cuál es la política criminal que se persigue».
Si bien se mostró respetuoso de la independencia de los magistrados y aclaró que toda interpretación debe estar guiada por los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también señaló que «han pasado situaciones en las que no siempre se coincide con el criterio que han adoptado los magistrados».
«No siempre es valorado»
Y explicó que «la policía genera todo un trabajo de persecución y esclarecimiento de situaciones que no siempre es valorado adecuadamente por algunos magistrados».
En ese sentido enfatizó que «por más esfuerzos que haga la policía por pacificar una zona, arriesgando la vida en situaciones de mucha violencia, si tarda más el policía en salir del hospital que lo que el delincuente en recuperar la libertad le estamos dando un mensaje equivocado a la sociedad».
Gastaminza aseguró que «al interpretar la ley todos tenemos que tener un criterio de responsabilidad institucional, de lógica, de sentido común y de realidad social».
Y es por esto que destacó que «tenemos que tirar todos para el mismo lado, que es el lado de la justicia, de la correcta interpretación de la ley a la luz de los principios constitucionales pero también teniendo en cuenta la responsabilidad institucional y la realidad social en la que estamos viviendo».
Para el ministro es una responsabilidad de los responsables de los tres poderes que haya una política de persecución criminal clara, dado que indicó que «el combate del delito nos tiene que encontrar mucho más unidos y con criterios compartidos».
Gastaminza advirtió que «el Poder Ejecutivo no quiere con esto influenciar al Poder Judicial. Es un planteo más profundo de coherencia y criterios compartidos, que tampoco pasa por actuar demagógicamente ante lo que puede pedir la sociedad, sino por trabajar reconociendo que los derechos de las víctimas son tan importantes como los derechos de los imputados».
El nuevo Código de Procedimiento Penal se puso en marcha el 14 de enero de 2014 y puso un punto de inflexión en el trabajo judicial donde se dio protagonismo investigativo a los fiscales.
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